Quizá la reforma más trascendente del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum sea la electoral. Las recientes provenían del Plan C de su antecesor, las que trabaja su comisión ex profeso, no.
No se anticipa que la comisión encargada escuche y tome en cuenta las opiniones ciudadanas. No obstante, vale la pena adelantar algunas centrales para fortalecer el papel ciudadano en la construcción de la democracia. La democracia electoral es siempre importante: en su ausencia ganan la corrupción y la exclusión, al limitarse el acceso a procesos decisorios a unos cuantos, pero ahora mucho más por la concentración de poder del gobierno que controla al Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la abrumadora mayoría de los estados. El sufragio efectivo es más necesario que nunca. Durante más de 70 años fue una frase burocrática, hueca. Sería una tragedia que regresara a serlo.
Los siguientes elementos facilitarían la construcción democrática: uno, la obligatoriedad del voto; dos, la prohibición de coaliciones y la segunda vuelta; tres, la reducción (no eliminación) de plurinominales y la restricción para que los diputados de partido presidan comisiones legislativas.
Obligatoriedad del voto
Casi nadie lo sabe, pero en México el voto es obligatorio. El artículo 36 fracción III de la Constitución reza: Son obligaciones del ciudadano de la República: “Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley.” El artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que “Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular”, pero no impone sanción alguna por la abstención en las jornadas electorales.
Los ciudadanos no conciben el voto como una obligación legal. Se asiste a votar por educación cívica, convicción, fidelidad con una causa o partido o por acarreo, pero no en el cumplimiento de un deber.
El nivel de participación en las elecciones no es bajo en las presidenciales, pero la abstención es alta en casi todos los comicios, con frecuencia mayor al porcentaje de votos que obtienen los partidos. El promedio de participación de las últimas tres jornadas electorales ha sido, en elecciones presidenciales 62%, en intermedias para el Congreso 48 y en las últimas para el Poder Judicial de sólo 13.
La posibilidad de manipulación del voto por parte de grupos de interés, gobiernos, partidos políticos, estrategias de mercadotecnia, movilización del voto, es inversamente proporcional a la participación ciudadana. Cuando es baja, sufragar el costo de influir en algunos puntos porcentuales es más redituable que cuando se vota masivamente. Cuando la abrumadora mayoría sale a votar no sólo se evita mucha de la manipulación, sino que aumenta la legitimidad del resultado de manera automática. Curiosamente, a mayor participación, menor el costo de campañas para candidatos y para promover el voto, ya que el ciudadano tiene un incentivo para informarse sobre la elección y los candidatos en liza. La muy alta participación también reduce el papel de las autoridades que organizan las elecciones y los tribunales que las califican en su legitimación.
La obligatoriedad efectiva del voto y la lógica alta participación que genera permiten afirmar que el pueblo, todos los ciudadanos, eligieron el rumbo del país y sus gobernantes. Disminuye la probabilidad de conflictos electorales. Incentiva también el voto electrónico.
La obligatoriedad es común en América Latina, pero, con sanciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay y sin ellas en Costa Rica, Honduras y México. Las sanciones consisten en multas, requisito para trámites administrativos, obtención de identificaciones oficiales, inscripción en universidades, cobrar salarios en puestos públicos, restricciones en transacciones bancarias, acceso a programas sociales y otras. Las tasas de participación en la última elección presidencial en los países con obligatoriedad son mayores: Argentina, 77.7%, Bolivia 88.4, Brasil 79, Ecuador 82.9, Perú 70, Uruguay 89.5. En todos estos países la obligatoriedad termina a los 70 años y en Ecuador a los 65.
La participación en Costa Rica fue de 59.7%, en Honduras de 69.1 y en México de 61.
Prohibición de coaliciones electorales y segunda vuelta
Desde hace muchos años, los partidos políticos han abusado de la formación de coaliciones para evitar el cumplimiento de los propios estatutos y de las obligaciones de ley a los partidos como entidades de interés público. En particular, con respecto al proceso democrático para la elección de candidatos. Todos los partidos son responsables, los grandes al formar coaliciones a conveniencia, los chicos al venderse al mejor postor.
En las coaliciones, las candidaturas se negocian de manera cupular y se reparten entre partidos para influir en la configuración de mayorías por medio de diversas estrategias que han inflado mañosamente la representación proporcional en el Congreso. El clímax del abuso se dio en 2018 con la estrategia que permitió a Morena, Verde y Trabajo acercarse a las mayorías calificadas, que luego obtendrían con la compra de voluntades, a pesar de quedar, en el voto popular, muy por debajo de dos tercios. Pero abusos hubo también antes.
Las coaliciones, como se han manejado hasta ahora, también deslavan la identidad de los partidos y vuelven a los ciudadanos indiferentes sobre el contenido ideológico y programático de las campañas. Sin embargo, la experiencia internacional y nacional muestra la importancia que tiene para la gobernabilidad y la democracia la existencia de partidos con reconocimiento ciudadano.
Las elecciones a dos vueltas, bien diseñadas, promoverían la vida interna de los partidos y la identificación partidaria, sin impedir el apoyo a otros partidos, en coaliciones informales, en la segunda vuelta para influir en el resultado final. Permiten también reducir los requisitos para la conformación de nuevos partidos. Los diputados plurinominales, en términos de proporcionalidad o de jerarquización de preferencias, se elegirían en la primera vuelta en la que participan todos los partidos con su identidad propia. La segunda vuelta sólo serviría para la definición del Ejecutivo y de los diputados uninominales cuando no se alcance el umbral mínimo en la primera. De esta manera se evitan las manipulaciones y estrategias para la sobrerrepresentación artificial que se ha observado.
Reducción de plurinominales y restricciones a sus diputados
La presencia de diputados de partido o plurinominales ha sido muy importante para dar voz y voto a las minorías y sus partidos. Eliminarlos por completo sería un grave error al atentar contra la pluralidad en un país tan diverso como México. No obstante, la inflación de plurinominales a 200 diputados para un total de 500, y de senadores de 64, dos por estado, a 128, no ha mejorado la vida parlamentaria ni la calidad ni representatividad de las legislaturas. Un mejor esquema consistiría en contar con 100 diputados proporcionales electos en primera vuelta, sin coaliciones entre partidos, con un candado para que, al partido mayoritario, con 172 o más diputados uninominales, no se le puedan asignar más de 8% de las curules (32) por esta vía.
En el caso del Senado es imperativo regresar al espíritu original de la Constitución en el que los senadores representan a sus estados en el pacto federal. Para ello cada estado debe contar con dos senadores electos de manera escalonada, uno por elección federal cada tres años. La elección cada tres y no seis como ahora, permite a los ciudadanos premiar o castigar a los partidos políticos con una frecuencia distinta a las elecciones presidenciales. Los partidos de oposición tendrían que hacer un gran esfuerzo de campo para posicionar a sus candidatos y tener oportunidad de volverse competitivos en sus estados con respecto al partido mayoritario. Estas campañas para senadora o senador se convertirían en semillero de futuros líderes estatales y eventualmente nacionales. Los senadores de partido que se tienen hoy en día carecen de incentivos para posicionarse electoralmente en sus estados de origen.
De igual manera, para incentivar a las figuras políticas más notorias a participar en elecciones directas, se debe restringir el ámbito de actuación de los plurinominales en la cámara de Diputados y permitir posiciones de liderazgo en las comisiones sólo a los que hayan sido electos por la vía uninominal. En los últimos años, la enorme mayoría de los liderazgos en la cámara ha sido de plurinominales, electos cupularmente en los partidos y sin auténticas campañas para conseguir el voto ciudadano. Sin embargo, son estas figuras las que tendrían mayor posibilidad de competir con éxito en los distritos electorales, debido al conocimiento que tiene el electorado de su trayectoria, pero hoy no participan en las elecciones pues sólo aparecen en las listas de plurinominales.
Para que este incentivo funcione, es mejor permitir la reelección consecutiva, hasta dos veces para diputados para un total de nueve años y por una vez para senadores para doce, y eliminar la restricción de que tengan que hacerlo por el mismo partido.
Este conjunto de reformas tiene como objetivo asegurar el papel ciudadano en las elecciones, más importante que nunca en el contexto actual de partido mayoritario y concentración de poder.
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