En tiempos de inseguridad, violencia y terror, los ciudadanos estamos comprensiblemente dispuestos a entregar nuestros derechos e información personal a cambio de la promesa del gobierno de que, ahora sí, nos va a proteger y va a dejar de dar abrazos a los criminales. Si este fuera el caso, estaríamos eligiendo el menor de dos males. Sin embargo, nadie nos pregunta si así lo queremos, por la #LeyEspía el gobierno puede invadir nuestra privacidad, con independencia del uso que vayan a dar a esa prerrogativa.
Por un lado, los mexicanos ya no podemos conocer lo que hace el gobierno: eliminaron los Institutos de transparencia, eliminaron el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y, por lo tanto, el acceso a datos verificables. Es decir, nosotros no vamos a saber nada del gobierno y el gobierno sabrá todo sobre nosotros. Literalmente todo.
Lo que se conoce como #LeyEspía es todo el paquete de leyes que se aprobaron en estos días pero, particularmente, se trata de la Ley del Sistema de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública. Esta ley fue “discutida” en meses pasados. Sin embargo, a unas horas de ser discutida en el pleno el pasado miércoles 25 de junio, en la madrugada nos llegó a los diputados una “adenda” que modificaba prácticamente todo el dictamen, es decir, una ley distinta.
El abuso es evidente desde el artículo 2º. Sólo me voy a referir aquí a tres figuras que se definen en ese artículo: “inteligencia en seguridad pública”, “interconexión”, y ”productos de inteligencia”.
La inteligencia en seguridad pública se refiere a la “función estatal estratégica” que le permite a la autoridad obtener y aprovechar “datos documentales visuales, auditivos, audiovisuales” y, en general, de cualquier información que permita identificar conductas que puedan comprometer la seguridad, así como para prevenir delitos. De tal modo que la inteligencia en seguridad pública les da permiso de obtener, por ejemplo, cámaras de seguridad, videos de un iphone, fotos de computadoras y cualquier información para prevenir un delito —el que sea— o porque la fuerza pública crea que se compromete la seguridad pública. Es decir, siempre que quieran podrán intervenir todos los dispositivos de un particular.
El concepto de Interconexión se oye bien, pero no crean que se refiere a “la acción y efecto de conectar”, no es así. La fracción V lo define como “el mecanismo para la consulta directa de la información contenida en los sistemas tecnológicos, las bases de datos (tu computadora, tus eventos, tus invitados), así como los registros e información que posean los entes públicos y particulares”. Es decir, pueden consultar directamente todas tus bases de datos, como podrían ser los datos de tus familiares, tus clientes, tus pacientes. ¿Quiénes están sujetos a esta consulta? Pues todos, porque un ente público puede ser una universidad pública pero un ente privado es tanto una universidad particular como un hospital o un consultorio, hasta una estética de belleza.
Por si fuera poco, más adelante la ley contempla que organizaciones y gobiernos extranjeros también puedan acceder a esta información (art. 39C). Es decir que otros gobiernos pueden intervenir todos nuestros datos. Por ejemplo, Estados Unidos, pero también Cuba o Venezuela.
Finalmente, los llamados productos de inteligencia son definidos como “los documentos que resultan del análisis de la información que permiten identificar, prevenir o combatir las conductas delictivas, amenazas, riesgos o vulnerabilidades que afecten o puedan afectar la seguridad pública”. Todo puede convertirse en documento porque cualquier cosa “puede” afectar la seguridad y, en ese sentido, está sujeta a análisis y a ser un producto de inteligencia.
Como dije al principio, el ciudadano prefiere quizás vivir con seguridad incluso a costa de su libertad. Pero ni el legislador ni el poder público pueden optar por la “Seguridad” y, al mismo tiempo, anular las libertades. El poder debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y, al menos, establecer algún limite judicial o legislativo a la autoridad que interviene los derechos de aquellos, aunque sea a través de una pequeña rendición de cuentas. A Morena nada de eso le importa.
Esta ley no tiene carácter científico ni tecnológico, es discrecional y es invasiva. Seamos conscientes de ello, porque debemos exigir el regreso de nuestras libertades. Debemos denunciar esos atropellos en el Congreso, aunque ahora no seamos el número suficiente. En dos años, habrá elecciones.
Diputada federal. @Mzavalagc
