El enojo y descontento de la 4T y de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la crítica en los medios de comunicación podría pasar de los reproches discursivos de todos los días en las mañaneras, a escalar a un tema de delitos legales en contra de periodistas, conductores y medios que cuestionen o critiquen al gobierno y que podrían ser acusados de “extorsión”, de acuerdo con la redacción del artículo 17 fracción V de la Ley de Extorsión aprobada la semana pasada por el Senado de la República y que se debate mañana martes en la Cámara de Diputados.
Entre las conductas que sanciona como “extorsión” la minuta de dicha ley, propuesta por la presidenta, menciona el uso de “medios de comunicación” con fines extorsivos, pero no aclara si los contenidos informativos y periodísticos están incluidos en las causales para agravar y aumentar la pena por el delito de extorsión. Dice textual el párrafo V del artículo 17: “Se utilicen medios de comunicación a través de los cuales se puedan realizar la emisión, recepción o transmisión de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza o cualquier otro medio de comunicación electrónica, así como a través del empleo del espacio radioeléctrico”.
Con esa ambigüedad y laxitud en su redacción, que se presta para cualquier tipo de interpretación, la labor informativa y crítica hacia las acciones de gobierno, que es parte de la misión y naturaleza de los medios y de los periodistas, podría ser calificada, por cualquier autoridad, funcionario, gobernante o persona pública que le moleste la crítica, como delito de “extorsión” y acusar a los medios o a los periodistas de lo que a partir de que se apruebe esta ley será considerado un delito grave que amerita cárcel.
Pareciera que desde las inundaciones que devastaron varias partes del país, luego las marchas y bloqueos de agricultores y campesinos, el asesinato de varios lideres sociales hasta el homicidio -político- de Carlos Manzo- y las marchas en varias plazas del país convocadas por la “Generación Z”, el discurso oficial en contra de los medios de comunicación se ha venido endureciendo y los cuestionamientos desde las conferencias presidenciales en contra de la difusión de lo que pasa en el país han subido cada vez más de tono al grado de sonar como amenazas a la labor de los medios.
Y es que el gobierno lleva más de un mes tratando de hacer contención de daños, pero no logra salir del brete ante las manifestaciones cada vez más frecuentes y visibles por la situación del país. Al contrario, a diario les aparece una crisis nueva y ante sus malos reflejos y falta de oficio positivo y mediático de buena parte del gabinete, nomás no logran avanzar en la agenda de la Presidenta y ella se convierte en el pararrayos de todos los errores de su equipo y, como tiene que contestar a todos los escándalos, la doctora ha endurecido y radicalizado su discurso contra medios de comunicación y opositores a su gobierno.
En la lógica de la presidenta, los medios que ejercen la critica y publican los escándalos de personajes de su movimiento, son parte de un “complot de derecha”, y basta que ella mencione a algún medio o periodista para que se les golpee desde cuentas y círculos oficiales, lanzando la maquinaria de influencers y locutores pagados por la 4T contra varios medios y periodistas.
Sin mencionar el caso particular de TV Azteca, que tiene con el gobierno una disputa fiscal y de narrativas, sobre el resto de los medios se endurecen los ataques del gobierno tanto en público como en privado porque, fuentes directas del Congreso, nos aseguran que durante su reunión de la semana pasada con las bancadas oficialistas de Diputados y Senadores de Morena, PT y Verde, la presidenta hizo fuertes comentarios y críticas sobre varios medios de comunicación.
En medio de ese ambiente cada vez más hostil hacia la prensa crítica, el día de mañana martes, se podría cruzar una peligrosa línea cuando la Cámara de Diputados se apreste a aprobar, en fast track y exentando trámites parlamentarios, la Ley de Extorsión, con todo y el “dulce envenenado” del Artículo 17 fracción V
Porque una cosa es la desesperación y la exigencia de toda la población mexicana para que se frenen las extorsiones que están fuera de control y que dañan desde empresas grandes, negocios pequeños, hasta familias en toda la República, y otra cosa muy distinta que, a partir de la “brillante” idea de alguien, se quiera usar la Ley de Extorsión para meter a medios y comunicadores a la cárcel, sin juicio de por medio, incluso con prisión preventiva oficiosa.
En dicho artículo 17, fracción V, de “Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión” se establece que se aumentará la pena de cárcel cuando para extorsionar “se utilicen medios de comunicación” (escritos o electrónicos), lo que podría referirse desde periódicos, revistas, radio y televisión, hasta portales en línea, plataformas y redes sociales. El dictamen que ya aprobó de prisa el Senado y mañana quieren aprobar los diputados, NO explica en ninguna parte cómo un medio de comunicación masivo puede extorsionar, a la luz de su labor pública y abierta.
Si a esto se agrega que el tipo penal en la ley de extorsión es muy ambiguo, pues sólo establece que es extorsión el “obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo” pero jamás menciona que para ello se requieran amenazas, violencia o intimidación, algo que sí aparece establecido en leyes similares de otros países como España, Canadá o Estados Unidos, la amenaza de acusar y encarcelar a periodistas y directivos de medios está más que latente cuando sus contenidos y reportajes no le gusten al poder.
De ese grave peligro ya alertó en un memorandum la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) que circuló entre sus afiliados un escrito que también envió al Congreso de la Unión, señalando los riegos para el periodismo en México con la actual redacción ambigua y peligrosa de la ley.
Porque al mencionar expresamente a los “medios de comunicación” como un canal para cometer extorsión y con una definición penal tan laxa, los ministerios públicos, incluidos los de los estados, podrán con toda facilidad acusar a “medios de comunicación” que sus coberturas críticas a políticos o candidatos son “extorsiones” y los meterán, en automático, a la cárcel. Así de fácil y de peligroso porque ya hemos visto los abusos y censura contra periodistas que con leyes y jueces a modo están cometiendo algunos gobernadores morenistas como los de Tamaulipas, Veracruz y Campeche.
La alerta no sólo se dio en la CIRT, también el pasado miércoles, en la votación en el Senado, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, alertó en tribuna de los errores y excesos de la ley de extorsión y propuso una reserva para acotar el citado articulo 17. Corral propuso que este artículo solo hiciera referencia a “plataformas o servicios de telecomunicaciones”, no medios de comunicación.
Pero, nos dicen, en la Presidencia de la República hubo resistencias al ajuste que pidió Javier Corral, por parte de un funcionario a quien en el Senado identifican como Carlos Frausto de la Consejería Jurídica por lo que el articulado prácticamente parece intocado y el dictamen aprobado no está en la página del Senado. Se maneja con mucha secrecía a pesar de lo relevante del tema, pero hoy lunes se espera que sea recibido por los diputados, para su votación mañana martes.
Por cierto, que fue también el senador Corral quien alertó de los abusos que, desde Presidencia, se hicieron en la Ley de Amparo y que se tuvieron que corregir. Pero lo ahora señalado por Javier Corral es gravísimo y no queda claro si los responsables de este articulado represor lo hicieron meramente por ignorancia o con la intención de sancionar a medios de comunicación y comunicadores que no les son afines.
En todo caso, la intención es lo de menos, porque si el articulado se aprueba tal cual lo avaló el senado, sin duda que podrá ser usado para acallar a medios de comunicación al acusarlos de realizar extorsiones, con un lenguaje ambiguo y tramposo y redactado en secrecía.
Ojalá la Presidenta Sheinbaum, que tanto repite –aunque sea de dientes para afuera— que en su gobierno “no hay censura, ni represión y se respeta la libre expresión”, demuestre que su discurso es real y le pida a la Cámara de Diputados que corrija este articulado censor, pues de lo contrario México quedará como una dictadura ante los ojos del mundo.
Sin duda en la 4T y en el gobierno hay sectores duros y radicales que quieren seguir usando el aparato del Estado contra los que no son afines ni piensan como ellos, pero utilizar un grave problema nacional que sangra a los mexicanos, como la extorsión, para esconder un articulado diseñado para encarcelar a periodistas críticos es algo inédito en México y confirma que detrás del discurso del “Bienestar” se esconde la construcción de un gobierno autoritario y dictatorial para el país.
NOTAS INDISCRETAS… Dicen que no hay plazo que no se cumpla y al polémico fiscal de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mójica, se le cumplió su plazo. Tras 7 años en el cargo, tres con el gobierno panista de Cabeza de Vaca y cuatro con el morenista Américo Villarreal, ha comenzado en el Congreso local tamaulipeco el proceso para elegir a un nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia estatal. Y varios aspirantes se han inscrito para ser evaluados por los diputados locales, entre ellos aparece el nombre de Paloma Guillén Vicente, actual diputada local por el PRI y exprocuradora de justicia estatal. Además de la hermana del subcomandante Marcos, aparecen también otros nombres entre los que destaca el que es mencionado como “favorito” para convertirse en el nuevo Fiscal de Justicia de Tamaulipas. Se trata de Willy Zúñiga Castillo, quien tiene formación como abogado penalista, con maestría y doctorado en curso, pero también preparación en temas policiacos. Tiene 48 años y ha tomado certificaciones del FBI y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde ha tomado cursos de entrenamiento táctico, operaciones de vehículos tácticos y habilidades en el manejo de armas cortas y técnicas de antisecuestro. Zúñiga Castillo ya fue director de la policía antisecuestros de Tamaulipas con el exgobernador panista Cabeza de Vaca, y en ese tiempo lo involucraron con irregularidades en el rescate de un secuestro, pero al final lo aclaró y disipó la acusación. Estuvo en la Ciudad de México en los últimos años y colaboró con Omar García Harfuch en temas de seguridad y con la entonces fiscal de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy. En el Congreso tamaulipeco se dice que quien resulte electo como fiscal tendrá que pasar al menos tres tres filtros: el visto bueno del gobernador, en este caso el morenista Américo Villarreal que es una tercera parte; otro filtro de las áreas de seguridad del gobierno federal, donde lo tienen que validar Omar García Harfuch y la consejera Jurídica, Ernestina Godoy, ese sería el otro 33%; pero la decisión que más pesa, nos aseguran, es que el nuevo fiscal tenga la validación de las agencias de seguridad de Estados Unidos, que por tratarse de una frontera estratégica, tanto en temas de comercio internacional como de seguridad y narcotráfico, necesita tener el aval de los Estados Unidos. Así que veremos quién llega de nuevo fiscal a Tamaulipas, aunque lo que se escucha en los pasillos de la mayoría morenista es que ya está listo el perfil que sustituirá al fiscal Irving Barros que ya se descartó para intentar reelegirse…Y a propósito del Congreso tamaulipeco, hace poco más de un año, el 16 de octubre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera que para ellos “un legislador no debe tener contratos públicos o de gobierno”. Lo comentó por el escándalo que entonces había desatado un diputado local del PT en el Congreso de Coahuila, de nombre Antonio Flores Guerra, que presumía tener contratos de gobierno y se paseaba en un auto Lamborghini de varios millones de pesos. Cuando le preguntaron en su mañanera por el ostentoso diputado de la 4T, la doctora fue clara y contundente: “Un legislador no debe tener contratos con el gobierno. Esa es mi opinión y hay que buscar si se puede legislar en torno a ello, porque se puede tomar como un conflicto de interés. Pueden ser empresarios y tener contratos con privados, pero no creo que un legislador o legisladora deba tener contratos con gobierno, incluso lo planteé para algunos casos de Morena porque había empresarios y yo dije, ‘bueno, se separan de su empresa’. Pues al parecer en el Congreso de Tamaulipas no le hacen mucho caso a lo que dice la presidenta porque nos llegó información del diputado Humberto Armando Prieto Herrara, legislador por Reynosa, cuya empresa Humanya Construcciones, SA de CV, que es de su padre José del Carmen Prieto Valenzuela, ha recibido al menos dos contratos recientes de obra pública por más de 8 millones de pesos. Se trata del contrato SOP-IF-AS-096-24P, pagado el pasado mes de marzo por la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas, por un monto de 3 millones 254 mil 354, por “trabajos de obras emergentes de dren sanitario, para el sistema de aguas residuales en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas”, y de otro contrato, el SOP-IE-MV-139 23P, que fue pagado por la misma secretaría estatal en febrero de 2024, por la cantidad de 4 millones 681 118 pesos, por concepto de “obras de revestimiento de concreto hidráulico de dren pluvial de Reynosa Poniente” en su primera etapa. Los dos contratos fueron pagados a la empresa Humanya Construcciones de la que el diputado Armando Prieto ha sido gerente administrativo en varias ocasiones, según lo publica él mismo en su CV oficial en la página del Congreso de Tamaulipas, donde dice que fungió como gerente de la empresa de su padre primero de 2011 a 2015 y después de 2015 a 2021. Dirán que se separó del cargo del negocio familiar y que por eso no hay conflicto de interés, pero está claro que la empresa de su padre sigue siendo beneficiada con contratos de gobierno mientras el hijo y exgerente de la compañía es diputado local. O sea que, como dijimos, nadie le hace caso a las prédicas moralistas de la presidenta y en Morena todos hacen como que hacen, simulan y se pasan las recomendaciones presidenciales ya sabe usted por donde… Los dados abren con Escalera. La semana promete.