Con una inexistente transición administrativa entre la antigua Corte, que formalmente ya fue disuelta, y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que entra en funciones el próximo lunes, porque a los legisladores de Morena se les olvidó fijar normas, tiempos y procedimientos para que las dos Cortes se coordinaran en la etapa de transición entre una y otra, el nuevo Poder Judicial que nacerá el 1 de septiembre arranca con faltantes operativos, nóminas de trabajadores que no están aún consolidadas administrativa y presupuestalmente, y sin que los nuevos órganos judiciales tengan toda la información y el control del sistema de justicia del país.
Durante los tres meses que transcurrieron entre la controvertida elección judicial del 1 de junio y el próximo 1 de septiembre, no hubo coordinación entre los ministros salientes y los entrantes, porque el Congreso no se tomó la molestia de incluir en la Reforma Judicial constitucional, ningún calendario, procedimiento o reglas para hacer la transición entre los dos Poderes Judiciales federales, de tal modo que lo poco que se logró avanzar, por ejemplo que a los nuevos ministros les entregaran algunos expedientes que quedaron pendientes en las ponencias de la Corte extinta, se hizo más por el acercamiento y diálogo personal que buscó el ministro Hugo Aguilar Ortiz con la presidenta Norma Piña.
De modo que el 1 de septiembre, después de todas las ceremonias y eventos que se han organizado para la toma de protesta de los nuevos ministros, entre ellos ceremonias “de purificación y limpia del Palacio de Justicia”, “rituales prehispánicos en las ruinas de Cuicuilco”, “entrega de bastones de mando a los nuevos miembros de la Corte” y por supuesto el único acto constitucional que es la toma de protesta de los nueve ministros ante el pleno del Senado de la República, lo que vendrá a partir del día 2 será mucha incertidumbre en el nuevo Poder Judicial, junto con algunos problemas administrativos, por ejemplo el caso de 2,400 plazas de trabajadores de base cuyas nóminas no han sido consolidadas por el nuevo Organo de Administración Judicial, que será el encargado de manejar los presupuestos, nóminas y en general toda la administración de la Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y de los Juzgados y Tribunales federales.
Porque esa es otra de las novedades del nuevo sistema de justicia que arranca la próxima semana: a la presidencia de la Corte, que solía ser la cabeza de todo el Poder Judicial Federal y tenía todas las facultades de mando y manejo del presupuesto y la administración del sistema judicial, la descafeinaron totalmente y le quitaron la mayor parte de sus atribuciones, el manejo presupuestal, el de vigilancia y fiscalización de los jueces y hasta las normas de disciplina y sanciones que se aplicaban desde el Consejo de la Judicatura, que también presidía el ministro o ministra que presidía la Corte, y que ahora todas esas funciones que hacían fuerte a la Presidencia de la Suprema Corte, han sido repartidas en dos nuevos órganos: el de Administración y el de Disciplina.
Es decir que, en los hechos, la Reforma Judicial sí vino a restarle facultades y capacidad de mando a quien presida la Suprema Corte. Ya no será ni cabeza de todo el Poder Judicial, ni tendrá capacidad de proponer el presupuesto, mucho menos manejar y decidir sobre los recursos financieros de la Corte, que ahora decidirá el Órgano de Administración que ni siquiera depende por completo del ministro o ministra presidente. Y es que la reforma dice que dicho órgano, que decidirá el manejo del presupuesto y los gastos de todo el Poder Judicial, además del manejo de todo el personal y la carrera judicial, será integrado por 5 miembros, de los cuales uno es propuesto por la Presidencia de la República, otro por el Senado y tres por el pleno de la Corte, es decir por todos los ministros.
Y si en el tema de presupuesto y gasto el presidente de la Corte prácticamente quedó anulado, en el manejo del sistema de disciplina judicial, que antes también dependía de esa cabeza, ahora también queda excluido, igual que tampoco tendrá el control del personal y las contrataciones, ni de la carrera judicial, que define las asignaciones de jueces y magistrados en los temas de la justicia federal.
¿Y entonces qué funciones le quedan a quien presida la Corte? En términos reales y como quedó redactada la multicitada Reforma Judicial, prácticamente el presidente de la Corte será el encargado de conducir las sesiones de pleno y tratar de llegar a acuerdos con sus compañeros ministros para tomar las pocas decisiones que le dejó la nueva reforma constitucional. ¿Por qué, por ejemplo, el Poder Ejecutivo o la Presidencia de la República y el Senado, tienen que tener representantes en el órgano administrativo del Poder Judicial Federal? ¿No atenta eso contra la división de poderes y anula, de facto, parte de la autonomía e independencia presupuestal y operativa que debiera tener la Corte y el resto de los nuevos órganos judiciales?
Tal vez en el fondo de la reforma a la Constitución, que dio pie al nuevo sistema de elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular y que decretó la extinción y desaparición del anterior modelo judicial vigente desde la reforma de Ernesto Zedillo en 1995, sí se escondieron mecanismos y disposiciones que, al fragmentar al nuevo Poder Judicial, que antes tenía un solo mando y una sola cabeza administrativa, jurídica y de mando, para pasar hoy a tres órganos distintos que se reparten las funciones judiciales, administrativas pero también de mando, lo que buscaban era debilitar al Poder Judicial de la Federación y de esa manera restarle también autonomía e independencia.
No se entiende de otra manera por qué la presidencia de la Corte quedó con tan pocas atribuciones y sin capacidad de definir y manejar su propio presupuesto y por qué los otros dos Poderes, Ejecutivo y Legislativo, tendrán injerencia en el Organo de Administración que ahora acapara el manejo financiero, la carrera judicial y hasta el manejo de las nóminas y contratación de personal. ¿Ya no querían un presidente o presidenta de la Corte que pudiera desafiar al Ejecutivo y al Legislativo y en cambio diseñaron uno que casi tenga un papel solo testimonial mientras la Presidencia y el Congreso tienen un pie metido en los nuevos órganos judiciales? Que conste que es pregunta.
Notas indiscretas...
La sobrerreacción que hubo en el Senado y la exagerada victimización de Gerardo Fernández Noroña, que hasta mereció una “sesión extraordinaria” cuando ya los senadores habían dado por concluidos sus trabajos, terminó por contaminar los acuerdos y entendimientos en la Cámara de Diputados. Lo que en los pasillos de San Lázaro llaman el “efecto Changoleón”, vino a dañar el diálogo y las negociaciones que ya tenía casi planchadas el coordinador morenista Ricardo Monreal, para garantizarle a la presidenta Sheinbaum un primer Informe de Gobierno terso e institucional el próximo lunes. Por ejemplo, el acuerdo que ya estaba casi terminado para que fuera el PAN, a través de su diputada Kenia López Rabadán, el que asumiera la presidencia de la Mesa Directiva de los diputados, ahora se está tambaleando por la presión que los grupos más duros de Morena comenzaron a ejercer sobre Monreal para que el oficialismo no entregue dicha presidencia a los panistas y que sea un morenista quien vuelva a ocupar esa posición, a pesar de la norma interna que obliga a la “presidencia rotativa” cada año de la legislatura entre las principales fuerzas políticas. Las formas de Fernández Noroña y su estilo autoritario, misógino y poco serio acabaron no sólo por provocar la violencia de que fue objeto por parte del senador priista, Alejandro Moreno, sino también por reventar el diálogo y los acuerdos en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que pone en peligro no sólo la elección de la nueva Mesa Directiva, sino también la tranquilidad en la entrega del informe por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Y es que desde hace un par de semanas, el coordinador morenista Ricardo Monreal había logrado pactar una sesión tersa abriendo las puertas incluso a la Secretaría de Gobernación e incluso a la misma Presidenta de la República para poder rendir su Informe en San Lázaro, para lo cual incluso se reunió con los coordinadores de los grupos parlamentarios y la propia secretaria de Gobernación en Bucareli, donde hasta Rubén Moreira ofreció respeto sin confrontar a la responsable de la política interna; pero ahora las cosas han cambiado y el zafarrancho que ocasionó Fernández Noroña en la última sesión de la Permanente el 27 de agosto y que lo llevó a una sesión caprichosa ayer 29 de agosto, en donde calentó los ánimos incluso al interior de Morena, hizo que voces como Leonel Godoy, Alfonso Ramírez Cuéllar, Gabriela Jiménez y Dolores Padierna busquen ahora romper la ley, con toda la impunidad que la 4T les brinda, manteniendo la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del sector más radical de Morena. Así que, por andar defendiendo al impresentable Noroña de los empujones y rasguños que le hizo Alito, los morenistas podrían generar un ambiente adverso para el primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum y hasta de la entrega previa que hará Rosa Icela. Y todo por el “efecto Changoleón”…Se baten los dados. Escalera y se cierra la semana. Buen descanso a los amables lectores.