Cuando un régimen acapara todo el poder, como ya ocurre en los hechos en México, la eliminación de contrapesos y mecanismos de defensa para los ciudadanos críticos u opositores es el siguiente paso. A la desaparición ya consumada del Poder Judicial autónomo —para sustituirlo por uno compuesto solo por juristas y personajes afines al gobierno de la 4T— le antecedieron la eliminación de los órganos autónomos que vigilaban y sancionaban el abuso de poder, la transparencia y el derecho a la información de los mexicanos, la competencia y autonomía del sector telecomunicaciones, para pasar esas funciones de vigilancia al mismo gobierno que se convierte en juez y parte en su observación y vigilancia del cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos ciudadanos.
Con toda esa operación de control y acaparamiento del poder, que puso en marcha el expresidente López Obrador y ha continuado al pie de la letra la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy ya tenemos un gobierno en México que puede hacer prácticamente lo que quiera con el dinero público, sin que nadie lo sancione o exhiba, que pretende ahora manejar las concesiones de los medios de comunicación con criterios políticos y que promueve también el control de los medios, de las redes sociales y del internet, con afanes claros de utilizar su poder total para cerrar espacios a la crítica y promover cada vez más medios y opiniones afines a las “bondades y logros” del régimen gobernante.
Y aunque en el discurso oficial se niegue y se repita que “este gobierno no está a favor de ninguna forma de censura” y se garantice el respeto a la libre expresión, el mismo régimen, desde su discrecionalidad y control absoluto de las instituciones, promueve y desarrolla formas “sutiles” y embozadas para presionar y acallar a sus críticos, lo mismo si son opositores abiertos o si son periodistas que no se pliegan a la visión oficial del estado de las cosas en la República, que se quiere imponer todos los días desde las conferencias matutinas.
Porque en el discurso los gobernantes se juran respetuosos de la libre expresión y tolerantes ante la crítica y la disidencia, pero en los hechos, sin decirlo ni reconocerlo, activan mecanismos de presión y de asedio —ese sí literal— hacia quienes ejercen el derecho constitucional de expresar su disenso. Desde las agresiones y denuestos personales en las redes sociales, provenientes de cuentas bots manejadas desde el gobierno o por sus ideólogos y propagandistas, hasta el discurso que todos los días descalifica a medios y periodistas y cuestiona la veracidad y validez de su trabajo.
Pero cuando la descalificación y el denuesto no funciona, entonces se sube el acoso empezando con auditorías fiscales ordenadas desde el poder a los críticos del régimen. Y la necesaria y legítima fiscalización del pago de impuestos, se convierte en un mecanismo de terrorismo fiscal que busca excusas y fallas debajo de las piedras para asediar a periodistas, opositores o activistas a los que el régimen empieza a tratar como "enemigos de la transformación”. Pero junto con el SAT, convertido en policía fiscal política, se activan también otros mecanismos más fuertes como el uso de la UIF como una especie de Gestapo financiera que comienza a buscar también cualquier inconsistencia o pretexto en las cuentas bancarias y los gastos de quienes incomodan al régimen.
Eso sí, en el discurso jamás aceptarán ni reconocerán la intolerancia ni el carácter represivo y autoritario que les caracteriza y desde la tribuna oficial se seguirá hablando de “libertad y respeto al derecho a disentir”, aunque por debajo del agua y de manera silenciosa pero decidida, se le recargue a los ciudadanos disidentes o críticos todo el peso de las instituciones. No importa si usted es empresario, activista o defensor de derechos humanos, tampoco si lo ampara la Constitución en el ejercicio de su libre expresión; en los hechos, usted enfrentará y resentirá el precio de decir lo que piensa y cuestionar la actuación y los resultados del gobierno.
El problema es que, mientras a nivel federal se practica y promueve la “censura silenciosa” pero firme y hasta terrorista contra los críticos, sin importar su actividad, carrera o sus derechos, en los estados, los gobiernos de Morena empiezan a mostrar, como siempre ha ocurrido en la historia, un rostro mucho más burdo y primitivo en la aplicación de la censura y el control del pensamiento y la expresión de sus ciudadanos.
Dos casos que han alarmado en estos momentos, que distan mucho de ser los únicos en la República, son el de la gobernadora de Campeche, la controvertida Layda Sansores, y el del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ambos morenistas. La gobernadora ha puesto en marcha una cacería legal y policiaca contra el periodista, Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna de Campeche, a quien acusó de “incitación al odio y violencia política” por criticar su ejercicio de gobierno, y una juez estatal, de nombre Maribel Beltrán Valladares, declaró culpable del delito y le impuso una sentencia, a él y a la empresa que maneja el periódico, de pagar 2 millones de pesos al gobierno de Layda Sansores y su vocero Walter David Patrón, además de “prohibirle que ejerza la profesión de periodista durante 2 años”.
A pesar de que el periodista dice haber dejado de dirigir desde hace 7 años el diario y su portal informativo, la sanción que le impuso la jueza, a petición del gobierno del estado, es claramente una represalia política por su línea editorial y la critica a la gobernadora, que sin negar la autoría del ataque a la libre expresión, se ha dedicado a cuestionar y burlarse de las denuncias del periodista, que también ha sido acosado, detenido y golpeado por la policía estatal con cargos inventados.
“¿Quién promueve todo este ambiente que se dio ayer en México, en donde Jorge González iba de periodista en periodista, para que fuera a llorar, y luego se iba a llorar al otro programa, todo el tiempo quejándose de que le habían hecho como una represión, ¿quién promueve todo eso?”, se preguntaba molesta la mandataria morenista ayer martes en su programa semanal denominada “martes del Jaguar” en la que responde preguntas a modo de periodistas e influencers locales.
En el caso de Puebla, lo que ha desatado las denuncias de censura y ataque a la libertad ciudadana en redes sociales, es la llamada Ley de Ciberseguridad, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso local, en la que se introduce un nuevo tipo penal denominado “asedio digital” que penaliza con multas y cárcel a cualquier ciudadano que se acuse de “molestar repetidamente o asediar de manera digital a otro ciudadano”. La laxitud de esa ley, que claramente deja abiertas las interpretaciones para que un funcionario público o gobernante denuncie a cualquiera que lo cuestione o critique en redes, ha hecho que la ley desate todo un movimiento de rechazo en los medios y la sociedad poblana, que la bautizaron como la “Ley Censura”.
Aunque el gobernador Armenta ha defendido la ley aprobada por su partido e impulsada por él, y niega la existencia de censura o ataque a la libre expresión, argumentando que lo que se busca es “proteger a las mujeres y los niños que son víctima de trata y de abuso sexual a través de las redes”, la realidad es que la redacción del nuevo artículo 480 de la citada ley es tan abierto y poco específico, que sí podría ser invocado por políticos, funcionarios o personajes públicos para acallar a voces críticas. Dice el citado artículo textualmente: “Comete Ciberasedio quien mediante TIC (redes sociales, correo, plataformas digitales) insulte, injurie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle daño físico o emocional”.
Es decir que ¿un gobernante, político o funcionario, que por ley está expuesto a la crítica y los cuestionamientos y las críticas a su desempeño o actitudes fuera de la ley, que también se realizan a través de redes sociales e internet ya sea por ciudadanos o periodistas, podrá apelar a este delito para acusar y castigar a sus críticos por considerarse “asediado digitalmente”? Ese es el gran riesgo y la enorme puerta que abre a la censura y la represión penal la nueva ley poblana que está siendo cuestionada y que se aprobó sin ningún tipo de consulta, foros o parlamento abierto con sectores sociales.
Ayer, cuando le preguntaron en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se dijo totalmente en contra de las medidas y leyes represivas o censoras en los estados: “Nosotros estamos en contra de la censura. Nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, entonces no vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura”, dijo la presidenta sin condenar específica y abiertamente las acciones de los dos gobernadores de su partido.
Al final la congruencia entre el decir y el hacer no es algo que caracteriza a los gobernantes o políticos mexicanos, ni a los del pasado priista y panista, ni a los del presente morenista. Porque es muy fácil decir y predicar todos los días que se es “respetuoso de la libertad de expresión”, que “no estamos de acuerdo con la censura” y que “este gobierno no censura ni reprime a nadie por sus expresiones o críticas”, mientras en los hechos, subrepticiamente y sin asumir la responsabilidad, se permite que el aparato fiscal y de investigación financiera, haga la labor censora y de acoso a quienes no compartan la visión oficial del “bienestar” que se le quiere imponer a los mexicanos o que se atrevan a denunciar corrupción, abusos o actitudes ilegales o incongruentes de los funcionarios y gobernantes del nuevo régimen todopoderoso.
NOTAS INDISCRETAS… En momentos de tensión y cuando la relación México-Estados Unidos se complica por el tema de las redadas masivas del ICE y las política antiinmigrantes y violatorias del gobierno de Donald Trump, el gobierno mexicano se apresta a cambiar a varios cónsules de ciudades importantes en busca de reforzar la estrategia de defensa legal y acompañamiento que dicen realizar hacia la asediada, denostada y perseguida comunidad migrante mexicana en el vecino país. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, envió un oficio a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado que ratifique el nombramiento de 10 nuevos cónsules para las principales ciudades de los Estados Unidos y Canadá. La funcionaria del gabinete informa al senador Gerardo Fernández Noroña que la presidenta Claudia Sheinbaum ha designado a las siguientes personas como nuevos cónsules: Rafael Eugenio Laveaga Rendón, diplomático de carrera, como titular del Consulado mexicano en Atlanta, Georgia; a Carlos Iriarte Mercado, exdirigente y exdiputado federal del PRI en el Estado de México para el consulado de Boston; al general Luis Rodríguez Bucio, exdirector de la Guardia Nacional como nuevo cónsul mexicano en Dallas; Marcos Bucio Mujica, exsecretario general del IMSS en el actual gobierno, como cónsul de México en Nueva York; la morenista Donají Alba Arroyo, será la cónsul en Raleigh, Carolina del Norte; el exgobernador priista de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, es el nuevo cónsul de México en San Francisco; Neftalí Said Pérez, exdirector del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” ocupará el consulado en San José, California; la diplomática de carrera, Claudia Velasco Osorio, llegará al consulado de Sao Paulo, Brasil; Iván Roberto Sierra Medel, otro diplomático de carrera de la SRE llega al consulado de México en Toronto, Canadá; mientras que al consulado de Vancouver se designó a Julian Adem Díaz de León, también ministro del Servicio Exterior Mexicano. Así que, como en botica, una mezcla de políticos, lo mismo priistas que morenistas, además de militares y diplomáticos de carrera, irán a reforzar los consulados mexicanos que hoy están sobrecargados de trabajo ante la cacería de migrantes mexicanos en los Estados Unidos. La ratificación que solicita la titular de Segob es para que se apruebe en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que actualmente se encuentra sesionando… Se baten los dados. Capicúa.