“Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”. Ese fue el texto que desató el rostro más autoritario de Tania Contreras López, exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal y hoy presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.
La columna de Héctor de Mauleón, publicada hace dos meses, ni siquiera hablaba directamente de Contreras. Bastó mencionar que era cuñada de Juan Carlos Madero Larios, presunto líder huachicolero, para que tanto el periodista como EL UNIVERSAL fueran acusados de violencia política de género.
El Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó bajar la columna. No fue suficiente notificar en las oficinas de este diario –con dirección pública–: el INE entregó datos del domicilio particular del periodista, para intimidarlo frente a su puerta.
El hostigamiento comenzó el 15 de mayo, en pleno proceso para la elección judicial donde Contreras era candidata. La censura se impuso: la columna debía desaparecer y De Mauleón abstenerse de volver a escribir sobre ella.
¿Es violencia política de género señalar un vínculo familiar con un presunto delincuente? El propio INE ha definido qué constituye violencia de género: actos basados en elementos de género que menoscaben o anulen derechos político-electorales de las mujeres, en el marco de su ejercicio político, mediante acciones simbólicas, verbales, económicas, físicas o psicológicas. Nada de esto encajaba en la columna de De Mauleón.
Que una funcionaria pública deba explicar sus nexos familiares es parte de la rendición de cuentas. Ni De Mauleón ni este periódico sugirieron que la candidatura de Contreras dependía de su parentesco con Madero Larios. Solo se consignó un hecho: es cuñada de. Punto.
Lo que sí ocurrió fue una banalización de la violencia de género. En un país donde millones de mujeres enfrentan agresiones reales, usar este concepto como arma para silenciar a un periodista no solo es desproporcionado: es perverso. ¿Por qué equiparar a quien investiga y cuestiona con violentadores como Cuauhtémoc Blanco?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ricardo Canesevs. Paraguay, fue clara: “En el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión constituye un bastión fundamental para el debate […] y permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión”. Eso es precisamente lo que hizo De Mauleón: contribuir al debate democrático.
Han pasado seis semanas desde que comenzó el acoso contra el periodista y este diario. Apenas la semana pasada, De Mauleón denunció que un dron sobrevolaba su casa.
Son tiempos oscuros, donde la censura se viste de legalidad y la crítica es perseguida. Por eso es tiempo de no callar. De abrazar a quienes, con valentía, sostienen el pulso del debate público y se niegan a que quienes imponen el miedo tengan la última palabra.
@MaiteAzuela