En lo que va de 2025 (enero-septiembre), los precios de los bienes y servicios en las distintas etapas productivas —uso intermedio, bienes finales y producción total— han mostrado una desaceleración notable. La inflación acumulada del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) es de apenas 0.95%, frente a 5.25% registrado en el mismo periodo de 2024. Si esta trayectoria se mantiene, la tasa anual del INPP podría ubicarse entre 3% y 5% hacia finales del año; no obstante, este favorable comportamiento no se ha trasladado plenamente a los precios al consumidor. El índice subyacente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) —que incluye mercancías y servicios— acumula un incremento de 3.41%, alejando a la inflación general de su convergencia hacia el objetivo de política monetaria.
Cabe recordar que la relación entre el INPP y el INPC depende del grado de traslado de costos (pass-through). Cuando las empresas enfrentan márgenes reducidos y una demanda débil, tienden a absorber parte de los incrementos; pero en un entorno de presiones salariales y mayores costos de insumos, el traspaso hacia el consumidor ocurre de manera más rápida y generalizada.
Un elemento clave en esta aparente disociación entre ambos indicadores es la actualización estructural del INPP que el Inegi implementó a partir de agosto de 2025. El cambio incluyó la renovación de la canasta de bienes y servicios y de los ponderadores, con el propósito de reflejar de manera más precisa la estructura productiva vigente, derivada de los Censos Económicos recientes. Asimismo, se introdujo el uso de índices encadenados, lo que permite capturar gradualmente cambios en la composición del aparato productivo y ajustar el índice ante transformaciones sectoriales.
Los bienes y servicios que anteriormente tenían una baja ponderación podrían adquirir ahora mayor incidencia si sus precios se incrementan, “recalibrando” la sensibilidad del índice global ante choques sectoriales. En consecuencia, las variaciones recientes del INPP deben interpretarse con cautela, ya que parte del ajuste podría responder a la nueva metodología más que a una auténtica moderación de costos.
Más allá de los cambios metodológicos, la dinámica del INPP sigue determinada por factores internos y externos. Entre los internos destacan los aumentos en los precios de materias primas nacionales y los mayores costos de transporte, almacenamiento y distribución, con frecuencia asociados a la inseguridad, la deficiente infraestructura y el alza en combustibles. La inseguridad, en particular, ha tenido un papel creciente en el encarecimiento de costos y la reducción de utilidades de las empresas. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi, más de la mitad de las unidades económicas reporta haber enfrentado delitos como extorsión o robo, lo que se traduce en mayores gastos de protección y menores márgenes de rentabilidad.
En el ámbito externo, la volatilidad de los precios internacionales de los commodities —especialmente energía, alimentos y metales— y los ajustes arancelarios tanto los impuestos por Estados Unidos como los que México podría aplicar a países sin tratados comerciales. A su vez, las fluctuaciones del tipo de cambio, que se ha mantenido apreciado, pero podría revertirse en 2026, representan otro factor de riesgo; una depreciación del peso encarecería los insumos importados y presionaría nuevamente los precios de producción.
Las presiones inflacionarias sobre los precios al productor podrían reactivarse en un entorno de bajo crecimiento económico. Este escenario, sumado a los riesgos arancelarios y al aumento salarial ya anunciado —que elevará los costos laborales de las empresas—, apunta a que la estabilidad reciente de precios podría ser temporal. De igual forma, de confirmarse presiones sobre el INPP, el Banco de México enfrentará el reto de mantener tasas elevadas por más tiempo, posponiendo la normalización monetaria iniciada desde hace meses.
Enfrentar el escenario inflacionario del próximo año requerirá coordinación y visión de largo plazo. El gobierno debe evaluar cuidadosamente el impacto de medidas como el aumento del salario mínimo y, en paralelo, fortalecer la producción interna, reducir la dependencia de insumos importados y promover la inversión productiva. La economía mexicana no puede permitirse más demoras en la construcción de un modelo de crecimiento que combine estabilidad de precios, productividad y desarrollo sostenible.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.