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Dos presuntos delincuentes murieron ayer y 45 personas fueron detenidas en un operativo policial en Río de Janeiro para controlar una disputa territorial entre narcotraficantes, que derivó en la quema de una decena de autobuses y sembró el caos en la metrópoli brasileña.
Tres agentes resultaron levemente heridos en los enfrentamientos, tras los cuales un camión fue saqueado por pobladores, precisaron las autoridades. El gran despliegue de la Policía Militar y fuerzas especiales tuvo lugar de madrugada en la favela Cidade Alta, contigua a la neurálgica Avenida Brasil, por la denuncia ciudadana de una supuesta “invasión” de una facción criminal rival en esta zona popular y conflictiva bajo dominio de otro grupo.
En respuesta a ese operativo, que tenía cercados a los delincuentes, hombres encapuchados incendiaron ocho autobuses y dos camiones en varios puntos de la Avenida Brasil y en otra carretera contigua, tratando de distraer la atención policial, según las autoridades.
La escena causó pánico entre la población y llegó a provocar embotellamientos de más de 60 km.
A esa caótica imagen le siguió luego el saqueo violento de un camión por parte de pobladores —algunos con el rostro cubierto—, que finalmente fueron dispersados con gases lacrimógenos. Más de 12 mil 500 niños de Cidade Alta se quedaron sin clases por el episodio.
El secretario de Seguridad del estado de Río, Roberto Sá, dijo que el operativo fue para controlar “la disputa en esta y otras zonas de la ciudad por el lucro del tráfico de drogas”. Fue “una acción policial rápida, eficaz y que evitó un baño de sangre”, aseguró el funcionario en una conferencia de prensa en la que confirmó la muerte de dos presuntos criminales y las lesiones leves de tres policías. Las autoridades decomisaron 32 fusiles, 11 granadas y cuatro pistolas.
La ciudad que acogió los Juegos Olímpicos en 2016 atraviesa una rampante crisis de seguridad con constantes choques entre policías y traficantes en las empobrecidas favelas. Según un estudio citado por el diario O Globo, el nivel de violencia en la ciudad en tanto ha alcanzado los niveles previos a la instalación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), el gran programa del gobierno brasileño creado en 2008 para intentar reducir la violencia en los barrios más pobres.
La crisis se agravó por los problemas en los pagos de los agentes debido a la bancarrota estatal.
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