Israel Vallarta Cisneros espera una sentencia después de casi 20 años en prisión. Si el sistema penal respondiera a principios democráticos y de estado de derecho, debería ser absuelto y deslindarse responsabilidades para quienes, al amparo del poder público han sostenido una versión probatoriamente insostenible. A Israel se le conoce por haber sido acusado junto a Florence Cassez de pertenecer a Los Zodiaco, una banda supuestamente dedicada a cometer secuestros, cuya existencia, dos décadas después, sigue en duda.
Ni siquiera entre quienes lo acusan existe convicción de su culpabilidad. El pasado 25 de marzo Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República, reconoció en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que “el caso de Florence Cassez fue un montaje”. Esta declaración bastaría para que la FGR se desistiera de la acusación y solicitara el sobreseimiento ante la autoridad judicial.
Su historia representa todos los males de la justicia penal: detención arbitraria y uso de la tortura, fabricación de pruebas, mediatización para sustituir la investigación y difundir una versión a la sociedad sobre hechos que nunca acontecieron. Una maquinaria que, junto a la prisión preventiva oficiosa, permite encarcelar a inocentes por años y fabricar culpables mientras brinda una apariencia de eficiencia institucional ¿Qué se ha probado en estos años? La Suprema Corte, la Secretaría de Gobernación y la CNDH han reconocido el montaje, la tortura y otras graves violaciones de derechos.
Los medios de comunicación que fueron empleados para proyectar el “éxito” de la estrategia de seguridad también han sido un factor clave para develar los sótanos del poder y complicidad en su proceso. En febrero de 2006 la periodista Yuli García evidenció el montaje. En entrevista con Denisse Merker y tras ser confrontados por Cassez, Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación, y Jorge Rosas de la Unidad Antisecuestros de la PGR, dijeron que se había realizado una recreación para los medios de comunicación. Días después, José Luis Santiago Vasconcelos, Fiscal de Delincuencia Organizada y el Procurador General, Daniel Cabeza de Vaca aceptaron la escenificación.
Sin embargo y pese a la evidencia, la FGR ha bloqueado por años la resolución del Comité contra la Tortura de la ONU para darle una medida en libertad mientras se desarrolle el juicio e insiste en acusarlo a pesar de la evidencia de ser un caso construido por las autoridades y el reconocimiento del montaje por Gertz Manero. Por su parte, en contra de los fallos de la Corte Interamericana, el juez del caso señaló que debía permanecer en prisión porque 17 años de detención se consideraba un plazo razonable.
En entrevista con “Otros Datos” de Radio Ibero se me preguntaba por qué Israel Vallarta permanece en prisión. La respuesta radica en las estructuras de complicidad de las corporaciones de policía, de seguridad y de investigación que han permitido el encubrimiento de personajes intocables mediante redes de poder y macrocriminalidad. No en vano, en medio del conflicto diplomático por el tratamiento a Florence Cassez, Nicolas Sarkozy cuestionó frente al presidente Calderón esta forma de actuación de las autoridades mexicanas al señalar que: “se lucha contra el crimen con las reglas de la República y de la democracia; no se lucha contra el crimen con las reglas de los criminales.”
En “A través del espejo y lo que Alicia encontró allí”, Lewis Carroll describía un proceso absurdo e irreal: “está encerrado ahora en la cárcel, cumpliendo su condena, pero el juicio empezará hasta el próximo miércoles y, por supuesto, el crimen se cometerá al final”. Como si fuera ficción, Israel Vallarta se encuentra en prisión por un crimen que no ha podido probarse y con una sentencia anticipada. Si acaso existen delitos, son los perpetrados por la AFI de García Luna y Cárdenas Palomino para inventar y escenificar un crimen, y de la Fiscalía para respaldar esta versión. En apego a la verdad y la legalidad la FGR debería desistirse, pero de no ser así, corresponde al poder judicial decidir sobre su inocencia y ordenar su liberación.
Simón Hernández León (@hele_simon) Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
