“La idea es que se envíe a México”, dijo este martes la presidenta Claudia Sheinbaum, al confirmar que su gobierno busca la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido por el ICE en Miami. Según la Fiscalía General de la República, existe una orden de deportación emitida por autoridades migratorias de Estados Unidos el 17 de octubre, la cual fue apelada por su defensa y tendrá audiencia definitiva el 12 de noviembre. De forma paralela, el gobierno de México formalizó una solicitud de extradición ante el Departamento de Justicia por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de recursos públicos.
Los documentos del caso 1:25-cv-24535, ante la Corte del Distrito Sur de Florida, bajo la jueza Cecilia M. Altonaga, precisan la ruta del conocido “Mai”. Entró a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con visa de turista, salió el 9 de julio en un vuelo privado a las Bahamas y regresó al día siguiente en barco al puerto de Miami, sin inspección formal. Dicha maniobra –entrada legal, salida aérea y reingreso marítimo– es la base de su detención en el centro Krome, donde permanece bajo custodia. Su defensa sostiene que esto demuestra su residencia continua en Estados Unidos, donde además existe una solicitud de asilo desde 2022.
El expediente judicial identifica como representantes a la firma Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt P.A., con sede en Miami. Los abogados John Patrick Pratt y Edward Fortunato Ramos, bajo la dirección de Ira J. Kurzban, presentaron el 2 de octubre de 2025 un habeas corpus para impugnar la detención. El 15 de octubre, la jueza Altonaga ordenó a ICE otorgarle audiencia individual de fianza o liberarlo, lo que abre la posibilidad de su excarcelación antes del fallo migratorio.
Registros públicos en Florida muestran que, semanas antes de las órdenes de captura en México, Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont contrataron un crédito hipotecario por 4.4 millones de dólares mediante Casa Mia Pinecrest Corp. (Delaware) y 4985 Stables LLC (Florida). Gómez Mont firmó como presidenta de la primera. En garantía ofrecieron dos propiedades: 5980 SW 104th Street, Town & Ranch Estates, Pinecrest, valuada en 6.8 mdd; y 4985 Stables Way, Wellington (Palm Beach), valuada en 4.5 mdd. Ambas suman 11.3 millones de dólares y figuran en una demanda civil que permitió rastrear su residencia en Miami.
La carpeta de la FGR documenta desvíos por más de 3 mil millones de pesos mediante empresas fachada vinculadas a su despacho Álvarez Puga & Asociados, que operó contratos en la Secretaría de Gobernación. Parte del dinero fue transferido a cuentas en Panamá y EU, coincidentes con las sociedades usadas para adquirir los inmuebles.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el “Mai” aún contó con aliados. En 2019, un líder morenista presentó a Álvarez Puga con el procurador fiscal Carlos Romero, quien ya encabezaba las denuncias contra factureros y outsourceros. La judicialización del caso se retrasó. Álvarez Puga contrató un despacho que habría cobrado 100 millones de pesos por “blindarlo”, aunque la red de protección terminó por romperse.
La compañía de Álvarez Puga ofrecía a empresas y gobiernos reducir hasta 40% los impuestos sobre nómina, generando miles de millones en evasión. En su red figuran hijos de expresidentes, exgobernadores, legisladores y empresarios de alto perfil. Su socio original fue Sergio Castro, con quien empezó el negocio del outsourcing en Oaxaca. También lo acompañó José Antonio Aguilar Bodegas, exsecretario de Gobierno de Chiapas y antiguo director general de su despacho.
Hoy, el cerco judicial se cierra. Con la extradición solicitada, la orden de deportación en curso y los vínculos políticos expuestos, el caso Álvarez Puga luce muy apetecible para la presidenta Sheinbaum, quien hasta ahora no ha dado un golpe contra ningún presunto criminal de “cuello blanco” en plena cruzada contra la evasión fiscal. La entrega del “Mai” sería una bocanada de aire, pero también podría salpicar a muchos políticos de Morena.
Posdata 1
En el proceso de venta y de incorporación de activos de las entidades financieras señaladas por el FinCEN de Estados Unidos, CI Casa de Bolsa se ha convertido en un activo en disputa. Aunque la firma no fue incluida en las acciones regulatorias del organismo estadounidense, sus accionistas analizan actualmente distintas propuestas para su venta.
Diversas instituciones han mostrado interés, desde Banco Mifel y Bankaool, hasta algunas sofomes no reguladas. Sin embargo, fuentes confirman que existen dos ofertas formales sobre la mesa: una presentada por la sofipo Trafalgar SFP y otra por la fintech Peibo IFPE.
La decisión podría concretarse en las próximas semanas, conforme los socios evalúen los términos financieros y la viabilidad operativa de cada propuesta.
Posdata 2
La revocación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, anunciada este lunes por el Departamento de Transporte del gobierno de Donald Trump, marca el golpe más severo al sector aéreo nacional desde la degradación de categoría 1 de 2021. La medida, que afecta vuelos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus desde el AIFA y el AICM a destinos como Houston, Nueva York y Miami, podría generar pérdidas estimadas de hasta 150 millones de dólares anuales y un nuevo obstáculo para la conectividad aérea del país.
El Departamento de Transporte acusa a México de violar el acuerdo bilateral de transporte aéreo al “congelar ilegalmente” durante tres años operaciones de una aerolínea estadounidense. La decisión se suma a la cancelación de la inmunidad antimonopolio entre Aeroméxico y Delta, que había permitido a ambas compañías operar como una sola en rutas transfronterizas, compartiendo ingresos y capacidad. Esa revocación rompió un modelo de cooperación que había sostenido buena parte del tráfico bilateral desde 2016.
Asimismo, se agrega la inconformidad de las aerolíneas estadounidenses por el traslado forzoso de operaciones de carga del AICM al AIFA y por las reasignaciones de slots en el aeropuerto capitalino.
El costo político para la administración de Sheinbaum será doble. Por un lado, deberá gestionar una crisis diplomática que exhibe fisuras en la relación bilateral; y por otro, contener la incertidumbre de inversionistas y operadores turísticos y visitantes que ven en este enfrentamiento un anticipo de fricciones mayores en el comercio y el transporte.
Posdata 3
Este miércoles se prevé una nueva movilización nacional ante la falta de acuerdos entre las organizaciones campesinas y la Secretaría de Agricultura. El reclamo es el mismo que viene arrastrándose desde hace meses: precios de garantía que cubran los costos de producción. La última oferta del gobierno, de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz, fue calificada por los productores como una burla. Ellos exigen al menos 7 mil 200 pesos, y advierten que, sin respuesta, los bloqueos se extenderán a carreteras, puertos y casetas del país.
El conflicto ya afecta el flujo logístico de alimentos y combustibles en estados clave como Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Tlaxcala, mientras la Central de Abasto capitalina reporta retrasos en la llegada de granos. Las protestas, coordinadas por la UNTA y otras agrupaciones, amenazan con paralizar rutas estratégicas si el gobierno no cede. Más que una disputa de precios, se trata de la fractura de un modelo agroalimentario que prometió autosuficiencia y hoy enfrenta sobrecostos, importaciones baratas y productores al borde de la quiebra.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el timing es adverso. La crisis estalla en vísperas de la presentación del Plan Nacional Agroalimentario y en medio de presiones externas por la política de granos transgénicos. Si no hay acuerdo pronto, el movimiento podría convertirse en su primer gran frente social, con repercusiones económicas que van más allá del campo. El campo, el mismo que el gobierno presume como ejemplo de soberanía alimentaria, está hoy en rebelión.
Posdata 4
En la segunda entrega de la fiscalización del gasto federal de la cuenta pública del 2024 que realizó la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Guerrero se encuentra entre las 10 entidades con menor monto por aclarar en la Cuenta Pública 2024. Ubicado en el lugar siete, con solo 3.1 millones de pesos por aclarar, la entidad que gobierna Evelyn Salgado marcó una gran diferencia con gobiernos anteriores y con otros morenistas, como los casos de Veracruz, Chiapas y otros estados acapararon más del 50% del total observado. Otro dato y es que Guerrero enfrentó dos situaciones de emergencia por fenómenos naturales, como fueron los huracanes Otis y John.
@MarioMal