El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos es uno de nuestros desafíos más importantes, en el entendido de que es quizá el flagelo más doloroso y dañino que pueden padecer ellos y sus familias y en consecuencia toda la sociedad. Es inimaginable una convivencia social sana y justa si niñas, niños y adolescentes pueden ser incitados u obligados a perpetrar delitos.
Como país debemos asumir la responsabilidad de evitar que nuestros niños y jóvenes lleguen a ver en el crimen una opción de vida e impedir que caigan en la trampa de la delincuencia y, más aún, que sean secuestrados y obligados a delinquir.
La solución no es criminalizar a las y los jóvenes ni caer en el error de creer que si cada vez es menor la edad en que algunos cometen delitos, hay que bajar la edad en que son punibles o endurecer las penas. Una vía de solución es el fortalecimiento de las políticas públicas de protección y de los programas de prevención, lo que está previsto en el primer eje, Atención a las causas, de la estrategia nacional de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y, por otra parte, robustecer las funciones de inteligencia e investigación, como lo está haciendo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Entre otros factores que facilitan o propician el enrolamiento de niñas y niños, se encuentran la deserción escolar, la pobreza, el consumo de drogas, el que un familiar forme parte de algún grupo criminal, la normalización de la violencia en el entorno, la búsqueda de trabajo sin alertas del peligro que en algunos casos representa y el riesgo que implica el acceso sin supervisión a redes o espacios digitales, así como lagunas legales.
Estas y otras condiciones dan pie a que se materialice el reclutamiento mediante engaños o secuestros. Una vez que la víctima ha sido atrapada y pesan sobre ella restricciones de movimiento o sometimiento absoluto, su existencia se convierte en un infierno en el que la comisión de delitos es una forma de sobrevivencia y eventualmente una forma de vida.
Como está documentado, los menores de edad reclutados realizan actividades de mensajería, halconeo, vigilancia en casas de seguridad, producción y trasiego de drogas, atracción de otros menores de edad, extorsión, robo y asalto, venta de drogas o narcomenudeo, sicariato y desaparición de cuerpos.
En este contexto, cabe tener presente que la ONU recomendó a México en 2011 reconocer del delito de reclutamiento forzado y que en el documento “Mecanismo estratégico del reclutamiento y utilización de niños por grupos delictivos y la delincuencia organizada en zonas de alta incidencia delictiva en México”, elaborado por la Secretaría de Gobernación, se establece también la necesidad de reformar el Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños para tipificar su reclutamiento criminal, lo que han subrayado, asimismo, tanto Reinserta como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Hay mucho trabajo por realizar el próximo año, como mejorar las políticas públicas para el desarrollo integral de nuestra niñez y adolescencia y fortalecer su seguridad y la protección de sus derechos, así como para la reintegración social de quienes hayan delinquido, y tipificar el reclutamiento infantil como delito.
De los avances que se logren en estas y otras líneas de acción depende la vida, la libertad y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de alto riesgo de ser incorporados a actividades criminales, una forma de vida de violencia extrema que ningún menor de edad debe atestiguar y mucho menos ejercer.