Entre antier y la madrugada de ayer, en la Cámara de Diputados aprobamos ordenamientos que constituyen un paso más hacia la consolidación del proyecto de seguridad que desde hace casi ya 7 años inició la Cuarta Transformación. La seguridad es uno de los valores más preciados por las personas, es algo que valoramos porque a partir de contar con eso, podemos avanzar hacia las metas que se tienen. Es por eso que nos enfocamos en consolidar y fortalecer la coordinación y la inteligencia.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) señala que el derecho a la seguridad ciudadana en un Estado democrático consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a los ciudadanos para el libre ejercicio de todos sus derechos y ese es justamente el objetivo que conseguiremos gracias a la normatividad aprobada.
En primer término, se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual tiene el objetivo de establecer un marco legal uniforme para la coordinación de los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad pública; fortalece la profesionalización policial, con estándares claros de capacitación y evaluación; más controles y supervisión, lo que puede reducir casos de corrupción y abuso de autoridad, así como énfasis en el respeto a los derechos humanos, lo que fortalece la legitimidad de las instituciones de seguridad.
Lo que se trata de hacer es involucrar a todas las policías, principalmente las municipales que suelen ser los primeros respondientes, la cara de la seguridad con la que las personas se topan desde un primer inicio ante un hecho que vulnere su seguridad, es por eso que deben contar con una capacitación constante buscando en todo momento su profesionalización.
Se les otorga capacidad de gestión y autonomía a estas policías locales con el objetivo de definir responsabilidades y atribuciones de cada nivel de gobierno para evitar duplicidades y conflictos, lo cual sin duda eficientará el trabajo de estás corporaciones y se verá reflejado inmediatamente en el día a día de la población.
También se obliga a todas las instituciones de seguridad pública a compartir y actualizar diariamente la información que generan en el ámbito de su competencia, así como posibilitar su interconexión con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública. Este punto es muy relevante ya que es absolutamente necesario que la seguridad de los estados tenga un punto nodal en el que no solo la federación, sino los estados colindantes, cuenten con información para perseguir delitos de alto impacto.
La Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, establece un marco jurídico que regule la obtención, análisis y uso de información para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública, es decir, lo que se busca es interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, entidades federativas, municipios y entes privados para investigar delitos, así como
medios, recursos y bases de datos; generar productos de inteligencia para generar bases de datos criminalísticos que aporte pruebas en el desarrollo de estrategias e investigaciones de objetivos específicos, además de provechar herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia en el combate del fenómeno delictivo.
Coordinación e inteligencia, esos fueron los elementos que fortalecimos y reglamentamos para que la Secretaría de Seguridad de México tenga las herramientas necesarias que se requieren para combatir los delitos de alto impacto y el crimen organizado, al tiempo que se trabaja en la prevención, dando continuidad al proyecto que inició hace 7 años.