El asesinato del presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo, ha conmocionado al país porque sucedió a la vista de todos, porque en reiteradas ocasiones pidió ayuda a las autoridades -supuestamente contaba con la protección de 14 elementos de la Guardia Nacional- y porque su voz sintetiza el hartazgo de un país cuyas libertades han quedado restringidas por la violencia. Su muerte está lejos de ser un hecho aislado. Sucede tras la de Bernardo Bravo, Alejandro Torres Mora, José Luis Aguiñaga Escalera y Rogelio Escobedo Peñaloza todos ellos productores de limón acosados por el cobro de piso del crimen organizado. Sucede también tras los más de 133 mil desaparecidos que el gobierno insiste en minimizar. Sucede tras las más de 2 mil 696 amenazas, asesinatos, ataques armados y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político o gubernamental del país, en el periodo que va de 2018 a 2025 según Data Cívica.
El cobro de piso, ese impuesto criminal en el que va la vida de por medio, se ha extendido e impactado en las dinámicas comerciales y en el precio de distintos productos afianzando el control territorial de grupos delincuenciales principalmente en los municipios del país.
Las constantes quejas de grupos empresariales inspiraron la puesta en marcha este año de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual está basada en la denuncia, la creación de unidades antiextorsión en las fiscalías, la atención a víctimas, la prevención, la persecución de oficio y el congelamiento de cuentas. Aún así, este delito es el que menos se reporta. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, por miedo o desconfianza, la cifra negra alcanza hasta el 98 por ciento.
En septiembre pasado, Coparmex aseguró que en el último año, más de la mitad de sus afiliados fueron víctimas de extorsión lo cual, representó pérdidas equivalentes a 21 mil millones de pesos.
La extorsión se ha vuelto tan común que también la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó que uno de cada cuatro comerciantes ha sido víctima de este delito llevando al cierre o a la quiebra en distintos negocios. Esto sucede en dos terceras partes del territorio nacional.
Quienes han estudiado el comportamiento del crimen organizado en México -como Sandra Ley y Guillermo Trejo-, definen a la gobernanza criminal como el control político, económico y social de un territorio determinado. Su arma principal es la violencia y la cooptación a través de redes de complicidades. Detrás de la carrera por el control territorial criminal están la imposición de candidatos, el financiamiento de campañas electorales y la dinámica económica de los municipios. No es casualidad que en el proceso electoral de 2024, 38 candidatos a cargos de elección popular en los ayuntamientos resultaron asesinados. Paradójicamente, con la centralización de decisiones y de presupuestos, con el aumento de la opacidad y la discrecionalidad, a los municipios y a sus habitantes se les ha dejado a merced de quien domina a fuerza de plomo y plata. Las estadísticas de la violencia coinciden con la prevalencia de los grupos criminales en disputa: loa municipios de Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán son los más afectados. México no avanza hacia una autocracia electoral convencional, ésta según la clasificación de V-Dem implicaría la existencia de elecciones multipartidistas sin el cumplimiento de estándares democráticos, sin ejercicio de libertades fundamentales y sin rendición de cuentas para lograr el control dominante de un solo grupo político. Y el control, claramente no lo tienen.
Investigadora de México Evalúa