Como balde de agua helada cayó a los vendepatrias el resultado de la primera visita a México del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los “polkos” de hoy (émulos de aquellos que en 1847 respaldaron la invasión militar ordenada por el entonces presidente estadounidense James Polk, que devino en el robo de la mitad de nuestro territorio), quienes claman desde filas panistas, priistas y de grupos de la ultraderecha por otra incursión estadounidense no solo, como argumentan, para enfrentar a los poderosos cárteles de la droga, sino para, se infiere, derrocar al gobierno que encabeza Morena, debieron haber escuchado con la furia y la estridencia que los caracteriza, el pronunciamiento público del jefe de la diplomacia estadounidense, casi inesperado por venir de un perfil tan conservador como el de él:
“Jamás en la historia de ambos países ha habido un nivel de cooperación como el que hemos alcanzado en este momento… que respeta la integridad y soberanía de ambos países, pero que a la vez ha llevado a resultados concretos”.
Y por si hubiera duda, Rubio declaró ayer, ya en Ecuador (segundo y último país de su gira), que los ataques militares al narco en “países amigos” no son necesarios.
Sheinbaum, a pesar de sus desencuentros con Trump, de la declaración en la que el estadounidense afirma que México está bajo el control de los cárteles y que su Presidenta les tiene miedo, de sus amagos intervencionistas y de la escalada militar contra Venezuela en el Caribe, se salió con la suya al dejar claro su compromiso de cooperación plena contra los cárteles de la droga, pero sin subordinación y con respeto a la soberanía y a la integridad territorial.
La Presidenta rescató además una vía que parecía agotada, la de la diplomacia, aunque del encuentro no haya surgido una fecha cercana para el encuentro personal de Sheinbaum y Trump, y obtuvo el reconocimiento de que su estrategia de seguridad funciona.
Los dos países acordaron crear un grupo de alto nivel para dar seguimiento a las “acciones inmediatas” que se tomarán para desmantelar al crimen organizado transnacional, reforzar la seguridad en la frontera y regular el tráfico de la migración y de armas.
No informaron de esas “acciones inmediatas” que normalmente se puntualizan en los documentos públicos y privados que resultan de ese tipo de encuentros. En ellas, a no dudarlo, debe de estar lo que cedió México.
Según se ha podido saber, Washington pidió más rigor contra la corrupción política e hizo algunas peticiones de índole comercial con un llamado a que México elimine medidas proteccionistas tomadas por los gobiernos de la 4T contra el T-MEC, señaladamente lo que en su opinión es una política energética regresiva que favorece a Pemex y a la CFE y el control estatal del litio, entre otras.
El resultado del encuentro Sheinbaum-Rubio seguramente abonará a la alta aceptación ciudadana de Sheinbaum, quien también ganó puntos con su primer informe de gobierno. Ella destacó logros, aunque evitó hablar de problemas que persisten, y no le abrió la puerta a la autocrítica.
Todo indica que si Sheinbaum tiene que enfrentar por delante un problema de gobernabilidad, éste tendrá que ver con la percepción muy generalizada de que sigue subordinada a AMLO y de que enfrenta al fantasma del “maximato”, lo que el ánimo popular retoma de esta frase de los tiempos de Plutarco Elías Calles: “… aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente”.
Urge a la Presidenta un deslinde, con decisiones contundentes.
Instantáneas:
1. ESCÁNDALO EN EL EDOMEX. El conflicto por un contrato de licitación en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) ha expuesto una alarmante situación de presiones y abusos de autoridad por parte de la secretaria de la Contraloría de la entidad, Hilda Salazar Gil. La dependencia, al parecer, utiliza su poder para forzar la adjudicación de un contrato a la empresa Centrum Promotora Internacional a pesar de que no cumple con los requisitos técnicos de la licitación. La compañía, cuyo operador político es el priista Guillermo Zamacona, ha obtenido contratos por casi mil 800 millones de pesos durante los últimos doce años y cobrado, incluso, servicios no prestados. Su propuesta para el nuevo contrato es cuestionable: un descuento del 40 por ciento después de años de subir precios y no renovar equipos obsoletos. La oferta fue rechazada, pero la Contraloría, tras recibir la inconformidad de Centrum, no solo ordenó reponer el procedimiento, sino que, al no obtener el resultado deseado, intensificó las presiones. Funcionarios del ISSEMYM han sido multados y amenazados con destitución, en lo que se considera un acto de revanchismo político. El caso está en manos del Tribunal de Justicia Administrativa, pero la Contraloría se mueve con todo para imponer su voluntad.
2. AUTORITARISMO EN ACAPULCO. Mediante oficio, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, ordenó el cierre los días 11 y 12 de septiembre próximos de comercios establecidos donde se montará el escenario para realizar su informe de gobierno. La instrucción contiene la amenaza de que, si no se acata la disposición, les iniciarán procesos administrativos sancionadores. A la edil no le importa causar daño al comercio de una ciudad que se esfuerza en recuperarse tras los embates de los huracanes “Otis” y “John”, porque para ella es más importante "mostrar su músculo político". La morenista Abelina López, sin respeto alguno a los llamados de austeridad de su partido y la presidenta Sheinbaum, pagó 300 mil pesos por las fotos "oficiales" con las que promueve su informe de gobierno. Total, lo declaró hace tiempo: "en Guerrero todo se puede", lo que quiere decir que hace lo que quiera, como desviar 900 millones de pesos que eran para obras de reconstrucción del huracán Otis y ampararse en la Corte para no entregar la comprobación correspondiente. ¿En su informe dirá por fin en qué se gastó esa lana?
3. OAXACA Y REVOCACIÓN DE MANDATO. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) que preside Elizabeth Sánchez González aprobó iniciar, a petición de organizaciones ciudadanas que están en la cresta de una ola de inconformidad ciudadana, un proceso de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, que tendría lugar en enero o a más tardar en febrero del año próximo. Del primero al 30 de noviembre próximos, los oaxaqueños deberán juntar 310 mil firmas para que se proceda a un juicio de revocación. El gobierno de Jara, quien prometió lo que llegó a llamar “la primavera oaxaqueña”, se arrastra entre sospechas y promesas rotas. Aunque ya declaró estar dispuesto a someterse al proceso revocatorio, opera con el apoyo de toda la corte de familiares que lo acompañan en el gobierno, para evitar que se junten las requeridas 310 mil firmas.
@RaulRodriguezC
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