Laura Brugés
Como periodista, ya no me sorprende cada notificación que recibo de la autoridad electoral. Pero que me pidan revelar mis fuentes dentro de un cuestionario es innegociable, inconstitucional e ilegal. Más allá del hecho —y que, dicho sea de paso, no tengo inconveniente en responder conforme a derecho las preguntas que me formulan—, esta petición me plantea una duda profunda: ¿vale la pena seguir haciendo lo que hago?
Dicen que “no buscan generar actos de molestia”, como me indicó una persona funcionaria del INE en respuesta a mi correo. Pero ¡claro que generan molestias! Esta situación me ha implicado un desgaste: tuve que buscar asesoría legal, pagar de mi bolsillo por copias, traslados en Uber y cubrir otros gastos, porque si no respondo como lo que solicitan, pueden multarme con más de 50 mil pesos. Suma que, por supuesto, no tengo. A eso súmele el estrés que me provocó y la distracción de mis labores periodísticas habituales, justo en una semana clave: el Período Extraordinario de Sesiones, donde se están aprobando reformas que nos dejarán aún más expuestos en términos de privacidad, seguridad y libertad de expresión, si decidimos criticar al gobierno en turno.
¿Acaso no se dan cuenta del daño que le hacen a la libertad de expresión con sus “diligencias”? Y si lo saben, es aún peor, porque entonces forman parte activa del engranaje autoritario.
Entiendo que los funcionarios del área correspondiente están investigando el origen de los acordeones distribuidos durante la elección judicial. Pero no sé si esto obedece a la forma en que se redactó la denuncia original, a una legislación electoral desactualizada o simplemente usaron un machote de texto que no correspondía, lo cual los lleva a formular preguntas imprecisas y a buscar respuestas en el lugar equivocado.
Y lo del machote lo digo porque me están preguntando por un acordeón que se distribuyó en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, y al mismo tiempo me piden información sobre funcionarios o sindicatos de Oaxaca y Morelia relacionados con esa propaganda electoral, de los que ni siquiera tengo conocimiento.
Los acordeones circularon por todo el país. Vecinos, ciudadanos, usuarios de redes sociales —todos documentaron este delito electoral. Hay fuentes que me comparten información porque temen represalias o perder su trabajo. No puedo, ni voy a traicionar la confianza de quienes me brindan datos que deben ser publicados.
De entrada, la Suprema Corte ya estableció que el secreto profesional está protegido por la Constitución (artículos 6° y 7°), precisamente para que el ejercicio periodístico —y con él, los derechos fundamentales y las libertades públicas— no se vean forzados a revelar sus fuentes. En la Acción de Inconstitucionalidad 66/2009, el máximo tribunal sostuvo que “es necesario garantizar a los periodistas el goce de condiciones adecuadas para desempeñar su labor”. Sin secreto profesional, la labor periodística simplemente no puede desarrollarse.
También está el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-RAP-141/2008), que reconoció expresamente el derecho de los medios de comunicación a proteger sus fuentes. Y en la Ciudad de México existe una Ley del Secreto Profesional, cuyos artículos 4° y 5° fueron promulgados durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.
Con todo esto sobre la mesa, ¿qué incentivo tiene un periodista de a pie para exponer un acto de corrupción o documentar un delito electoral si lo que le espera es un requerimiento oficial, una multa o incluso una amenaza? Y todo esto mientras muchos reporteros vivimos al día. ¿Vale la pena exponer nuestra seguridad si un funcionario o legislador se molesta, sin que eso tenga consecuencias?
No hay garantías. Y mientras esta presión siga creciendo, habrá cada vez menos periodistas —y ciudadanos— dispuestos a señalar actos de corrupción o delitos. ¿Para qué meterse en problemas legales? ¿Para qué exponerse? ¿Para qué gastar lo poco que tengo presupuestado en comida y transporte solo para responder una diligencia? ¿Para qué perder tiempo y salud mental en esto? Que lo haga otro. O, por qué no, abrir una cuenta anónima para publicar sin que me estén vigilando.
¿Para qué opinar o hacer un meme, si eso, al parecer, les preocupa más a los funcionarios públicos que una investigación sobre contratos o desvío de recursos? Y es ahí cuando uno empieza a debatirse entre el efecto inhibidor… o seguir exponiéndose a la persecución institucional ¿Les damos la comodidad de nuestro silencio?
