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Al cumplir cuatro meses el gobierno, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, inicia reuniones de evaluación trimestral del ejercicio del presupuesto y avances de los proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo. Los objetivos de dichas reuniones serán medir la eficacia del gasto, lo ahorrado, las medidas de austeridad y combate a la corrupción de cada dependencia; así como vigilar que los proyectos prioritarios se concreten. Todo consistente con la visión presidencial: que el gobierno no cueste a la gente, sea eficaz, generador del desarrollo nacional y regrese a la justicia social como principio fundamental. Es la agenda de un gobierno emanado de más de 30 millones de votos contra el régimen neoliberal de tres décadas; un gobierno con apoyo popular creciente, gracias a las decisiones de enfrentar directamente los problemas nacionales, a pesar de ataques concertados de comentaristas y medios reaccionarios que, incluso, buscan callar al Presidente. Estamos en una revolución pacífica, con una legitimidad sin precedentes en la historia reciente.
No se puede lograr un cambio de régimen sin modificar el papel del Estado y sin legitimidad. El Diccionario de Política (Bobbio) define régimen político como: “el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de esas instituciones”. La legitimidad —establece el Diccionario— es “un atributo del Estado, consistente en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure obediencia sin que sea necesario, salvo en caso marginales, recurrir a la fuerza… transformando la obediencia en adhesión… la legitimidad… el elemento integrante de las relaciones de poder en al ámbito estatal”. La adhesión se logra también en el contacto permanente con la gente. Los devastadores efectos políticos, sociales y económicos del desmantelamiento del Estado por parte del régimen neoliberal, han llevado a éste a la total ilegitimidad. El diccionario también señala que “el capitalismo… entra en crisis por dos razones principales: su orgánica incapacidad de evitar las crisis económicas y su insensibilidad frente a las exigencias de las clases sometidas, sin protección alguna, a la intemperie de la competencia”. Y, continúa: “para eliminar a estos dos defectos estructurales… la cultura occidental no ha encontrado otra solución que recurrir a la intervención del Estado, al que se demanda el mantenimiento del equilibrio económico general y la persecución da fines de justica social (lucha contra la pobreza, redistribución de la riqueza, tutela de los grupos sociales más débiles)”. En esta situación nos encontramos: el neoliberalismo destruyó la economía nacional y las instituciones emanadas de la Revolución Mexicana, dejando en total desamparo a clases medias, sectores obreros y campesinos, con una escalada de reformas constitucionales y legales que tuvieron su pináculo en el llamado Pacto por México. Sin embargo, el resultado de las elecciones de julio de 2018 mostró la falta de legitimidad de ese régimen neoliberal; fue un alud de millones contra eso, adheridos por un cambio de régimen.
Ayer dijo del Presidente en la mañanera: “el gobierno que se heredó… no estaba hecho para beneficiar a la gente sino para el saqueo en beneficio de una minoría… mentalidad que prevaleció mucho tiempo”. Pero, como ha dicho el Presidente, hoy son tiempos de cambio, de decisiones: la principal es que el gobierno y el presupuesto sean para beneficiar a la población abandonada por el régimen neoliberal. Por eso, la agenda de prioridades del Presidente tiene al Estado para beneficio de la gente que más lo necesita, con mecanismos de ejercicio y vigilancia del presupuesto, para terminar con las “inercias” del régimen neoliberal y lograr la Cuarta Transformación.
Exsenador y titular de la Comisión
Federal de Electricidad
