CCE alista programa de certificación en ética

maria.saldana@eluniversal.com.mx

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la International Chamber of Commerce México (ICC) iniciarán un plan piloto para la certificación de prácticas éticas de personas y empresas, luego de que el Ejecutivo federal vetó la Ley 3de3.

La presidenta de ICC, María Fernanda Garza, explicó que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) será el organismo con el que se iniciarán las pruebas, porque ya tienen avances en materia de medidas anticorrupción.

“A través de la ANTAD vamos a capacitar a proveedores para que empiecen a cumplir. Regularmente las empresas que cotizan en Bolsa ya lo hacen, porque así se exige por los accionistas. La idea es que las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con códigos de ética y reglamentos anticorrupción los puedan establecer”, comentó.

La capacitación comprenderá siete distintos lineamientos que se aplican a nivel internacional que tienen que ver con prácticas para evitar la corrupción, prácticas éticas de los proveedores, mecanismos de denuncia y protección a denunciantes, políticas de hospitalidad y regalos, entre otros.

Por ejemplo, se deben imponer límites máximos de precios de regalos que los directivos pueden recibir, montos de las comidas que pueden aceptar, así como definir en qué casos se pueden aceptar y en cuáles no.

Se iniciará con capacitación presencial con cada una de las organizaciones que integran el CCE y después se subirán los cursos en línea para que en 2017 se realicen por internet, expuso.

El ICC adaptará la cláusula anticorrupción entre las grandes firmas y sus proveedores, y el gobierno y sus contratistas, dijo a su vez el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

Al término de la reunión, Castañón explicó que los cursos son para implementar los procesos anticorrupción, y así puedan obtener una certificación que deberán presentar cuando participen en un concurso público.

Esta certificación fue acordada con la Secretaría de la Función Pública y el CCE, previo a la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.