Un país que deja de invertir renuncia, literalmente, a su futuro. Hasta septiembre, la inversión física del sector público federal había caído 32.5% en términos reales, y sólo en ese mes se desplomó 21%: los datos más recientes de la Secretaría de Hacienda deberían preocuparnos a todos porque no son aislados sino señal clara de que estamos comprometiendo la viabilidad material del país.
Desde hace siete años, la inversión pública ha sido la variable de ajuste del presupuesto, sacrificada para cubrir el crecimiento inercial de pensiones y del costo financiero de la deuda. No es que invertir en pensiones esté mal; el error es que el país haya decidido hacerlo a costa del futuro de quienes aún no nacen. Es una injusticia intergeneracional que se agrava cada año.
La tendencia es sostenida. Tras el pico de inversión de 2023, el nivel proyectado para 2025 retrocede a cifras comparables a las de 1999–2001. El presupuesto 2026 propone un aumento marginal incapaz de revertir el deterioro. Y Hacienda anticipa que entre 2028 y 2031 la inversión pública se estabilizará en apenas 2.2–2.3% del PIB.
Mientras tanto, los indicadores privados reflejan la misma inercia negativa. En agosto de 2025, la formación bruta de capital fijo cayó 2.7% mensual y 8.9% anual, sumando un año completo de retrocesos interanuales. No hay economía que crezca con números así.
A esto se suma una restricción estructural: México recauda muy poco. Somos el país con menor recaudación de América Latina y ni siquiera alcanzamos la mitad del promedio de la OCDE. Con una recaudación tan baja, es imposible sostener infraestructura moderna, financiar servicios públicos de calidad o impulsar nuevas capacidades productivas.
La Presidenta recibió una economía con el peor crecimiento sexenal en un siglo, apenas 0.9% entre 2019 y 2024, y con una deuda creciente. La restricción al gasto público –y en particular a la inversión– se ha convertido en el principal obstáculo para alterar esa trayectoria. No es posible pedir dinamismo económico a un Estado que invierte tan poco.
Si México quiere cambiar de rumbo, necesita una decisión seria: elevar la inversión pública a al menos 4% del PIB, idealmente entre 5% y 6%, como lo han hecho países que han logrado impulsar su desarrollo. Para ello, debemos animarnos por fin a discutir una reforma amplia y progresiva a la hacienda pública que permita alcanzar niveles de recaudación similares a Costa Rica (25% del PIB) antes de que termine el sexenio, y acercarnos al 30% del PIB –como Brasil– hacia 2036.
La infraestructura es la base mínima del desarrollo. Sin inversión pública suficiente, la pregunta no es si creceremos menos, sino cuánto más nos seguiremos rezagando.
Economista. @Chertorivski