La empresa global de alquiler de corto plazo, Airbnb, comunicó hace unos días, con bombo y platillo, un acuerdo con la FIFA para sus hospedajes durante la Copa Mundial 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué consecuencias negativas puede traer para las ciudades huéspedes? ¿Y cómo pueden combatirse?
La asociación de Airbnb con la FIFA promete la oferta de “experiencias exclusivas”, como sesiones privadas de entrenamiento con el ex-portero de la selección estadounidense, Tim Howard. La plataforma estima que darán alojamiento a 380 mil huéspedes, generando ingresos a la plataforma cercanos a 1,200 millones de dólares.
Además de prometer grandes “derramas económicas”, Airbnb presenta un programa de apoyo comunitario y de “impacto en ciudades sedes”, con una inversión de 5 millones de dólares (o 0.5% de sus ingresos estimados) donde planean “financiar iniciativas que impulsen el crecimiento económico y mejoren la experiencia del evento”.
La otra cara de la moneda son las consecuencias negativas de la operación desregulada de Airbnb en las ciudades anfitrionas. Por ejemplo, ya se han investigado las consecuencias del aumento desregulado de las viviendas dedicadas al alquiler a corto plazo: generan una disminución en el parque habitacional disponible para quienes viven en las ciudades, además de incrementar sus precios de alquiler e impactar en la cohesión comunitaria.
Una investigación para Nueva York encontró que, por cada punto porcentual de la vivienda total listada en Airbnb, habría un aumento de 1.58% en el costo del alquiler a largo plazo. El efecto no es menor, sobre todo si pensamos que, en ciudades como Guadalajara, en una de cada ocho colonias de la ciudad, al menos 10% de las viviendas aparecen listadas en Airbnb, con base en los datos del proyecto Éxodos.
Frente a esta situación, algunos gobiernos a nivel mundial y nacional han promovido regulaciones fuertes a la operación de Airbnb. Ya anteriormente hablé en este espacio de la regulación en CDMX aprobada el año pasado, que ponía un límite máximo de 180 días al año que una vivienda podría ser rentada en la plataforma. Si bien es un avance, el límite queda muy por encima del rango regulado de 30 a 120 días en otras ciudades como Ámsterdam, París, Nueva York o San Francisco.
De ahí que es tan importante la iniciativa de regulación a Airbnb presentada en el Congreso de Jalisco la semana pasada, por parte de la diputada local Mariana Casillas (partido Futuro). Además, se presentó también una iniciativa para cobrar impuestos más altos a las viviendas desocupadas injustificadamente. Ambas iniciativas tienen como objetivo frenar la especulación inmobiliaria, particularmente ante el contexto en que el estado de Jalisco será unas de las sedes de la Copa Mundial 2026.
Sobre la regulación a las plataformas de alquiler de corto plazo, la iniciativa contempla un límite máximo generalizado de 180 días al año (similar al aprobado en CDMX), así como una restricción total en áreas de alta presión turística. Además, se hace obligatorio el registro de las viviendas alquiladas por plataforma en un Padrón de Inmuebles de Alojamiento Temporal, que también tendrá una versión pública anonimizada accesible públicamente.
Entre otros cambios importantes, la iniciativa también propone que las viviendas que no tengan antigüedad igual o mayor a cinco años no podrán registrarse en el padrón y, por tanto, no podrán ser alquiladas en Airbnb. Esta es, en mi opinión, de las regulaciones más poderosas en contra de la especulación y financiarización de la vivienda con Airbnb, debido a que cada vez es más evidente cómo se destruye vivienda que es habitada por personas que viven en las ciudades, sólo para construir nuevos edificios que son evidentemente planeados (y muchas veces anunciados) para ser rentados en estas plataformas.
Así pues, regulaciones como la descrita son urgentes de ser aprobadas de forma inmediata, ante la inminente llegada de la Copa Mundial 2026. El turismo que traiga a las ciudades sedes traerá jugosos beneficios económicos para unos cuantos, debido a una derrama económica que será acumulada por las élites y no se derramará al resto de la población. Al mismo tiempo, empeorarán los incrementos del costo del alquiler y de la vivienda para quienes habitan estas ciudades.
Ese es el problema de la llamada “turistificación” de las ciudades: beneficios para unos pocos, a costa del sacrificio de la gran mayoría. Será necesario seguir luchando porque se promuevan y aprueben regulaciones que buscan garantizar el derecho a la vivienda y que inhiban y contrarresten los efectos negativos de Airbnb.
