La edición 2025 del Índice de Estado de Derecho no sólo sitúa a México entre los últimos lugares del mundo (el 121 de 143 países evaluados), sino como el quinto con el mayor deterioro comparado, después de Rusia, Sudán, Mozambique y Togo. Nuestro país comparte números con Gabón y El Congo y, en promedio, tiene apenas un punto más que Zimbabwe, Bangladesh y Mali. No pasará mucho tiempo antes de que esos datos sean desconocidos por el régimen, pero la verdad es que el World Justice Project (WJP) nos ha puesto en el lugar que merecemos.
Entre los ocho grupos de indicadores que utiliza para medir la fuerza del Estado de derecho, hay dos que nos hunden: la corrupción, donde ocupamos el vergonzoso lugar 134 (léase: 133 países del mundo tienen menos corrupción que México y solo hay 9 con peores resultados); y el de “justicia criminal”, que mide la capacidad de los gobiernos para castigar a quienes cometen delitos (la tasa de impunidad) en el que bajamos todavía más para ocupar el lugar 135 de 143 países evaluados.
Paradójicamente, el mejor resultado que obtiene México está en la transparencia y el acceso a la información (el lugar 54 del mundo), que son los rubros que el régimen ha considerado inútiles y caros y que ahora tendrán que evaluarse sin el Inai y con toda la información pública puesta en manos de las contralorías. La única medición medianamente digna entre el alud de datos negativos de ese índice, habrá desaparecido en la edición del próximo año.
El informe coordinado a nivel mundial por Alejandro Ponce ofrece evidencia que prueba a pie juntillas lo que intuimos: que los países con mejor Estado de derecho tienen, a la vez, economías más sólidas y estables, menos violencia, más y mejor educación y mayor esperanza de vida. La lista de los cinco países con los puntajes más altos del mundo se explica sola: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda. No son los más ricos, ni los más poderosos, ni los mejor armados, pero son los países donde la vida es digna desde cualquier punto de vista: más igualitaria, más libre, más humana, solidaria.
¿Qué han hecho esas naciones para situarse a la cabeza de la humanidad? Respondo con los libros de texto en la mano: han defendido la vigencia, el acceso universal y las garantías de los derechos fundamentales por encima de cualquier otro criterio; han sido, en distintos momentos de la historia, los campeones del estado del bienestar socialdemócrata: socialistas liberales o, mejor, socialistas a fuer de liberales (como sostenía Indalecio Prieto); y demócratas hasta la médula, pero no de mayorías avasalladoras ni de personas poderosas y líderes mesiánicos, sino de instituciones y normas respetadas, de diálogo e intercambio inteligente y permanente, de elecciones limpias, de gobiernos vigilados y controlados y de una vigorosa participación social en los asuntos públicos.
En esos países hay, en efecto, un Estado de derecho que asegura el profesionalismo de quienes ocupan cargos en las administraciones públicas, hay transparencia y pulcritud en el ejercicio de los presupuestos, hay acceso y libertad para el uso de la información, hay eficacia e imparcialidad en los sistemas judiciales, hay rendición de cuentas sobre procesos y resultados de todos los asuntos públicos y hay respeto absoluto al voto.
Los resultados del Índice 2025 del WJP son tan incómodos como reveladores, pero leídos sin acritud deberían ayudarnos a cobrar conciencia de nuestras debilidades más hondas, que se expresan todos los días como violencias, tragedias y abusos inaceptables. Y aunque todavía hay países con peores calificaciones que las nuestras --Sudán, Myanmar, Nicaragua, Haití, Camboya o Afganistán-- de ellos solo nos separa apenas una décima y bajar es siempre más fácil que subir.