En el dictamen de la nueva Ley Aduanera pasó casi desapercibido un párrafo que podría marcar el inicio del fin de la militarización en las aduanas mexicanas. En la página 29, bajo el apartado de Disposiciones Transitorias, el Quinto Transitorio introduce una frase inédita en la narrativa legislativa reciente: “La Secretaría de Hacienda, por conducto de la Agencia Nacional de Aduanas de México, deberá evaluar la viabilidad del retorno de dichas funciones a mandos civiles especializados”.
Traducido del lenguaje técnico, eso significa que por primera vez desde 2021, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador entregó el control operativo de las aduanas a las Fuerzas Armadas, el Congreso reconoce oficialmente que ese esquema podría revertirse. No es una orden directa, pero sí una cláusula política de apertura que obliga al gobierno a estudiar, documentar y reportar al Legislativo si es viable devolver el control civil de las aduanas. Un paso pequeño en apariencia, pero enorme en su significado institucional.
La propuesta fue impulsada originalmente por la diputada Julieta Licet Jiménez Angulo, del PAN, y respaldada por todo su grupo parlamentario. En su iniciativa, presentada el 17 de septiembre, planteó textualmente que la administración, coordinación y vigilancia de las aduanas debían regresar “a autoridades con carácter civil”, argumentando que la presencia militar —aunque eficaz en materia de seguridad— vulneraba la división de funciones en un Estado democrático. Su planteamiento fue ignorado en el articulado principal, pero sobrevivió, discretamente, en el transitorio número cinco, como una concesión política a las bancadas opositoras.
Lo revelador es que esta “ventana civil” aparece dentro de una reforma que, en todos los demás aspectos, fortalece el control estatal y digital de las aduanas. El nuevo marco legal consolida la alianza entre el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para crear un ecosistema de vigilancia tecnológica y trazabilidad en tiempo real. Todos los recintos fiscales y fiscalizados deberán contar con videovigilancia continua, sistemas interoperables y acceso remoto permanente para las autoridades. En otras palabras, las aduanas serán administradas por la nube: sensores, cámaras y algoritmos en vez de inspectores.
Así, por un lado, el dictamen deja abierta la puerta al regreso del mando civil; y por otro, entierra definitivamente la idea de una aduana autónoma o desconcentrada del poder ejecutivo. Las nuevas facultades de la ANAM la convierten en un organismo de control total, capaz de firmar convenios informáticos con la ATDT, acceder en tiempo real a las operaciones comerciales y coordinar con la Secretaría Anticorrupción la supervisión de agentes y recintos.
El texto también crea el Consejo Aduanero, presidido por Hacienda e integrado por el SAT, la ANAM y la Secretaría Anticorrupción. Este órgano decidirá quién puede operar una patente aduanal, renovar su autorización o ser sancionado. A partir de la entrada en vigor, los agentes aduanales serán responsables solidarios de los impuestos y cuotas compensatorias y perderán las “excluyentes de responsabilidad” que históricamente los blindaban. Un sistema que los vuelve fiscalmente corresponsables, políticamente vulnerables y tecnológicamente rastreables.
En ese contexto, el Quinto Transitorio es una cláusula de introspección en una ley diseñada para concentrar poder. Ordena un diagnóstico integral sobre la viabilidad del mando civil, que deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del decreto. No garantiza cambios, pero sí obliga al Ejecutivo a justificar su continuidad o su eventual repliegue. Es recordatorio de que el control militar de las aduanas no debe asumirse como irreversible.
Si Hacienda cumple el mandato, el estudio tendría que presentarse ante el Congreso antes de discutir el Paquete Económico 2027. En ese momento, Sheinbaum —ya con dos años de gobierno— deberá decidir si sostiene la línea de seguridad heredada de López Obrador o impulsa una transición civil bajo el argumento de eficiencia y transparencia.
Posdata 1
Con la novedad de que Finsus, la sofipo dirigida por Carlos Marmolejo, enfrenta problemas para obtener su licencia bancaria, por lo que se anticipa un camino complicado en lo que resta del sexenio, a pesar de sus expectativas de lograr la autorización hacia finales de 2025.
El caso de CIBanco, cuya liquidación fue confirmada en octubre tras sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y vínculos con cárteles de la droga, hechos que derivaron en la revocación de su licencia bancaria, habría encendido alertas regulatorias adicionales en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre todo porque Finsus evalúa adquirir parte de sus activos, incluida la cartera automotriz e infraestructura.
En el sector financiero se comenta que podría existir algún vínculo familiar entre los propietarios de ambas entidades, aunque especialistas sostienen que la relación financiera entre las dos firmas ya es motivo suficiente para replantear decisiones de supervisión, especialmente en un entorno donde la regulación exigida por Estados Unidos se ha hecho más exigente.
Posdata 2
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compareció este martes ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Aunque algunos legisladores del PRI y del PAN lo cuestionaron en puntos sensibles, como la reforma judicial y la reciente modificación a la Ley de Amparo, tanto oficialistas como opositores reconocieron su papel en la negociación comercial con Estados Unidos y respaldaron su propuesta de construir una posición común rumbo a la próxima revisión del TMEC.
Las inquietudes sobre las negociaciones con Estados Unidos dominaron la reunión, que se extendió por más de dos horas y media a puerta cerrada.
Entre las preguntas más insistentes estuvieron si el acuerdo mantendrá su carácter trilateral, cómo quedará México frente a sus competidores comerciales y qué garantías tiene el país ante la volatilidad del presidente estadounidense. Y aunque no lo dijo, la ruta que se perfila es la de una negociación bilateral México-EU.
Los diputados recordaron a Ebrard que la próxima semana se cumplen los 90 días acordados por ambos países para alcanzar un entendimiento arancelario. El secretario respondió que el avance es del 90% y adelantó que viajará a la Cumbre de Líderes en Corea del Sur, donde espera reunirse con sus contrapartes estadounidenses para cerrar el 10% restante del acuerdo.
Posdata 3
En las últimas dos semanas, una nueva disputa política ha comenzado a tomar fuerza en el escenario digital y mediático de la Ciudad de México. Se trata del enfrentamiento entre Arturo Ávila, diputado federal y vocero nacional de Morena, y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.
Lo que comenzó como un intercambio de declaraciones y publicaciones en redes sociales empieza a adquirir dimensiones que rebasan el terreno local. Rojo de la Vega, que ha hecho del activismo digital su principal herramienta de comunicación, busca medirse con el diputado federal de Morena.
El diagnóstico político de la alcaldesa es que Ávila se reduce al “Monrealato”, pero Ávila, empresario y político, se ha convertido en una figura cercana también a Palacio Nacional, con interlocución directa con otros liderazgos de la Cuarta Transformación como Marcelo Ebrard, Omar García Harfuch y varios gobernadores. Entre sus negativos está el haber colaborado en el primer círculo de Adán Augusto López.
El enfrentamiento detonó porque Ávila ha comenzado a denunciar públicamente la decadencia de los servicios públicos y la banalidad de un gobierno local más concentrado en las redes sociales que en la gestión cotidiana. Su crítica ha encontrado eco entre los ciudadanos que reclaman baches, calles abandonadas y obras olvidadas en una de las demarcaciones más emblemáticas de la capital.
Ambos políticos, con estilos distintos y públicos propios, están por chocar en el corazón de la CDMX. El desenlace de este enfrentamiento podría ser el inicio de lo que viene para la ciudad y la alcaldía en el 2027.
Posdata 4
La alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, se reunió con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, para afinar una estrategia conjunta que involucra a los tres niveles de gobierno. El municipio fue catalogado oficialmente como “prioritario”, una etiqueta que implica atención especial, recursos adicionales y seguimiento directo desde la Federación.
El encuentro, realizado bajo la interlocución del gobernador Esteban Villegas, marca un paso relevante en la reconfiguración del mapa de seguridad en La Laguna, una región históricamente golpeada por la violencia y el narcotráfico, pero que busca hoy consolidar un modelo de coordinación institucional.
Martínez Arango ha apostado por reforzar la comunicación con los mandos federales y estatales, alineando sus acciones con la nueva estrategia nacional encabezada por García Harfuch. “Nos obliga a redoblar esfuerzos”, dijo la presidenta municipal, consciente de que el nombramiento de Gómez Palacio como municipio prioritario es también una exigencia de resultados.
@MarioMal