La violencia narca y homicida que afecta a México sigue sin disminuir. Contrario a lo que indican las cifras oficiales sobre la seguridad, los asesinatos violentos, las extorsiones y el control de mercados agrícolas y productivos por parte del crimen organizado, están disparando la violencia y el descontrol en la producción de alimentos y cultivos mexicanos, lo mismo con el asesinato de empresarios y dirigentes agrícolas, que con el rechazo de los productores a la imposición de precios bajos a sus cosechas por parte de los cárteles delictivos.
Pero no es sólo el campo el que resiente la violencia criminal; también en la Ciudad de México, las venganzas violentas, los asesinatos de alto impacto y ahora hasta tiroteos en zonas populares, están generando la percepción de una violencia homicida que hace tiempo no se veía en la capital de la República, donde lo mismo asesinan a colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que matan a abogados y a otros personajes de alto perfil a plena luz del día, mientras las mafias de drogas y contrabando en Tepito cobran sus venganzas homicidas en medio de la gente que abarrota esa zona, cobrando también víctimas inocentes.
Tan sólo en la última semana asesinaron a dos productores citrícolas, en Michoacán y Veracruz, Bernardo Bravo y Javier Vargas Arias, ambos ejecutados por comandos armados por oponerse al cobro de derecho de piso, pero también por negarse a pagar los bajísimos precios que las mafias criminales les quisieron imponer a sus cultivos de limón, en el caso michoacano, y de naranjas en el caso del empresario de Álamo Temapache, en el norte veracruzano.
En ambos casos no queda duda alguna de que el sicariato del narco, ahora también metido en el control y extorsión de la producción y los precios de los productos agrícolas, está actuando con total impunidad, ante la incapacidad y la indolencia federal y estatal, para proteger a los productores agrícolas, que hoy están, ya no solo bajo el asedio y el cobro de derecho de piso, sino que además, están siendo obligados a vender sus cosechas a los grupos del narco, a precios tan ridículos y absurdos como el de 3 a 6 pesos por un kilo de limón.
¿Qué está haciendo la Secretaría de Agricultura, a cargo del académico Julio Berdegué para apoyar a los productores agrícolas que hoy ven mermadas sus ganancias por el coyotaje y la intermediación, ahora controladas también por el crimen organizado, además de las extorsiones que tienen que pagar al crimen para poder producir y cosechar varios de los alimentos básicos que consumen los mexicanos? Hasta ahora el tema parece no interesarle al doctor en ciencias y flamante titular de Agricultura que ni siquiera se ha pronunciado por el acoso y los asesinatos que hoy viven los productores agrícolas del país.
Y mientras el campo arde por la violencia narca, a tal grado que en Michoacán ya se vuelve a hablar de grupos de productores a que se están armando como autodefensas para defender su derecho a trabajar, producir y recibir un pago justo por sus cosechas, ante la inacción de las autoridades federales y estatales. Fenómenos no atendidos como la violencia que afecta a los productores citrícolas y aguacateros en Michoacán, Guerrero o Veracruz, pueden revivir problemas como el de las autodefensas armadas que se creían ya superados.
Pero no es sólo la actividad agrícola la que resiente una ola de violencia, asesinatos y extorsiones. En plena capital de la República, las ejecuciones a plena luz del día de personajes de alto perfil, lo mismo abogados, que estilistas o de cantantes extranjeros han generado preocupación e indignación en la sociedad capitalina. Las cifras que apenas presumió en su primer informe la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, contrastan y chocan con varios crímenes de alto impacto de figuras públicas que ocurren en zonas muy transitadas y vigiladas.
El asesinato del abogado David Cohen, a quien ejecutaron el pasado 13 de octubre justo en las escalinatas de la llamada “Ciudad Judicial”, un sitio con fuerte presencia policial, a manos de sicarios que cobrarían 30 mil pesos, causó conmoción y exhibió fallas graves de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a cargo de la fiscal Bertha Alcalde, por haber manipulado las investigaciones iniciales y presentar como el autor de los disparos a un joven que en realidad era ayudante del sicario asesino que huyo del lugar, según revelaron después los videos captados por cámaras de seguridad en el lugar.
Un par de semanas antes, el 29 de septiembre, en plena avenida Masaryk, sicarios armados dispararon contra el famoso estilista Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, quien fue asesinado justo a las puertas de su negocio en la exclusiva avenida de Polanco, una de las zonas más vigiladas de la Ciudad de México. Apenas unos días antes, también en Polanco, habían desaparecido dos cantantes de origen colombiano, Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, quienes después de seis días fueron encontrados asesinados y sus cuerpos desmembrados en el Estado de México, en una clara venganza del crimen organizado que opera impunemente en la capital.
Para completar la violencia de alto impacto que vive la CDMX, el 1 de octubre asesinaron a un mando policíaco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el jefe del sector Tlatelolco, José Jacinto Ponce, quien fue baleado en el municipio de Chalco al robarle su motocicleta.
Toda esa situación de violencia homicida de alto perfil comenzó el pasado 20 de mayo de 2025 con el asesinato de dos de los colaboradores de mayor confianza de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La ejecución aquella mañana de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y jefe de asesores de Brugada, respectivamente, parece haber sido el aviso de lo que se vendría en los siguientes meses en los que, con una investigación aún inconclusa y sin avances importantes para saber quiénes y por qué asesinaron a dos integrantes del círculo cercano de la gobernante capitalina, la impunidad parece ser una de las causas del descontrol que vive la ciudad capital.
Y es que en materia de crimen organizado, la CDMX parece vivir de nuevo un descontrol ante los cárteles y bandas criminales capitalinas que asesinan a plena luz del día sin que parezca haber una estrategia eficaz para contenerlos en el gobierno capitalino.
Estos crímenes de alta visibilidad han reventado la sensación de seguridad en la capital, a pesar de que la administración local habla de “disminución de la incidencia en delitos de alto impacto” la impunidad vuelve a ser el factor clave que intensifica la percepción de inseguridad, ya que muchos de esos casos quedan sin resolverse completamente en cuanto a los autores intelectuales. Y el hecho de que esto homicidios ocurran en zonas altamente vigiladas, hace que se cuestione si realmente están funcionando las estrategias de seguridad en la Ciudad de México.
NOTAS INDISCRETAS… En el año 2020, los empresarios El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la Fiscalía General de la República bajo un criterio de oportunidad que les otorgó el fiscal Alejandro Gertz Manero y los libró de una causa por lavado de dinero y del fraude al Infonavit. Incluso, aquel cheque por 2 mil mdp, hecho en grande y de cartón, fue presumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Sin embargo, ese perdón a los El Mann no cubría las operaciones que hoy son investigadas. El expediente FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020 de la Fiscalía General de la República (FGR) tiene nuevamente a los hermanos Moisés, Max y André El Mann Arazi, también directivos de Fibra Uno, junto con Teófilo Zaga Tawil y su entramado empresarial, acusados de un presunto fraude superior a mil millones de pesos en agravio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El presunto desfalco habría ocurrido a través de la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V., de la cual eran propietarios, cada uno con su respectiva firma: E-Group (de los El Mann) y Grupo Zarte Internacional (de Zaga Tawil). Las autoridades investigan una serie de triangulaciones financieras. El 28 de febrero de 2018, la CFE transfirió 379 millones de pesos como anticipo a Powergreen Technologies, parte de un contrato valuado en más de mil millones. Minutos después, las empresas vinculadas —E-Group y Grupo Zarte Internacional— liquidaron créditos y vendieron sus acciones a ICHM Importadores y JPL Manufacturas, sociedades con capitales mínimos de 50 mil pesos y sin la estructura necesaria para sostener el proyecto, dejando el contrato en riesgo de incumplimiento. De acuerdo con la FGR, el dinero habría terminado cubriendo un supuesto préstamo con Credit Suisse (Contrato 101424.840.01), instrumentado por André El Mann y Zaga Tawil, con la ayuda del banquero Víctor Tsutsumi, quien más tarde migró a Morgan Stanley, donde abrió y administró cuentas de Powergreen y Telra Realty en Nueva York. Estos movimientos podrían formar parte de un esquema de triangulación destinado a ocultar el origen de recursos presuntamente desviados de la CFE y del Infonavit. La historia no se detiene ahí. En agosto de 2025, la UIF solicitó a la CNBV toda la información bancaria de los implicados desde 2015, mediante los oficios SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354, rastreando transferencias internacionales y operaciones que podrían encajar en un patrón de triangulación de recursos públicos. En paralelo, la FGR analiza si el contrato de suministro 700490362, firmado el 4 de diciembre de 2017, fue simulado, ya que no existe evidencia de entrega física de los equipos comprometidos. La Fiscalía también reportó inconsistencias en el objeto social y en las operaciones de la compañía, además de que Powergreen compartía domicilio con Telra Realty, empresa señalada en el caso Infonavit. En la estructura corporativa de Powergreen, Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil integraron el Consejo de Administración y designaron como director general a Alberto Sacal El Mann, encargado de la administración de cuentas y de garantizar la entrega de equipos a la CFE. Veremos si esta vez los empresarios también logran librar estas investigaciones pagando… Los dados mandan Escalera Doble. La semana promete.