La frase “No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente”, pronunciada hace más de dos décadas por el activista Robert M. Hensel, sigue cuestionando la manera en que observamos —o dejamos de observar— a los millones de personas con una discapacidad en nuestro país.

A lo largo de tres días la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió sus puertas para escuchar directamente los testimonios, experiencias y desafíos de uno de los sectores históricamente más ignorados por la sociedad y por las propias instituciones: las personas con discapacidad.

Fue un hecho verdaderamente histórico la celebración de esta primera Audiencia Pública a la que, a petición de diversas organizaciones para ser escuchadas, convocó la nueva integración de la Corte, marcando un antes y un después en la forma en que entendemos la justicia en México. No se trató de un gesto simbólico, sino de un mandato democrático y jurídico.

Esta audiencia tiene su origen en el debate de la propuesta de resolución de la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, en el tema del derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas antes de emitir o modificar normativas que impacten directamente.

La deliberación inicial en el Pleno abrió la puerta a este ejercicio público sin precedentes, al que acudieron organizaciones de la sociedad civil que representan a personas con discapacidad, a la academia, especialistas, servidores públicos y, sobre todo, a quienes viven cada día con distintas formas de discapacidad. Todo ello en un país donde, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2023), el 7.2% de la población, es decir, casi nueve millones de personas, vive con alguna discapacidad.

Los testimonios más profundos, por supuesto, vinieron de quienes han enfrentado directamente las barreras del entorno: tanto las personas con estas diversidades funcionales como las personas cuidadoras, y nos permitieron mirar con mayor claridad la realidad a que refiere la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que no es forzosamente la persona la que tiene un “límite”, sino el entorno el que muchas veces lo impone.

Fue muy enriquecedor escuchar a más de 100 personas, algunos de ellos sobre las llamadas discapacidades invisibles, esto es, aquellas que no se perciben a simple vista, pero que inciden profundamente en la vida de las personas. Hablamos no solo de hipoacusia, discapacidad visual o motriz, también de condiciones como el autismo, la disautonomía, la ansiedad, la depresión y otras que cargan con estigmas, incomprensión e incluso incredulidad.

A pesar de la diversidad de funcionalidades, la mayoría de las personas que se presentaron a la audiencia pública coincidieron en la necesidad de reducir las barreras institucionales y burocráticas que las limitan para ejercer sus derechos. Sean trámites inaccesibles, lenguaje técnico, procesos legales que no contemplan ajustes razonables, criterios interpretativos que siguen centrados en una visión asistencialista, y la ausencia de participación vinculante en la elaboración de normas, todo lo que ha generado un sistema que muchas veces termina por aislarles en lugar de garantizar sus derechos.

Hoy más que nunca, la Corte reafirma un compromiso de mirar, escuchar y actuar con responsabilidad. Nada sobre las personas con discapacidad debe definirse sin su participación directa, sin consultarles, sin preguntarles, sin conocerles, sin escucharles. Y su opinión debe de ser respetada.

La justicia no puede construirse desde la distancia o el paternalismo. Ninguna reforma, política pública o ley que impacte en la vida de las personas con discapacidad debe construirse sin su participación directa, libre e informada.

Esta nueva Suprema Corte tiene grandes retos por delante, pero ninguno será legítimo si excluye a quienes durante décadas fueron invisibilizados.

El mensaje a las personas con discapacidad es claro y firme: todo con ustedes, siempre con ustedes, y nada sin ustedes.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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