El nuevo Poder Judicial está por tomar posesión. Hay muchas preguntas en el aire. Una que me inquieta especialmente es qué sucederá con la jurisprudencia que hasta ahora se ha construido. El régimen transitorio de la reforma judicial dispuso que las tesis y criterios vigentes seguirían teniendo validez. Pero la realidad es que eso depende de la voluntad de quienes integrarán la nueva Corte. Las ministras y los ministros que entran pueden, con toda libertad, apartarse de lo que hasta ahora se había establecido. Incluso pueden ir en sentido contrario de lo previamente definido.
Imaginemos un ejemplo sencillo: para la situación A, la Corte había determinado durante años que la consecuencia debía ser X. Eso era sabido por jueces, litigantes y autoridades, que actuaban en consecuencia. Sin embargo, la nueva integración podría concluir que, para esa misma situación A, lo correcto es la consecuencia Y. Lo que ayer se decía con toda firmeza, mañana puede invertirse, no por una nueva reflexión técnica, sino por un juicio político: porque aquello era “neoliberal” o “fifí”, y ahora debe abandonarse.
Durante las últimas tres décadas, los cambios de criterio habían sido paulatinos. La razón es sencilla: las variaciones en la integración de la Corte también se daban de manera escalonada. Un criterio sentado por unanimidad de once votos no iba a cambiar solo porque llegara una o dos personas nuevas. En todo caso, esa mayoría unánime se reducía a nueve votos. Se necesitaba un mínimo de seis años para que hubiera un giro relevante en la interpretación de la Constitución.
Hoy, en cambio, estamos frente a una situación distinta. De un día para otro, lo negro puede volverse blanco. La jurisprudencia —que debería ser sinónimo de certeza— se vuelve frágil. Y eso abre un escenario inédito para quienes aplican y estudian el Derecho: tendrán que adaptarse a una Corte que puede redefinir el sentido de las instituciones sin la gradualidad de antes.
Vale la pena recordar, además, cómo funciona la publicación de los criterios judiciales. Estos se recogen en el Semanario Judicial de la Federación, que, como toda publicación periódica, se organiza en épocas. Esa división siempre obedeció a decisiones editoriales, no a transformaciones jurídicas sustantivas. Sin embargo, en los últimos años se generó la percepción equivocada de que cada nueva época implicaba un cambio de paradigma. Se pensaba que, de la noche a la mañana, los mismos jueces decidían distinto solo porque había iniciado una nueva época editorial.
Lo que está por ocurrir ahora sí es un cambio de época real. No se trata de una etiqueta en la portada del Semanario, sino de un viraje de fondo: el de una nueva integración de la Corte y de los tribunales, cuyos integrantes ya han dejado ver, desde sus campañas, una visión radicalmente distinta sobre lo que debe ser el Derecho.
El 1 de septiembre no solo empieza un calendario nuevo para el Poder Judicial. Comienza una etapa en la que la jurisprudencia podría dejar de ser un ancla de certeza y transformarse en un terreno movedizo. Y en ese terreno, el reto será mayor: encontrar seguridad en un Derecho que quizá ya no la garantice.
Investigador de la Universidad Panamericana
@ChemaSoberanes
