Por Renata Terrazas
El maltrato presupuestal a las instituciones públicas de la pesca en México tuvo su clímax en la época neoliberal, cuando los recursos para este sector se desplomaron. Hoy, el golpe bajo se agudiza.
Un gobierno de izquierda, como el encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, acaba de presentar una propuesta de presupuesto que castiga de nuevo a la pesca mexicana y condena a cientos de miles de familias que viven de la pesca a mantener su vida en niveles indignos de sobrevivencia.
El Presupuesto de Egresos para el 2026 enviado por la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados delinea los rasgos de la política pública en este tema e incluye una incomprensible reducción de los ya de por sí insuficientes recursos a dos instituciones clave: el Instituto Mexicano de Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Para el Imipas el recorte es de 16 por ciento; para la Conapesca se prevé un “aumento” de 3.5 por ciento, lo que es insuficiente para la magnitud de sus responsabilidades.
El presupuesto es una de las decisiones de política pública más relevantes en cualquier administración. Revela y marca las prioridades de un gobierno. Y, al menos para 2026, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo ya dio su mensaje: la pesca le resulta irrelevante.
El Imipas y la Conapesca son las instituciones responsables de que en México se desarrolle una pesca sustentable que beneficie a corto, mediano y largo plazo a las personas pescadoras, sus familias y a quienes se alimentan de esta proteína animal de alta calidad.
El Imipas tiene como tarea clave generar la “ciencia”, el conocimiento real que permite que la Conapesca decida sobre quiénes pueden pescar, dónde y con qué. Sin el trabajo del Instituto, los permisos se otorgarán con base en presiones políticas y la influencia de grupos de interés económico y se tomarán decisiones sin sustento científico.
El Ejecutivo Federal espera que con 442 millones de pesos el Imipas evalúe las más de 83 pesquerías de las que dependen al menos 380 mil familias de pescadores ribereños. Quien además tiene a su cargo las evaluaciones a pesquerías de la flota industrial, la pesca en aguas interiores y la acuacultura.
Desde 2018, cuando el Imipas alcanzó un presupuesto de 612 millones de pesos, ha tenido una progresiva reducción de sus recursos. Quienes trabajamos con el sector pesquero esperábamos que una presidenta científica valorara más el trabajo científico de este instituto. Sin embargo, este primer presupuesto de la presidenta Sheinbaum nos confirma lo contrario.
El recorte en el presupuesto del instituto afectará, sobre todo, a quienes se dedican a la pesca ribereña, que se encuentra en mayor vulnerabilidad por el cambio de la temperatura vinculado a la crisis climática. Les urge una ciencia que les permita adaptarse a las nuevas condiciones en el mar.
Sin investigación, las familias de estas 380 mil personas pescadoras estarán condenadas a “adivinar” los ciclos cambiantes de las especies que capturan, a “averiguar” hacia dónde han migrado e “inventar” artes para capturar lo que jamás antes habían pescado pero que ahora está en sus zonas de pesca.
Ninguna persona dedicada a la producción de alimentos debería vivir en pobreza; sin embargo, en México, quienes se dedican a actividades primarias están en esta situación y la pesca no es la excepción.
Cualquier acción del Estado dedicada a colocar primero a los pobres debería priorizar las necesidades de quienes trabajan en el mar y en el campo. Son ya 40 años de abandono al sector pesquero y el presupuesto para 2026 parece seguir apostando a esta política.
El presupuesto de la Conapesca tampoco es alentador. La condenan a mantener un estancamiento en una situación de suyo precaria. Comparados con los casi 3 mil millones de pesos que recibió en 2018, los 2 mil millones de pesos propuestos para 2026 son raquíticos.
La Conapesca tiene entre sus funciones gestionar los permisos de quienes capturan pescado y mariscos o se dedican a la acuacultura, aplicar el marco normativo y combatir la pesca ilegal, que en México se estima en 40 por ciento del total de captura.
Como desde hace mucho existe una crisis sostenida de falta de recursos, hace tiempo que no se contrata personal capacitado para evitar y sancionar la pesca ilegal. ¿Cómo esperan que 161 oficiales (datos de 2022) vigilen los 11 mil kilómetros de litorales? Es imposible.
Las instituciones públicas del sector requieren de un aumento presupuestal que se pueda traducir en acciones de combate a la pesca ilegal y en investigaciones que mejoren la toma de decisiones y reduzcan la posibilidad de convertir las decisiones sobre la pesca en premios o castigos políticos a actores que sólo miran a corto plazo.
Si no es ahora, con un gobierno de izquierda encabezado por una presidenta científica, ¿cuándo y con quién podrá tener mejor oportunidad el sector pesquero? Presidenta Sheinbaum, el futuro de la pesca está en sus manos, no le dé la espalda como lo hicieron los gobiernos neoliberales.
Directora Ejecutiva de Oceana en México
