Constitución de la CDMX desalentará inversión: CCE

maria.saldana@eluniversal.com.mx

El proyecto de Constitución de la Ciudad de México incluye un tratamiento para marchas, ambulantaje, libertad de expresión y propiedad privada, que desincentivará la inversión y legitimará asuntos ilegales, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

Esta Carta Magna, dijo, no debe ser instrumento para consignar ideologías de grupo o aspiraciones, agendas y programas partidistas.

Sobre todo, deben de revisarse a fondo seis asuntos que “se incorporan propuestas que resulten inviables o que vulneren otros derechos, como efecto colateral”.

El líder de la cúpula empresarial advirtió que les preocupa: que se otorga primacía a objetivos sociales que pueden contraponerse a derechos individuales; el hecho de que la libertad de expresión podría afectar los derechos de terceros y la sana convivencia.

“Es inaceptable que, mediante el reconocimiento y el otorgamiento de derechos y prerrogativas al comercio ambulante, se legitime una actividad que resulta ilegal, privatizando así constitucionalmente el espacio público”.

En vez de que en la iniciativa se proponga una transición a la formalidad, agregó, crea un “incentivo perverso” para perpetuar la informalidad, porque sería “legalizar y dar carta de pleno derecho a lo que es irregular por naturaleza”, sobre todo si se reconoce que cerca de 75% de la incautación nacional de piratería se hace en la Ciudad de México.

Preocupa que se pretenda incluir “consultas vinculantes en materia ciudadana, marchas y manifestaciones, plusvalías de inmuebles, y uso de suelo, entre otras, que pueden desincentivar de forma grave la inversión en la Ciudad, la generación de empleo y la movilidad social”.

El dirigente empresarial aseguró que el proyecto constitucional “invade atribuciones” del ámbito federal al pretender, por ejemplo, incursionar en derechos laborales, comercialización de alimentos, y en la relación entre proveedores y consumidores, las cuales ya reguló el Congreso de la Unión.

Añadió que debe considerarse el fomento a la industria, el comercio y la prestación de servicios y turismo como generadores de crecimiento económico.