La actual política hídrica y las inversiones en infraestructura hídrica no tienen precedente. El objetivo es hacer del agua un derecho para las mexicanas y mexicanos.
El Plan Nacional Hídrico se basa en cuatro ejes fundamentales: política hídrica y soberanía nacional; justicia y acceso al agua; mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; y gestión integral y transparente, lo que da cuenta de su pertinencia, modernidad y visión de futuro. De ahí que la primera acción fue la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, en la que participaron distritos y unidades de riego, consumidores industriales, instituciones académicas y de investigación, comunidades usuarias y el gobierno en sus tres niveles.
Y es que el agua hoy no es una mercancía, es un derecho reconocido y garantizado, lo que constituye el fin de la visión neoliberal. Recordemos que, en 1992, durante el salinato se modificó la Ley de Aguas para convertir las concesiones en un producto transmisible y vendible, por privados y entre privados. El recurso hídrico fue explotado sin medida, lo que resultó en falta de control, abusos y acaparamiento al margen de la Conagua; sin embargo, ahora las cosas son muy distintas, porque será precisamente esta dependencia a cargo de Efraín Morales López la que realizará su ordenamiento.
Por eso la Iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar vida a la nueva Ley General de Aguas, plantea regular las concesiones y evitar que se comercialice de manera privada. Es necesario ordenar su uso porque en muchas regiones de México el agua potable es un recurso escaso.
La Iniciativa presidencial, acatando el mandato constitucional devuelve el agua como recurso de la Nación, por lo que se puede concesionar, pero no vender los títulos de concesión ni trasmitirlos. Recuperar el control del agua significa recuperar un instrumento indispensable para el desarrollo nacional y el bienestar de la gente.
La nueva ley, sienta las bases para garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento, define las competencias de los tres niveles de gobierno y reconoce los sistemas comunitarios de agua, es decir, tendremos un nuevo marco jurídico en el que el agua se asume como un bien estratégico, por lo que ordena las concesiones; combate su uso indebido, el robo y el mercado negro; evita su acaparamiento; y garantiza su uso eficiente.
Asimismo, la nueva normatividad prevé el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, para que toda el agua que ingrese sea reasignada de forma planeada y estratégica; y promueve la planeación hídrica a corto, mediano y largo plazos.
La nueva Ley General de Aguas es parte integral de una política de Estado con una visión profundamente humanista, donde los recursos deben ser salvaguardados y distribuidos de manera justa y equitativa, priorizando el consumo y las necesidades de las personas. Lo que confirma una vez más que el principio de prosperidad compartida debe reflejarse con nitidez en la vida diaria de los hogares mexicanos.
En diversas naciones del orbe, el agua ha sido motivo de guerras, desplazamientos y despojos, en México, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, es motivo de un gran acuerdo nacional, de consensos, de pactos sociales y solidarios que mueven y promueven la conciencia colectiva para apostar por el desarrollo, la prosperidad, el bienestar y la felicidad de todas y todos.
Activista social
@larapaola1
