El viernes pasado tuvo lugar en la Ciudad de México una manifestación contra la gentrificación, convocada a iniciar en la Colonia Condesa, abanderada con una gran manta que decía “vivienda para vivir, no para invertir”. La manifestación ha dado mucho de qué hablar, así que analicemos a continuación algunos de los debates que se han generado a partir de esta manifestación.
En primer lugar, algo que debería ser obvio, es que dado que la vivienda es un derecho (aunque parece que muchas personas no lo saben), y que cada vez es mayor el porcentaje de personas que no pueden acceder a una vivienda (especialmente entre las más jóvenes), se entiende que es completamente válido y necesario manifestarse y protestar contra la gentrificación, la turistificación, la especulación y las múltiples problemáticas que afectan el acceso a la vivienda, despojan y desplazan a las personas y convierten la ciudad en una mercancía.
Esta es una expresión del hartazgo ante un panorama sombrío en el tema, y se suma a ya un cúmulo de protestas y manifestaciones que ponen en el centro la falta de regulación del mercado inmobiliario y la casi nula existencia de vivienda pública (común en otros países, como también ya se ha hablado en este espacio).
Destaca también que la manifestación captó mucho más la atención que el resto de las protestas que se han dado en el país. Tal vez fue porque se realizó en la Colonia Condesa en la CDMX (esto no es menor en un país centralista como México) e incomodó a sus negocios y habitantes, y porque a su paso se rompieron algunas ventanas y daños menores que, al igual que sucede con otras protestas como las de #8M, fueron frecuentemente las imágenes más compartidas por los medios de comunicación. Pareciera casi que los medios masivos sólo hacen caso a las protestas cuando esto sucede.
De igual forma, parte del foco en el que más se han centrado los medios de comunicación son algunos carteles o consignas enfocadas directamente a los migrantes del norte global (especialmente los estadounidenses). Me parece importante que el debate se mueva de ese foco, aunque queda claro que el “racismo inverso” no existe (para que haya “racismo” se necesita que sea estructural y haya opresión y diferencias de poder, como la persecución de migrantes hispanos en Estados Unidos). Lo anterior es porque la solución al problema del acceso a la vivienda debe venir del lado de la regulación del mercado inmobiliario y de sus grandes capitales, así como de la provisión de vivienda pública; ahí debe centrarse el debate.
Además, la viralidad de la manifestación ha despertado nuevamente críticas meritocráticas e individualistas, que culpan a las personas mismas por no poder acceder a una vivienda. Con argumentos simplones como “deberían trabajar más”, “echarle más ganas” o “irse a vivir más lejos, donde sí les alcance”, se busca justificar la crisis de vivienda que experimenta la amplia mayoría de la población.
La realidad innegable es que la vivienda es cada vez menos asequible en la CDMX y en el país. El ejemplo más obvio es que el 50% de las viviendas se venden en $4 millones (según la SHF), cantidad que sólo pueden pagar el 2% de la población. Entonces, ¿para quién es la vivienda que se vende en la CDMX? Ahí es donde entran en la ecuación los capitales que buscan “invertir” en vivienda desde la llamada “financiarización”, así como los turistas y los nómadas digitales del norte global.
Pero otro mito que habría que desmentir es la idea falsa de que el problema del acceso a la vivienda se reduce a que “sólo quieren vivir en La Condesa” o colonias similares. Es completamente falso. En realidad, como se muestra en la gráfica, el precio de las viviendas en la Ciudad de México ha crecido 330% entre 2005 y 2025 (82% por encima de la inflación), mientras que el salario promedio ha disminuido 44% en términos reales durante el mismo periodo. El problema del encarecimiento de la vivienda afecta a toda la ciudad, y no sólo a las colonias más afectadas por la gentrificación, la turistificación y Airbnb.
De hecho, como argumenté hace algunas semanas, la crisis de vivienda en México es nacional (y claramente, también global). El aumento del precio de las viviendas en México es de 286% entre 2005 y 2025 (64% por encima de la inflación), frente a la disminución de 23% del salario promedio real. Es por eso por lo que se necesitan soluciones locales en las ciudades más afectadas, pero también coordinación nacional. En todo caso, es un problema que afecta a todo el país, y no se trata sólo de “la obstinación de querer vivir en La Condesa”.
Parte de la raíz del problema de la gentrificación de las ciudades, la especulación inmobiliaria, la turistificación y la financiarización del mercado de vivienda, es que son sumamente lucrativas para una minoría, que se beneficia a costa del sacrificio del nivel de vida de la mayoría. Eso sin duda incluye a quienes se encuentran del lado “gentrificador” (muchos de ellos nómadas digitales o turistas extranjeros del norte global), pero principalmente a los grandes capitales inmobiliarios (nacionales y extranjeros) que se benefician del mercado inmobiliario como nunca, y gobiernos que actúan en contubernio.
Y aunque algunas condiciones, narrativas y políticas han cambiado en los últimos años (por ejemplo, frente a la “Protesta por el derecho a la vivienda” de 2022, contra el acuerdo de Airbnb con el Gobierno de la CDMX y Sheinbaum), en realidad es completamente insuficiente la forma en la que “se regula” al mercado inmobiliario.
El ejemplo más obvio es el caso de la regulación a Airbnb, que comenté la semana pasada. Se necesita mucha más regulación: padrones obligatorios y públicos de viviendas en Airbnb, prohibición y límites máximos en zonas afectadas por la turistificación, recuperación de plusvalías, disminución en el límite de días que se pueden alquilar (180 días aprobado en 2024) e impuestos a vivienda ociosa. Y como se propuso en Jalisco: prohibición de operación de que viviendas nuevas (o hasta con cinco años de antigüedad) operen en Airbnb.
Si el interés que despertó la manifestación nos lleva a discutir medidas como las anteriores, sumadas a un plan más potente de vivienda pública y una legislación que prohíba los desalojos forzosos como se hacen hoy en día (de forma violenta y al margen de la ley), me parece que sin duda se habrá ganado.
La lucha por la vivienda es la lucha más importante de nuestra generación. Si los gobiernos y los grandes capitales no actúan ahora, que entiendan que van a crecer y a multiplicarse las protestas y las luchas por el acceso a la vivienda.
