Quienes hemos seguido las sesiones extraordinarias del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionadas con la elección judicial del pasado 1 de junio, hemos asistido a un curioso espectáculo. El denominador común ha sido la aceptación de irregularidades a lo largo de todo ese proceso electoral. Prácticamente todos los consejeros han coincidido en que los preparativos, la jornada y sus posteriores etapas se realizaron en condiciones tales que propiciaron deficiencias más o menos considerables.
A partir de esta base común, las diferencias entre los distintos consejeros han sido notables. La mayoría de ellos expresó serios cuestionamientos a la elección misma aun cuando, finalmente, no todos ellos hayan emitido su voto por la nulidad o por la no validez de los comicios. Por el contrario, asistimos a intervenciones enjundiosas que parecían dirigirse a la invalidez, para sólo al final decantarse, con menor enjundia, por un sentido completamente distinto.
A la par de esas frustráneas votaciones, existieron intervenciones en las que las razones argüidas y los votos emitidos fueron perfectamente consistentes. Con independencia de su carácter minoritario, quienes mantuvieron la congruencia entre ambos momentos señalaron de manera precisa y fundada en evidencias, las razones que sustentarían el sentido final de sus participaciones. Como todos los que hemos seguido las sesiones hemos podido constatar, cinco consejeros identificaron, presentaron y demostraron severos problemas en la organización de las casillas, imposibles tasas de participación, acordeones creados y distribuidos de manera institucionalizada, urnas embarazadas, boletas no utilizadas, acarreos organizados, controles clientelares, cómputos secretos y otras tantas trampas de igual calaña.
Frente a las razones dadas por los cinco consejeros electorales, buena parte de la que resultó ser la mayoría optó por presentar diversos argumentos para sustentar su propia y finalmente ganadora posición. El corazón de estos argumentos descansó en la calidad del servicio profesional del INE, las condiciones de trabajo realizado, los intentos de sabotajes internos y externos que el Instituto y las elecciones recibieron o el carácter histórico del evento mismo. Los argumentos dados por los integrantes de la mayoría no estuvieron destinados a enfrentar lo dicho por quienes después serían minoría, sino que se enfocaron en darle un sentido heroico a su trabajo y al del personal del INE o al sentido de la elección en su conjunto. Desde esa posición autoconstituida como virtuosa por completo, en sí mismo valiosa y desde luego autorreferente, la mayoría se colocó en una posición histórica para desde ahí ignorar a sus pares y desdeñar sus dudas sobre la validez de la elección.
Quienes hemos presenciado las sesiones del Consejo General del INE hemos advertido que, con independencia de las ausencias de diálogo y el despliegue de la pura maquinaria mayoritaria de los seis votos, las actuaciones llevadas a cabo han puesto en evidencia otro particular y curioso fenómeno. A nadie escapa que tanto la reforma judicial como el proceso electoral que permitieron realizarla, estuvieron llenos de anomalías de diversos tipos. Sin embargo, las votaciones del INE terminaron sirviendo de catalizador de todos esos problemas, omisiones e irregularidades. Los integrantes de la mayoría se construyeron a sí mismos y por sí mismos una especie de pedestal basado en lo que consideran una labor grandiosa por lo hecho por ellos o por su inserción en una historia que suponen los trasciende. Puede ser que sus votos les permitan creer en lo que hicieron. Sus razones desde luego no, porque nunca las expresaron frente a lo que una y otra vez les fue señalado.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio
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