25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el país vuelve a mirar de frente una realidad que no podemos normalizar. La violencia contra las mujeres permanece como un fenómeno estructural que exige una respuesta firme y sostenida del Estado mexicano y de la sociedad en su conjunto.
Las violencias adoptan múltiples formas —física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, simbólica, digital, política, obstétrica o institucional— y atraviesan territorios, edades y condiciones sociales. Este carácter diverso amplía su impacto y demuestra la necesidad de políticas integrales que atiendan cada manifestación con rigor y eficacia.
Las cifras oficiales son contundentes. El 70% de las mujeres mayores de 15 años ha vivido algún tipo de violencia. Estos datos evidencian desigualdad estructural, obstáculos para denunciar y brechas territoriales que agravan la vulnerabilidad de millones de mujeres en todo el país.
Frente a esta realidad, el Estado tiene la obligación de actuar con claridad y determinación. Garantizar justicia y eliminar la impunidad es fundamental para construir un país en el que todas las mujeres puedan vivir con seguridad y libertad. Ello requiere instituciones sólidas, personal capacitado y procesos transparentes que incorporen perspectiva de género en las decisiones públicas.
El caso de Daniela Toussaint ilustra los desafíos. Daniela acudió al Centro Histórico para documentar una manifestación y fue agredida por elementos policiales pese a su conducta pacífica. Aun con un video que registró los hechos, este fue desestimado por un juez bajo el argumento —sin peritaje— de que podría tratarse de inteligencia artificial. Situaciones así demuestran la urgencia de fortalecer capacidades técnicas, criterios judiciales y protocolos para valorar evidencia digital y actuar, en los hechos, con perspectiva de género.
La eliminación de la violencia contra las mujeres debe ser prioridad permanente del orden institucional, más allá de cualquier coyuntura política. Es una responsabilidad de Estado y un compromiso que debe unirnos. Honrar a quienes alzan la voz y a quienes ya no están implica construir instituciones que respondan con oportunidad y profesionalismo, centradas en la dignidad de las víctimas.
Cuando una mujer es violentada, fallamos como país; cuando una mujer vive en libertad, avanzamos todos. Nuestro deber es claro: trabajar por un México donde cada denuncia sea atendida y cada agresión investigada con seriedad. Un país donde ninguna mujer tenga que elegir entre libertad y seguridad.
Ese es el país posible y el país que estamos obligados a hacer realidad.
Diputada federal @kenialopezr