El nuevo régimen está obsesionado con centralizar el poder. Con la mira puesta en ese objetivo, va en su camino cancelando derechos ciudadanos conquistados desde hace décadas. En los últimos años, con su mayoría aplastante en el Congreso, ha aprobado nuevas reformas que limitan libertades y consolidan su ambición de control.
Nos arrebataron el derecho a la información con la desaparición del INAI. Nos robaron el derecho a tener una policía civil, cediendo poder al Ejército, y aniquilaron nuestro derecho de tener un Estado con división de poderes aprobando la reforma al Poder Judicial, subordinándolo así al Ejecutivo.
Ahora, bajo el argumento de que deudores fiscales han abusado de la figura del amparo, el oficialismo dejará a los ciudadanos en la indefensión con modificaciones a la Ley de Amparo.
El juicio de amparo nació en el año de 1847. Es la principal figura que tenemos los ciudadanos para defendernos del abuso de la autoridad, y con esta reforma, propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, se hace más pequeña la puerta para ejercerlo.
Con estos cambios se vulnera la figura de “interés legítimo”. Ahora, organizaciones y personas no podrán presentar un juicio sin probar un daño directo.
Por ejemplo, colectivos ya no podrán interponer amparos para que la Secretaría de Salud surta, sin demora, medicamentos a niños con cáncer. Lo podrán presentar únicamente los padres del menor o una persona que padezca la enfermedad.
Y así como en salud, será en casos de derechos sociales, educación o medio ambiente.
Un golpe más de esta reforma es el derecho a la suspensión en varios rubros. Pueden suspender la revocación de una concesión o un permiso federal sin que se trate únicamente a los potentados, como lo quieren hacer ver.
Incluso, hace poco la presidenta Sheinbaum anunció la expedición de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, a fin de revisar las concesiones.
Supongamos que una comunidad ejidal, que se dedica a la producción de hortalizas, obtuvo la concesión de un pozo de riego. Durante años invirtió para perforarlo, equiparlo y contar con un sistema de riego, pero un día la Comisión Nacional del Agua le cancela su concesión.
Imaginen el poder discrecional que tendrán los funcionarios de tercer nivel para determinar la suerte de una concesión como esta. Parece una reforma para promover la corrupción.
Actualmente, la comunidad podría acudir a un juez para demostrar que posee la concesión. Y mientras se investiga, los ejidatarios podrían hacer uso del agua para no perder su cosecha. Sin embargo, con la reforma, bajo el argumento del orden público e interés social, esta concesión, si así lo decide la autoridad, será inmediatamente cancelada. Sin posibilidad de defensa inmediata.
El nuevo régimen está empeñado en el poder absoluto. Más poder y control para ellos y menos derechos ciudadanos. Es tanta su ambición que no sólo acabarán con los derechos obtenidos durante este incipiente siglo, sino que quieren ir por los derechos logrados en los siglos XIX y XX. Ni los viejos regímenes de los que tanto se quejaron los cuatroteístas se atrevieron a tanto.
Comentario final
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