Proponen liberar a reclusos con daños mentales

diana.villavicencio@eluniversal.com.mx

Diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México propusieron la liberación anticipada de personas presas que hayan cometido delitos no graves y presenten daño mental o algún tipo de discapacidad.

Lo anterior, luego de que los asambleístas aprobaran, como urgente y obvia resolución, pedir a las secretarías de Gobierno y Salud, al Tribunal Superior de Justicia y a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México llevar a cabo una revisión exhaustiva a los expedientes de los internos considerados primodelincuentes para conocer su estado de salud físico y mental.

La diputada perredista Rebeca Peralta aseguró que la intención es atender a estos grupos vulnerables que se encuentran en diversos centros de readaptación social para que puedan ser trasladados a centros médicos especializados.

Hasta el 17 de febrero de este año, en el sistema penitenciario de la Ciudad de México había 35 mil 896 personas privadas de su libertad, de las cuales 3 mil 440 forman parte de algún grupo vulnerable. Mil 30 inimputables y enfermos mentales, 501 adultos mayores, 499 personas con alguna discapacidad, 230 extranjeros, 208 enfermos con VIH, 501 indígenas, 456 de la comunidad LGBTTTI y 15 mujeres embarazadas.

La asambleísta recordó que el mes pasado la subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México inició en todos los centros de reclusión la evaluación a la atención que reciben las personas privadas de su libertad, de ahí que sea imprescindible conocer su estado de salud.

Peralta León señaló que en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, de 225 internas nueve son adultas mayores, 12 mujeres presentan discapacidades físicas y 51 tienen enfermedades psiquiátricas, 10 con VIH. “Estas personas requieren atenciones especializadas, por lo que se hace necesaria su atención constante y apoyo de diferentes instancias de gobierno”, precisó la diputada.

Antes, el diputado Iván Texta solicitó a la Consejería Jurídica elaborar un programa para evitar que personas permanezcan en reclusión debido a su condición de vulnerabilidad por insuficiencia alimentaria.