La minería se ha convertido en una de las actividades productivas más lucrativas del mundo en las últimas dos décadas. De acuerdo con el análisis de la industria minera global, los ingresos económicos de este sector han pasado de 93 mil millones de dólares (mmd) en el año 2002 a 871 mmd en 2017 (IntelligenceMine, 2017; MINING, 2017). En apenas 15 años se ha multiplicado ocho veces la ganancia empresarial debido a la explotación y comercio de estos bienes.
México generó 5% de esos beneficios (43 mmd), a pesar de ello, no ha mejorado el bienestar de la población, ya que algunas de las comunidades donde se han instalado proyectos mineros se clasifican entre las más pobres del país desde hace décadas (Fundar, 2018), lo que sugiere la existencia de un grave problema de corrupción y colusión política. Es decir, la minería se fortalece en un ambiente de miseria económica, lo que estimula condiciones de marginación, desempleo, desescolarización e imposibilidad de acceder a oportunidades para cambiar las condiciones de vida, facilitando la entrada del crimen.
De acuerdo con la UNESCO (2001) en uno de los primeros informes académicos sobre las dimensiones sociales necesarias para que el narcotráfico germine se requiere constante y creciente nivel de desigualdad económica, enlaces institucionales que permitan a los grupos criminales mantener sus actividades sin grandes riesgos con el gobierno, así como una sensación de abandono por parte del Estado en el que la población sienta que la única salida viable es la que ofrece el narcotráfico.
En nuestro país la existencia del crimen organizado y el comercio ilegal de las drogas viene ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues el monopolio económico y militar que el PRI tuvo hasta el año 2000 le permitió conocer de primera mano la existencia de estos grupos criminales desde su creación facilitando su control y limitando su crecimiento (Astorga, 1996, 1999 y 2001).
Después de la transición política en el 2001, los carteles nacionales se independizaron totalmente del control del Estado, además empezaron a crecer, fortaleciéndose ante la falta de acuerdos públicos para enfrentar este problema, lo que dio margen para crear su propia estructura operativa que se transformó en un cuarto poder de facto.
Debido a la inadecuada estrategia de enfrentamiento directo del ex presidente Felipe Calderón, los grupos de narcotraficantes tuvieron que adaptar sus tácticas criminales por la constante persecución a la que se vieron expuestos, lo que intensificó el acoso a la sociedad y al sector privado mediante el secuestro, trata, extorsión, apropiación ilegal de territorios y/o negocios, etc.
En este escenario la minería mexicana se ha convertido en un blanco para los delincuentes, pues además de tener un alto potencial económico per se, también crea condiciones sociales para que parte de la población se una a las filas de estos grupos; algunas de estas condiciones son: privatización de los bienes comunes, destrucción irreversible de la tierra y los ecosistemas, empobrecimiento masivo, etc. (Azamar, 2017).
Por otra parte, este sector extractivo en México se caracteriza por su opacidad institucional y tributaria, pues además de la falta de una figura de control central, existen numerosos huecos institucionales en los que el Estado carece de información sobre la dimensión real de la explotación minera del país. De acuerdo con datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF, 2017), la Secretaría de Economía (SE) ha sido incapaz de identificar y brindar información relevante de casi 30% de los proyectos mineros en el territorio, lo que limita saber si estos pagan o no impuestos e incluso si son legales las operaciones que realizan, todas estas características son fundamentales para el lavado de dinero, entre otros crímenes. La suma de estos elementos es lo que en parte favorece que la minería sea una actividad que se asocia al narcotráfico.
Los efectos económicos y las consideraciones productivas del narcotráfico en la minería son relevantes, pero también los inconvenientes sociales que esta problemática ocasiona, tales como: explotación sexual, drogadicción, alcoholismo, trabajo infantil y migraciones masivas como resultado de la violencia y destrucción del territorio. Todos estos efectos son generados como resultado de la creación de proyectos extractivos, pues no siempre los trabajadores viven cerca de las minas y deben quedarse en campamentos cercanos a estas, en los cuales son comunes dichas prácticas que también representan ingresos para los carteles mexicanos, pues estos controlan la mayor parte de las actividades ilícitas del país.
Asimismo, los narcotraficantes también tienen el poder de cobrar una renta mensual a las empresas. De acuerdo con informes de la Procuraduría General de la República (Sinembargo, 2017), las compañías minerías pagan entre 11 mil y 37 mil dólares al mes por el derecho a realizar sus actividades en "el territorio" de alguno de los carteles del país.
En la actualidad la minería se ha transformado en una fuente importante de ingresos para estos grupos criminales, por lo que estos últimos también se han convertido en uno de los brazos armados que acechan y acosan a la población que se opone a esta actividad en el país (Lemus, 2018). De acuerdo con información de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) uno de los primeros asesinatos a un opositor de la minería en los que se reconoce claramente el actuar de un cartel, fue el de Mariano Abarca Roblero, originario de Chicomuselo, Chiapas, un activista que se pronunció en contra de las operaciones de la compañía Blackfire en su población. Desde que sucedió dicha situación, se han encontrado evidencias de diversos carteles en los asesinatos de al menos otros nueve activistas contra la minería en México.
Considerando lo comentado, el nuevo gobierno debe aprovechar la transición de poder para implementar cambios en la estrategia de ataque a los criminales, el gran capital político que supone su mayoría legislativa para realizar transformaciones en la forma en que se combate al narcotráfico, pero también en el control productivo y tributario de la minería para limitar el actuar de estos grupos criminales y ayudar a combatir los problemas que ha ocasionado en nuestro país.
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Correo: gioconda15@gmail.com
