El Informe Internacional sobre la Seguridad de la IA 2025 presenta un dato contundente: los avances de la inteligencia artificial (IA) de propósito general son tan rápidos que incluso los propios expertos no logran prever hasta dónde llegarán en los próximos meses. Modelos como el recientemente anunciado o3 han mostrado capacidades de razonamiento que superan a muchos especialistas humanos en áreas tan complejas como matemáticas y programación.
No se trata de ciencia ficción: hablamos de tecnologías que en cuestión de años –o quizá meses– transformarán sectores completos, desde la salud y la educación hasta la seguridad nacional. El informe es claro: los beneficios son enormes, pero también los riesgos. Estafas digitales, sesgos, violaciones de privacidad, hackeos y hasta amenazas biológicas podrían escalar si los Estados no toman decisiones de política pública con rapidez.
Lo preocupante es que mientras 30 países, la ONU, la OCDE y la Unión Europea ya discuten cómo anticipar y gestionar estos riesgos, México sigue ausente del debate serio. Nuestro país necesita una política de Estado sobre inteligencia artificial para preparar a la nación en los desafíos de la era digital.
La paradoja es cruel: mientras en foros internacionales se habla de marcos regulatorios, transparencia algorítmica y derechos ciudadanos en la era de la IA, en México seguimos sin garantizar siquiera medicinas en hospitales o seguridad en las calles. Pero el tiempo corre, y si no diseñamos pronto una agenda propia, no solo nos quedaremos como consumidores pasivos de tecnología extranjera, sino que arriesgaremos nuestra democracia.
Porque la IA no solo es una cuestión técnica: es un asunto democrático. ¿Quién controla los algoritmos que influyen en la opinión pública? ¿Quién regula su uso en campañas electorales? ¿Quién garantiza que no se conviertan en instrumentos de manipulación masiva o de vigilancia política? El informe internacional advierte que, sin controles, la IA puede ser usada para erosionar libertades y concentrar poder. Y aquí México ya enfrenta una democracia debilitada, donde las instituciones autónomas han sido minadas y el gobierno ha preferido callar críticas en lugar de debatir ideas.
El futuro global está siendo orientado por la economía digital y México no debe quedarse al margen de esa dinámica porque estaríamos limitando las condiciones para el crecimiento económico nacional y las oportunidades de éxito y prosperidad individual en nuestra población económicamente activa, la presente y la futura.
El riesgo, entonces, es doble: perder competitividad económica frente a países que sí invierten en innovación, y al mismo tiempo poner en jaque las libertades de los ciudadanos. Un país que renuncia a tener voz en el diseño del futuro digital es un país que se condena a importar desigualdad, dependencia y autoritarismo tecnológico.
México necesita un pacto digital democrático. Uno que asegure inversión en ciencia y educación, que proteja derechos frente al poder de los algoritmos, y que impulse una cooperación internacional seria. Tal y como ocurrió en el siglo XIX, cuando la industrialización obligó a crear nuevos pactos sociales, la era de la inteligencia artificial exige hoy instituciones fuertes, regulaciones claras y una ciudadanía empoderada.
De lo contrario, mientras el mundo diseña su futuro, México seguirá atrapado en la retórica de la “transformación” que mira más al pasado que al porvenir. Y en la historia, quedarse callado frente a las revoluciones tecnológicas nunca ha salido barato.
Senador de la República por Yucatán
