Para hacer frente al desabasto y a la presión de Estados Unidos, México ya está homologando más de 2 mil 400 medicamentos con estándares de la FDA y de la Agencia Europea de Medicamentos, y esas claves serán las que se integren a los nuevos “protocolos nacionales de atención”. Esto significa que el Estado definirá qué sí se receta y qué no en todas las áreas terapéuticas, desde oncología, diabetes, hipertensión o salud mental, por lo que ya no será el criterio del médico, del hospital o del proveedor local.
El rediseño del sector salud avanza en silencio, pero con implicaciones estructurales. El gobierno busca controlar todo el ciclo del medicamento, desde la molécula base hasta la entrega en la clínica, y transformar un sistema que, según datos oficiales, destina 338 mil millones de pesos en la compra consolidada 2025-2026 de medicamentos e insumos.
Información interna de la Secretaría de Salud expone que se identificaron unas 30 compañías, varias de origen indio, que ofrecían precios artificialmente bajos y no entregaban los medicamentos tras haber sido adjudicadas con las claves; ahora se licitará por cumplimiento y distribución, no sólo por precio.
El segundo pilar de este rediseño es la Cofepris, que ha sido un cuello de botella burocrático. Durante años acumuló rezagos que paralizaron registros y permisos, generando la escasez de medicinas más profunda en una década. En la SSA se admite que los procesos estaban muy retrasados por décadas, no por un gobierno sino por varios. Bajo el nuevo modelo, Cofepris se integra al sistema de compras consolidadas y, en teoría, autoriza más rápido, habilita la entrada de medicamentos estratégicos y sincroniza los tiempos de registro con los de licitación y distribución.
“Si un medicamento llega y está aprobado por la FDA o la EMA, en una semana está aprobado en México”, afirman en Salud. Esa homologación con agencias internacionales permite que las más de 2 mil 400 claves validadas se incluyan sin retraso en las compras públicas. Con los nuevos tiempos de respuesta —se asegura que se han reducido en 50% y la meta es bajarlo otro 50%—, el Estado elimina la justificación clásica del desabasto y gana control sobre qué se importa, qué se produce y a quién se compra.
Detrás de la reforma regulatoria está la exigencia de Estados Unidos de acelerar la modernización de Cofepris como condición para evitar aranceles a los productos mexicanos, al considerarla una “barrera no arancelaria” dentro del capítulo sanitario del TMEC. El gobierno de Trump reclamó que los retrasos en aprobación y registro constituían un obstáculo comercial y una desventaja para laboratorios estadounidenses. De ahí el énfasis en alcanzar el doble de velocidad en los trámites y en establecer acuerdos de reconocimiento mutuo con la FDA. Si se concreta el plan conforme se planteó, México podría convertirse en un hub regulatorio regional, capaz de atraer inversión farmacéutica, ensayos clínicos y transferencia tecnológica.
El gobierno busca que México deje de depender de India y China para fabricar principios activos y comience a producir sus propias materias primas. Así como con Pemex y CFE, la Secretaría de Salud busca crear una especie de “soberanía farmacéutica”, aunque esto también podría tardar décadas.
Posdata 1
Corrió como pólvora la noticia de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habría embargado equipo de perforación propiedad del ingeniero Carlos Slim, utilizado por una de sus empresas contratistas de Pemex, por presuntos adeudos fiscales. De acuerdo con fuentes del propio gobierno, se trata de un embargo precautorio administrativo, una figura con la que el SAT puede asegurar activos productivos para garantizar el pago de créditos fiscales, aun si estos se encuentran en operación o en servicio de una empresa del Estado. El movimiento encendió alertas tanto en el sector energético como en el financiero, pues nunca antes se había embargado equipo de un contratista de primer nivel como Grupo Carso.
El hecho ocurre en un contexto de tensión creciente entre Hacienda, Pemex y sus proveedores. En los últimos meses, el SAT ha embargado bienes y congelado cuentas bancarias de decenas de contratistas, particularmente medianos y pequeños, en Campeche, Veracruz y Tabasco, argumentando adeudos de ISR, IVA y cuotas al IMSS. Legisladores de Morena y de la oposición han advertido que el esquema genera un círculo vicioso: Pemex no paga, el proveedor se queda sin liquidez, el SAT lo embarga, y la operación petrolera se detiene. La diferencia ahora es el tamaño del jugador: el golpe habría alcanzado directamente a Slim, el principal operador privado de perforación del país.
Grupo Carso mantiene actualmente 19 equipos terrestres y tres marinos, y al menos uno de ellos —según versiones recogidas entre técnicos y autoridades locales— habría sido objeto del embargo en el campo Ixachi, Veracruz. En ese mismo yacimiento, Slim tiene un contrato por mil 991 millones de dólares para perforar hasta 32 pozos en tres años. Pemex comenzará a pagar hasta 2027, lo que significa que el empresario está financiando, con capital propio, la producción que sostiene hoy buena parte del plan energético del gobierno de Claudia Sheinbaum. La medida del SAT no solo luce desproporcionada, sino estratégicamente riesgosa.
¿La presidenta Claudia Sheinbaum estará al tanto de todo lo que el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, está haciendo en contra de la inversión privada? Y qué decir de las empresas estadounidenses, ahora que está en proceso la negociación comercial con el gobierno de Donald Trump.
Posdata 2
Hablando de impuestos, este fin de semana, durante la celebración de su cumpleaños, Ricardo Salinas Pliego dio a conocer una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Servicio de Administración Tributaria. En esta se asegura que estuvo dispuesto a saldar sus adeudos previamente convenidos con el gobierno de López Obrador, y que de retomarse podría pagar en menos de diez días. El magnate reclama que las mesas de negociación quedaron en el aire por incumplimientos del gobierno.
En su carta del 14 de octubre de 2024 —dos semanas después de que Sheinbaum asumiera— Salinas Pliego afirma que la voluntad de pago “existe” y que los acuerdos firmados con el gobierno pasado buscaban un “acuerdo justo y apegado al derecho” para ambas partes. Pero denuncia que funcionarios del SAT obstaculizaron el proceso, dejando de enviar información de los años 2008-2012 que consideraba esencial para cerrar el trato.
En la carta se sostiene que no se trata de evasión, sino de la exigencia de “cobros ilegales, dobles y abusivos” que afectan a más de 180 mil colaboradores y sus familias. Ya se verá si la presidenta Sheinbaum está dispuesta a que su gobierno se siente a negociar con el grupo de Salinas Pliego o se va por la vía legal y de mano dura. Desenlace de pronóstico reservado.
Posdata 3
Con dedicatoria a David Colmenares, la titular de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, pidió modificar la Ley de Fiscalización para fijar plazos claros que obliguen a la Auditoría Superior de la Federación a concluir sus auditorías. “Hay que modificar la Ley… para marcarle tiempos”, afirmó al reconocer que existen casos “abiertos siete, ocho, 10 años” sin dictamen. Y es que se sabe que el actual titular tiene vínculos estrechos con Morena, y que las fiscalizaciones son, por decir lo menos, muy complacientes, además de que no se les da seguimiento.
Con todo y este antecedente, la ASF volvió a poner el dedo en la llaga de dos estados y exgobernadores que pueden considerarse entre los peores de la época reciente. El caso de Veracruz, la entidad cerró el sexenio de Cuitláhuac García con el mayor “daño patrimonial” del país. Más de mil cien millones de pesos sin comprobar, principalmente en Salud y Educación, colocan al estado como el peor en desorden financiero. Ese dinero estaba destinado a sectores sensibles como hospitales, medicinas e infraestructura escolar.
Mientras tanto, Cuitláhuac García hoy despacha en el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), como si nada hubiera pasado. Muestra de la impunidad que existió en el “primer piso de la 4T” y que se mantiene en el “segundo piso”.
Asimismo en Chiapas, el exgobernador Rutilio Escandón fue señalado por no acreditar casi 700 millones de pesos, pero eso sí hoy ocupa un cargo diplomático como cónsul en Miami. Ambos exgobernadores, premiados con cargos en el gobierno de Sheinbaum, pese a los escándalos de corrupción y desfalco de sus gobiernos.
@MarioMal