La gran falacia que muchos tratan de dibujar estos días es que México atraviesa crisis “solo económicas” o solo “políticas”. Falso. Economía y política están tan entrelazadas que separarlas sería como querer deshilachar un alambre de púas con las manos sin guantes. Distintas situaciones económicas concretas que afectan lo político lo confirman, mencionemos la caída del PIB en el tercer trimestre, marcando el camino hacia un cierre de 2025 prácticamente sin crecimiento. La industria retrocedió 1.5% en el mencionado lapso, las manufacturas, la construcción y la minería están sufriendo un frenón brutal, en tanto, el agro apenas crece al 3.5% y los servicios reman con dificultad entre 0.2% y -0.1por ciento. El indicador del subsector petróleo y petroquímica de la construcción “se desplomó 75%” el pasado septiembre. La inversión pública reporta una caída de 42% en lo que va del año en el gasto público planificado.
En tanto, asuntos políticos consustanciales a lo económico se vienen complicando: organizaciones de campesinos y transportistas, hartos del abandono – y del cobro de piso, de la inseguridad y de precios de garantía insuficientes- han levantado la voz. El pasado lunes paralizaron al menos 19 Estados con bloqueos en autopistas, aduanas y fronteras. Exigen presión real sobre la inseguridad en carreteras, que se revisen los precios de garantía, además de rechazar la Ley de Aguas. La Secretaría de Gobernación acusa a los manifestantes de estar manipulados, así como a los partidos de oposición de inmiscuirse tras bambalinas. Rosa Icela: “No se entienden los bloqueos a menos que haya motivación política”. Pero, por supuesto que existen motivaciones políticas, por algo es la misma Secretaría de Gobernabilidad Interna, la Secretaría Política, la encargada de atender y resolver la situación. No se puede subestimar la motivación social ni pintarla solo de maniobra opositora cuando las pérdidas son reales, urgentes, palpables. Dice Claudia Sheinbaum: “Hay quien se manifiesta para mantener privilegios”. ¿Qué privilegios? Se pierden miles de millones por “huachicol carretero”, hablamos de entre 3 mil y 3 mil 800 millones de pesos al año que dejan de ingresar al erario por casetas tomadas. Esa es una sangría de autoridad y de ingresos, un golpe institucional por ceder y conceder territorios de poder.
La protesta no solo es legítima, se justifica como inevitable cuando la gente no ve otra vía para que se le escuche. Pero el gobierno responde criminalizando las demandas: “Quieren mantener privilegios”. No se puede culpar solo al interés político de la protesta, como si la política no fuera parte central del problema. El mensaje medular para el poder es que la crisis económica inevitablemente se convierte en política.
La economía y la política son indisolubles, la economía se politiza porque afecta vidas, ingresos, territorios. La política impacta lo económico porque define reglas, presupuestos y prioridades. Criticar a quienes “politizan” las crisis económicas es absurdo. Política hicieron quienes hoy gobiernan para llegar al poder y política hacen cada día al decidir dónde poner -o quitar- recursos. ¿O acaso ahora es indebido o incluso resulta ilegal hacer política? Gobernación existe justamente para contener y procesar conflictos políticos. Pretender que la inconformidad social no es política simplemente es negar la realidad.