Lo habían dejado pasar, pero ya le llegó el turno: en la conferencia del viernes, la doctora Sheinbaum anunció que modificarán el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) porque no ha dado resultados, porque fue propuesto por la “así llamada sociedad civil” y porque se promulgó en el sexenio del presidente Peña Nieto. Solo le faltó decir, para completar el lugar común, que es caro y sale sobrando.
Las evaluaciones que se han publicado sobre la operación del SNA confirman que, en efecto, ninguno de los gobiernos por los que ha transitado han cumplido las leyes de ese sistema (combatealacorrupcion.mx). Nació en el 2015 por una iniciativa ciudadana y tomó más de un año construir las normas reglamentarias para poner en marcha su operación. Empero, el gobierno de Peña Nieto procrastinó y decidió patear sus obligaciones para el siguiente sexenio que, en esta materia, hizo lo mismo: aunque la ley general del SNA se promulgó en 2016, no fue sino hasta el 2020 cuando se publicó una política nacional anticorrupción y fue hasta el 2022 cuando se acordaron los lineamientos para su implementación. Al final del sexenio anterior, en 2024, se presentó el primer informe sobre la operación del sistema. O sea, pasaron nueve años deliberadamente inútiles.
Las instituciones creadas para evitar los actos de corrupción fueron boicoteadas desde el principio: nunca se integró la sala especializada del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa; la fiscalía en materia de delitos de corrupción ha sido marginada cuando no abiertamente ignorada; el INAI fue atacado desde el 2018 hasta su extinción en 2024; también desapareció el Consejo de la Judicatura tras la guerra entre el Ejecutivo y el Judicial; el sistema nacional de fiscalización coordinado por la Auditoría Superior de la Federación no se reunió en años y nunca operó de facto.
El Comité de Participación Ciudadana fue excluido desde su origen (pregunten a Jacqueline Peschard, Marie Claire Acosta, Jorge Alatorre, José Octavio López Presa o Rosa María Cruz, quienes lo presidieron con pundonor o a quienes prefirieron renunciar antes que seguir de floreros) y hoy mismo todavía hay vacantes pendientes de designación. La Secretaría de la Función Pública, la única que intentó darle vida al final del sexenio anterior, cambió el año pasado para iniciar otro proyecto, mientras que las plataformas diseñadas por la Secretaría Ejecutiva para intercambiar datos y producir inteligencia institucional tampoco se han completado.
Tristemente, en los estados la situación es muy similar. Gracias a los informes de la colectiva Mexiro A.C., sabemos que la integración de los órganos propios de los sistemas estatales anticorrupción llegó en septiembre pasado apenas al 24.2% y que la ofensiva en contra de esas leyes locales se ha extendido a la mayoría de las entidades. El ataque de los congresos y de los gobiernos locales se ha cebado, especialmente, contra los comités de participación ciudadana y los órganos autónomos de transparencia. Los sistemas que sobreviven y siguen dando la batalla se cuentan con los dedos de una mano: Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo y, acaso, otros tres. Y no sobra registrar que en la Ciudad de México nunca acabó de nacer.
El sistema que hoy se critica desde Palacio Nacional y cuya muerte ya empieza a anunciarse, ha sido boicoteado sistemáticamente desde el Estado que estaba obligado a cumplir con sus mandatos. Durante diez años se ha hecho caso omiso a las leyes anticorrupción: la captura de los puestos públicos, de los presupuestos, de la información y de las sanciones sigue vigente y creciente, porque el SNA fue anulado y bloqueado desde su origen. Hoy, sin embargo, lo necesitan como chivo expiatorio para seguir culpando al pasado y ya están preparando su ataúd.
Investigador de la Universidad de Guadalajara