“Una cosa no quita la otra” suele decirse cuando dos situaciones deben coexistir y cuando no es deseable excluir a una por la otra.
El Inegi dio a conocer la evolución de la pobreza en los últimos tiempos. Y las noticias son buenas. De 2022 a 2024 la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 millones a 38.5. Y aquella considerada en pobreza extrema se redujo de 9.1 millones a 7. Permanecen enormes desigualdades regionales y la red de Acción Ciudadana Contra la Pobreza llama la atención sobre una cifra que no debe pasarse por alto: “la población vulnerable por carencias sociales aumenta de 32.7 a 41.9 millones” (se trata de las “carencias” por rezago educativo, acceso a los servicios de salud, la calidad y espacio de la vivienda y la alimentación). En particular aquellos que carecen de acceso a los servicios de salud pasaron del 15 al 34 por ciento entre 2018 y 2024. Pero no se trata de ponerse roñoso. El incremento en los salarios mínimos —dicen quienes de esto saben y resulta lógico— es la causa fundamental de la disminución de la pobreza y con un impacto mucho menor las transferencias monetarias. Debe reconocerse.
Pero, así como en el largo trayecto del tránsito democratizador que vivió el país se le dio la espalda a la cuestión social (piso fundamental en el cual se reproduce nuestra existencia), lo cual debilitó y mucho el aprecio por las edificaciones democráticas, ahora se atienden abismales desigualdades, pero se destruye lo edificado en términos democráticos.
Pregunto, y no requiero respuestas porque supongo que éstas son casi automáticas, ¿si no se hubiese podido apuntalar y subrayar la independencia del Poder Judicial y no sacrificarlo en aras de alinearlo a la fuerza gobernante? ¿Si los incrementos al salario mínimo y las muy distintas transferencias monetarias hubiesen podido convivir con un Congreso en el cual la diversidad estuviera representada de manera equilibrada sin tener que sobrerrepresentar a la mayoría violando preceptos constitucionales? ¿Si era necesario multiplicar y extender las causales de la prisión preventiva oficiosa? ¿Si resultaba imprescindible adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa? ¿Qué hubiese pasado si no se hubieran borrado de un plumazo órganos autónomos del Estado para concentrar sus facultades en el Ejecutivo? ¿Y era necesaria la persecución de científicos para abrirle paso a una menor desigualdad? Y no le sigo.
Recordemos lo elemental que debía a estas alturas del siglo XXI ser fundamental: los dos grandes valores que puso en marcha eso que llamamos modernidad fueron los de la igualdad y la libertad. Sacrificar en aras de la primera las segundas concluyó en la edificación de auténticos Estados policiacos y en el atropello de los derechos de los ciudadanos, y darle la espalda a la primera sólo asumiendo las segundas, generó y genera sociedades escindidas, polarizadas, en las que la aspiración de una mínima cohesión social se vuelve imposible.
Atender las necesidades de la población es necesario, fundamental, pero para ello no debemos (porque sí podemos) destruir el entramado normativo e institucional que hace posible el despliegue de las libertades. Y hasta donde sabemos solo bajo el manto de un auténtico régimen democrático ello es posible. Atentar contra él, destruir lo poco o mucho edificado en ese sentido es peligroso incluso para los actuales usufructuarios de lo que queda del arreglo político democrático.
Profesor de la UNAM
