La embestida del presidente Trump en contra del gobierno de México, -al declarar que en nuestro país gobiernan los cárteles-, refleja el endurecimiento de la guerra que el gobierno de Estados Unidos ha emprendido en contra de dichos grupos delincuenciales.
Evidentemente es una declaración que magnifica una situación que todos conocemos dentro del país.
Sin embargo, el asesinato de dos importantes líderes en el mercado de cítricos, -en dos regiones distantes del país-, pone en evidencia la gravedad del delito de extorsión y la impunidad que viene aparejada.
La vulnerabilidad del Estado Mexicano frente a la delincuencia organizada es evidente en varias regiones del país y ésto, desde hace muchos años. En varias zonas del país, -principalmente las ubicadas en el denominado “Triángulo”, donde convergen Michoacán, Guerrero y el Estado de México-, el Estado Mexicano ha perdido la gobernabilidad.
La delincuencia tiene controlada de forma total y absoluta la vida de los ciudadanos. Controla la economía, fija precios de productos y servicios básicos como pollo, huevo y tortillas, entre otros, y cobra cuota a productores, distribuidores y comerciantes, encareciendo artificialmente el costo de la canasta básica.
Además de extorsionar imparte justicia a su modo, cobra por dar permisos para realizar fiestas familiares, como si fuera un gobierno paralelo, pues tiene sometidas a las autoridades legítimas emanadas de procesos electorales democráticos.
La respuesta gubernamental desde la Federación siempre ha sido reactiva. Da golpes puntuales a través de detenciones individuales, pero sin una estrategia de fondo en contra de las organizaciones delictivas, que simplemente sustituyen a las personas que son dadas de baja.
Aún recordamos cuando Peña Nieto envió a Alfredo Castillo, -en 2014-, como su “comisionado para la seguridad en Michoacán” con la encomienda de frenar la extorsión en ese estado. Sin embargo, fue relevado un año después sin haber logrado su objetivo, pero dejando la seguridad en manos de grupos de autodefensas, de los cuales tiempo después surgieron otros grupos delincuenciales.
Desde ese entonces la extorsión a limoneros y aguacateros de ese estado se ha consolidado.
Es evidente que no ha habido voluntad política para desactivar a esas redes delincuenciales, como tampoco ha sucedido en Guerrero.
Las autoridades locales, -presidentes municipales-, tradicionalmente han negociado con esos grupos generadores de violencia y control desde una posición de vulnerabilidad, pues desde el centro del país no han recibido protección y han tenido que someterse a las instrucciones de estos grupos.
Parece ser que el gobierno considera que con que haya rondines de la Guardia Nacional, el delito desaparece.
Sin embargo, no se realizan acciones contundentes para desarticular estructuras delincuenciales. El CISEN debiese realizar actividades de inteligencia pues tiene la infraestructura para hacerlo. A su vez, las Fuerzas Armadas también tienen los medios para investigar y lo hacen, pero… ¿Por qué no hay acciones?... y la UIF, que investiga la ruta del dinero, ¿A quiénes investiga?
¿Por qué hasta que surge el escándalo por el asesinato de Bernardo Bravo, -el líder de los limoneros de Apatzingán-, es cuando se instrumentan acciones por parte de las autoridades?
Gobiernos tolerantes con el crimen organizado evidencian insensibilidad, displicencia y desinterés por el drama que se vive en muchas regiones del país, donde incluso los habitantes de las comunidades rurales son atacados con drones para que abandonen sus tierras.
Michoacán, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, tienen regiones donde quien impone sus leyes es el crimen organizado y la autoridad legítima no gobierna, pues se somete a los criminales.
La extorsión a taxistas y transportistas en Guerrero es continua. Aún se recuerda el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, -Alejandro Arcos-, de quien se encontró la cabeza en el toldo de un automóvil y su cuerpo en el asiento del copiloto. Apenas tenía seis días en el cargo.
El que haya soldados haciendo rondines, o la Guardia Nacional, -como simples espectadores-, no resuelve la inseguridad ni el delito.
¿Por qué no hay investigación preventiva? En las zonas donde hay actividad delincuencial todos identifican a sus agresores y saben dónde localizarlos… excepto la legítima autoridad.
LA CALIDAD LEGISLATIVA
El descubrimiento de Cuauhtémoc Blanco jugando “pádel” mientras en modo “on line” participa en una votación en la Cámara de Diputados, así como a Adán Augusto López Hernández viendo un partido de fútbol en su curul mientras sus compañeros discuten antes de una votación, describe la crisis legislativa de MORENA.
¿Con qué calidad de tiempo nuestros legisladores de MORENA toman decisiones si los vemos distraídos? ¿Habrán analizado el documento sometido a votación… o simplemente reciben instrucciones?
LA ESTRATEGIA MIGRATORIA DE USA
El número de expulsiones, -por razones migratorias-, en Estados Unidos está muy lejos de las cifras prometidas por el presidente Trump durante su campaña. Sin embargo, su estrategia ha sido muy exitosa, pues ha frenado la migración que inicia desde Centroamérica. Las caravanas migrantes que recordamos durante el gobierno del presidente López Obrador ya no se están organizando en nuestra frontera sur. La estrategia mediática ha funcionado.
La difusión mediática de los abusos en contra de los derechos humanos durante las detenciones, -dentro de territorio norteamericano-, ha sido una estrategia disuasiva, que ha generado miedo.
Las acciones del presidente Trump siempre están llenas de significados, pretendiendo generar reacciones emocionales de alto impacto en los destinatarios de sus mensajes.
LA CORTINA DE HUMO
Que el delito de “huachicol fiscal” se pudo realizar porque tuvo la complicidad de empresas norteamericanas, es evidente y es justo que la presidenta Sheinbaum lo denuncie. Sin embargo, esperemos que esta nueva interpretación no se convierta en una cortina de humo de tipo “patriotero” para desviar la atención de lo gravísimo de este caso en nuestro país, -tanto por lo escandaloso del monto de lo defraudado al erario nacional-, como por los nombres señalados como los autores intelectuales y beneficiarios de este monumental desfalco, que se estima esté entre los 200 mil millones de pesos y los seiscientos mil.
Este caso debe llegar hasta sus últimas consecuencias, pues parece ser que la operación de los hermanos Farías es solamente la parte visible del iceberg. Un desfalco de tal tamaño con toda seguridad rebasa el ámbito de responsabilidad de los dos funcionarios antes mencionados, -quienes por ser parte de la Armada de México-, representan un asunto grave, que de ningún modo mancha la honorabilidad de esta prestigiada institución. Sin embargo, la presunción de quienes podrían estar por encima como autores intelectuales, representa un escándalo de magnitud internacional.
El portal “Código Magenta”, -que dirige Ramón Alberto Garza-, ofrece indicios que deben ser investigados a fondo, aunque sus consecuencias podrían cimbrar políticamente a México.
Es imposible pretender tapar el sol con un dedo.
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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross