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Diputados de la Asamblea Legislativa acordaron solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina investigar —a través de la Policía Cibernética— aplicaciones y páginas de redes sociales que alertan a los conductores sobre la ubicación del alcoholímetro.
La presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios en el órgano legis-lativo local, Rebeca Peralta (PRD), alertó sobre la presencia de grupos de abogados o “coyotes” coludidos en una red de fuga de información y corrupción que facilita amparos vendidos a la fuerza en torno al alcoholímetro.
Desde tribuna, la legisladora aseguró que el alcoholímetro ha logrado la aceptación de 92% de los capitalinos.
Datos del Inegi refieren que entre 2003 y 2012 ocurrieron 370 mil percances automovilísticos que tuvieron el consumo de alcohol como detonante.
Actualmente las lesiones causadas por accidentes vehiculares son la octava causa de muerte, arriba de los padecimientos infecciosos y debajo de las enfermedades crónicas degenerativas con sus complicaciones. Por este motivo, Peralta también pidió ampliar el horario del programa Conduce sin Alcohol hasta las siete de la mañana.
De la misma manera planteó que sea de lunes a domingo, poniendo especial énfasis de jueves a domingo.
Peralta dijo que existen denuncias sobre abogados apostados al exterior del Centro de Sanciones Administrativas, conocido como el “Torito”, quienes por alguna razón cuentan con información precisa de quién llegará a este sitio por no haber pasado la prueba de alcoholemia y, aprovechando la situación, los obligan a pagar por algo que jamás solicitaron.
“Tenemos que saber quiénes son los que informan porque podrían ser o los jueces cívicos o elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues son los que están en los retenes; entonces vamos a solicitar que se haga una investigación”, detalló.
Por separado, el vicecoordinador del PRD en la Asamblea, Raúl Flores, promovió la firma de un convenio de colaboración entre la industria de tiendas de conveniencia y el gobierno capitalino para crear un frente que garantice la prohibición de venta de alcohol vía digital a menores de edad.
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