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Tegucigalpa.— Con la mirada expectante de más de 400 soldados y efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Militar y de la Policía de Honduras que, fuertemente armados, ocuparon la Corte Suprema de Justicia y sus alrededores, en esta capital, desde horas de la madrugada de este lunes, el periodista hondureño David Romero fue enjuiciado ayer en un caso emblemático que enfrenta a la libertad de prensa con la corrupción política.
“Vengo con la moral en alto, con la convicción de que lo hemos dicho es lo correcto”, dijo Romero, acusado de 16 casos de calumnias, injurias y difamación por destapar hace unos 15 meses unas red política, partidista, gubernamental y judicial de enriquecimiento ilícito con tráfico de influencias.
“Es una lucha en defensa de la libertad de prensa, a cualquier costo. Hay que proteger el derecho sagrado de la libre expresión y todos sus valores”, afirmó el comunicador al ingresar, en medio del contingente policial y militar, al edificio de la sala de juicios de la Corte.
Salvo imprevistos, y por la lenta revisión de videos con denuncias de Romero como director de Radio y Globo Televisión, de esta capital, el juicio—a puerta cerrada—debía quedar ayer visto para sentencia y sujeto a recursos de amparo e inconstitucionalidad de la defensa.
“Será un juicio difícil de olvidar”, admitió, al iniciar la audiencia, la magistrada Geraldina Rivera, presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, que juzga a Romero.
“Todos somos David”, gritó, reiteradamente, un grupo de mujeres en las afueras de la Corte, y a las que las tropas impidieron acceso a la sala.
La presencia del contingente fue justificada por las autoridades en la necesidad de impedir hechos de violencia.
Romero fue acusado por la abogada hondureña Sonia Gálvez de Cuéllar, esposa del fiscal general adjunto de Honduras, Rigoberto Cuéllar. La parte acusadora eludió todo contacto con la prensa apostada en las afueras del edificio.
Gálvez fue involucrada por el periodista en una línea de tráfico de influencias que supuestamente llega hasta el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al gobernante Partido Nacional (PN), a la Fiscalía General Adjunta y al despacho de abogados al que pertenece la acusadora, con la presunta intención de paralizar la indagatoria de un fraude de más de 350 millones de dólares de 2010 a 2014 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El fraude generó una crisis institucional, pese a que se ejecutó en el gobierno del anterior presidente de Honduras, Porfirio Lobo, del PN. Hernández reconoció que parte de su campaña en 2013 que ganó para asumir la presidencia en enero de 2014, fue financiada con recursos sustraídos del IHSS, en una colección de cheques descubierta por Romero.
“El periodista probó el drenaje de recursos de la seguridad social a la campaña de Hernández”, aseguró el diputado Rasel Tomé, del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), al salir de la audiencia matutina. “Lo quieren meter preso para callarlo”, denunció.
