Luis Spota, en Las grandes aguas, mostró que detrás de cada obra hídrica hay tensiones humanas que van más allá de los planos y los cálculos. En este libro, la construcción de una presa es más que un proyecto, es un escenario donde convergen miedos, sacrificios y decisiones que pesan sobre comunidades enteras.
El protagonista se mueve entre el deber técnico y el deber moral. Cumplir al pie de la letra o escuchar a las comunidades que podrían perderlo todo. Ese dilema constante entre eficiencia y justicia es el corazón de la novela. Al final, lo que Spota deja claro es que el agua nunca es solo agua: es historia, territorio, poder y vida.
Con la expedición de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, volvemos a estar frente a un dilema parecido, porque no se trata únicamente de redactar artículos o ajustar reglamentos, sino de ser un país que entiende al agua como un derecho humano irrenunciable, no como mercancía.
En México, abrir la llave y esperar que salga agua debería ser algo tan natural como respirar. Pero para millones de familias esa acción cotidiana se vuelve un acto de suerte, casi de fe. Entre sequías, infraestructura caduca y una gestión fragmentada, este derecho humano sigue siendo un reto pendiente. Por eso, las reformas aprobadas recientemente en la Cámara de Diputados no son un asunto técnico, sino una apuesta por corregir una injusticia histórica.
Durante semanas, sostuvimos un diálogo abierto con personas productoras, industriales y académicas, así como con organizaciones civiles y voces de todos los rincones del país. No fue trámite, no fue simulación; escuchamos, debatimos y ajustamos.
En un tema tan sensible, la única salida responsable fue construir acuerdos. Con ese espíritu, enriquecimos la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien puso sobre la mesa la ruta clara de proteger el agua como bien social, no como botín privado.
Junto con las y los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, revisamos artículo por artículo para que la ley respondiera a una realidad diversa y desigual. México no vive el agua de la misma manera, pues hay tanto ríos desbordados como pozos secos; hay industria con infraestructura de punta y comunidades que siguen acarreando cubetas.
Por eso, las reformas fortalecen la gestión comunitaria y dan voz a quienes históricamente han sido los primeros guardianes de ríos, manantiales y acuíferos: los pueblos y comunidades.
Y uno de los avances más importantes es el reforzamiento del agua como derecho humano. Esto significa que el Estado deberá priorizar a quienes viven en mayor rezago; cerrar brechas; asegurar calidad y cantidad suficientes, y reconocer que sin agua no hay salud, educación ni bienestar. Para esto se creará un fondo de reserva de aguas nacionales, que garantizará disponibilidad en el largo plazo.
También se actualizó la regulación de delitos hídricos. El robo y la alteración de agua no pueden tratarse como faltas menores, pero tampoco debemos criminalizar actividades domésticas o agrícolas de subsistencia; así que las sanciones ahora serán más claras, proporcionales y enfocadas en los casos.
Otro punto clave es la simplificación administrativa. La creación del Registro Público Nacional del Agua permitirá trámites más rápidos, menos opacos y más accesibles; además, ayudará a que miles de personas puedan poner en orden su situación sin caer en laberintos burocráticos.
Asimismo, las reformas mantienen la prohibición de desechar residuos mineros en cauces federales y regulan con mayor claridad los volúmenes del fondo de reserva. Es decir, se cuida la sustentabilidad sin frenar el aprovechamiento responsable y, sobre todo, se incorporan acciones específicas para proteger a las comunidades más vulnerables.
Pero hay que señalarlo con claridad: la ley, por sí sola, no resuelve nada. El papel todo lo soporta, pero las tuberías no. Las reformas son como abrir la llave y ver un chorrito; dan esperanza, pero falta presión para llenar la cubeta. El reto verdadero está en la implementación, es decir, en que los gobiernos locales se coordinen, que haya recursos suficientes y que la población participe de manera activa.
Imaginemos por un momento que el agua es como la piñata de una fiesta: todas las personas quieren pegarle, todas esperan turno. Pero sin reglas claras, unas terminan llevándose todos los dulces y otras se quedan con las manos vacías.
La ley aprobada busca precisamente lo contrario: una distribución justa, que nadie se quede sin dulces y, sobre todo, que nadie se adueñe de la piñata. Ese es el corazón de la reforma, equidad en el acceso, justicia en el uso y sostenibilidad en el futuro.
México está en un momento crítico. Entre cambio climático, sequías prolongadas y aumento en la demanda, no podemos seguir administrando el agua como si fuera infinita. Estas reformas son un paso firme, necesario e impostergable. No el último, pero sí uno que establece el rumbo por seguir.
Coordinador de los diputados de Morena
X: @RicardoMonrealA