México vive una crisis moral, en lo político y en lo social. Cuando en el ámbito político los protagonistas no pueden lanzar “la primera piedra” en contra de sus adversarios sin el riesgo de generar el efecto boomerang, -que se les revierte-, es porque significa que vivimos una crisis moral, donde gobierno y oposición carecen de sustento ético frente a la percepción de grandes sectores de la población preocupados por lo que hoy vemos.
El pasado de muchos de quienes hoy ejercen el poder es impresentable moralmente. Sin embargo, en la oposición están casi igual, y ya carecen de credibilidad y representatividad.
Es cierto que durante el gobierno peñista se gestó la “estafa maestra” y esto es inaceptable, pero en éste se toleró la estafa a Segalmex y no ha sucedido nada, no ha habido consecuencias para quienes la toleraron.
Es cierto que el caso García Luna es un escándalo, pero el caso de Bermúdez y la “Barredora” es de este gobierno y se detonó este año, -y sin embargo-, ya se le dio la “vuelta a la hoja” y se le perdonó al senador Adán Augusto López su tolerancia frente al crecimiento de este cártel, mientras día tras día, -desde lo más alto del gobierno-, se sigue recordando al pueblo que el presidente Calderón cerró los ojos frente a las acusaciones que debió haber recibido respecto a la conducta delictiva de García Luna.
Los fariseos de MORENA y la 4T arroparon al senador Adán Augusto López frente a las acusaciones del actual gobernador de Tabasco, quien denunció la existencia de este grupo delincuencial tolerado por gobiernos anteriores.
Evidentemente hay gente honorable en la política, pero que carece de carisma popular, -y además-, se ve frenada por sus propios valores morales y éticos, que se convierten en una camisa de fuerza que les limita. En cambio, los otros, -los inmorales-, pueden llegar hasta el cinismo de negar lo evidente y mentir sin remordimiento. Cuando algo se sale de control se blindan con el poder y hoy, -con un entorno jurídico a modo-, pueden hasta tergiversar la verdad.
El caso de Pío López Obrador, -quien está demandando a Loret por 200 millones de pesos por daño moral por haber difundido unos videos donde él aparece de forma muy comprometedora-, merece una gran reflexión.
Lo que pasó entre Fernández Noroña y Alito cuando se liaron a golpes en la tribuna del Senado, refleja nuestra crisis: quien ganó el round mediático y popular fue el “menos peor” de los dos, o sea Alito.
Para consolarnos podemos decir que esta crisis es un fenómeno global y como ejemplo tomemos el caso de la lista de amigos y cómplices del magnate depredador sexual Epstein, en Estados Unidos.
Sin embargo, dejemos de victimizarnos y veamos para adelante.
De seguir todo igual que hoy, la elección del 2030 la ganará el menos peor, -y para que gane la oposición-, tendrán que reconocer sus errores y pifias y simplemente ofrecer llevar al país a los niveles de institucionalidad que antes del 2019 nos permitían soñar con un mejor país para nuestros nietos.
La crisis moral de nuestra sociedad inicia con la aceptación de conductas inaceptables, como la utilización de acordeones para dirigir la intención del voto de un electorado desinformado, -hacia donde quienes crearon este instrumento de manipulación-, querían llegar.
La “ley de las probabilidades”, -pilar de la estadística como herramienta de investigación-, destruye la credibilidad de cualquier intento de justificación de los “acordeones”, opine quien opine, desde lo más alto de la pirámide del poder.
Sin embargo, la indiferencia termina siendo el pecado social por el que los mexicanos pagaremos un alto precio, en oportunidades perdidas, en falta de desarrollo que impactará negativamente la calidad de vida y la pérdida de nuestra democracia, que se derivará de lo que pretende hacer MORENA en el Congreso para apoderarse del sistema electoral, -con la nueva reforma constitucional-, que significará “el último clavo del ataúd” para nuestra democracia.
Lo sucedido con las reformas constitucionales realizadas desde 2019 hasta el presente, y lo que falta, representa un salto hacia el pasado, -hacia la época del presidente Zedillo-, cuando el IFE se volvió autónomo en agosto de1996.
¿COLABORACIÓN INSTITUCIONAL?
Entre la colaboración institucional anunciada por los tres poderes autónomos del Estado Mexicano, -que con su propia independencia deben generar contrapesos y equilibrio-, y la dependencia de los otros dos respecto del Poder Ejecutivo, hay sólo una muy delgada y fina membrana que les separa. La fotografía publicada con un mensaje que destaca la nueva era de colaboración entre los tres Poderes de la Unión, tiene un gran significado de cara al futuro.
La “colaboración institucional” es un argumento elegante utilizado por el presidente de la SCJN para reconocer que entrega el “bastón de mando” a la presidenta, “para cuando lo necesite”.
Aún resuena el reconocimiento por parte del presidente López Obrador para el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, quien siempre estuvo receptivo a sus sugerencias y peticiones, cuando la naturaleza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige que no se reciban interferencias por parte del Poder Ejecutivo
LA ADMINISTRACIÓN DE LA POBREZA
Una noticia importante del informe presidencial rendido por la presidenta Sheinbaum es la reducción de la pobreza.
Sin embargo, esto tiene sus interpretaciones.
¿Qué sucedería con las familias que recientemente superaron el nivel de pobreza a través de los programas “de bienestar”, si por alguna situación se les retirasen los apoyos? Seguramente regresarán a la pobreza. Eso quiere decir que esta interpretación es una falacia política más que una verdad económica.
La gente sale de la pobreza cuando lo hace definitivamente y deja de depender de la ayuda gubernamental. La superación de la pobreza implica libertad económica absoluta.
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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross