Acertijo. Piénsele. Los golpes espectaculares contra el huachicol se encaminan a) a romper las alianzas del crimen y el régimen, a diferencia de López Obrador. b) a ponerle palomita de ‘misión cumplida’’ a la lucha contra el huachicol y ya no moverles a las redes que entrelazan política y delito. c) a distraer la atención de las acusaciones estadounidenses de lavado de dinero del narco a entidades de sistema financiero mexicano, una de ellas propiedad de un personaje vinculado directamente a López Obrador.
Ovidio, el viernes. En tres semanas, aranceles o rendición. Desempleo y línea dura, ya. La agenda aparece poblada de expectativas, riesgos y otros temas críticos. La encabeza la audiencia del viernes en la que se declarará culpable Ovidio Guzmán en una Corte de Chicago, entre especulaciones de que, allí, el hijo del ‘Chapo’ señalaría a sus cómplices en el poder político mexicano. Luego, continúa, renovada, la incertidumbre por la amenaza de Trump de materializar sus extorsiones arancelarias el uno de agosto, sin no hay rendición a sus condicionamientos comerciales. Ello, entre las malas noticias económicas: tres meses de caída del empleo, sin inversión, aumento de precios, presupuesto deficitario y más deuda pública. Y enseguida, las más malas noticias para las libertades y los derechos civiles de los mexicanos, generadas por el periodo extraordinario del Congreso concluido el pasado fin de semana. Todo junto hace pensar en la línea dura con que el régimen proyectaría enfrentar la previsible inconformidad ante la penuria material, cívica y moral provocada en siete años de destrucción de la república.
Dictadura sin adjetivos. Pero la Presidenta anticipó también una primicia fatal. De hecho, anunció la consolidación de un estado bajo el control de su partido, prácticamente único. No más representación proporcional de minorías, una conquista de la izquierda (y de la democracia mexicana) viva desde hace medio siglo. No más INE, o lo que queda de él, el órgano electoral (antes) autónomo que accionó el fin del partido ‘casi único’ sobreviviente hasta las elecciones de 1988. Esta iniciativa convertirá en ley las prácticas más grotescas de la pasada ‘elección’ del Poder Judicial, con el propósito de perpetuar al actual grupo gobernante en el poder absoluto. Y enfilará a México, parafraseando a Enrique Krauze, a una dictadura sin adjetivos, sin matices posibles.
Derechos en cenizas. López Obrador fue menoscabando la protección de los derechos humanos universales de acceso a la información, a contar con jueces profesionales e independientes y a votar frente a autoridades electorales libres de ataduras a partidos y gobiernos. Y ya la actual Legislatura, con mayorías espurias fieles al dominio de AMLO, las garantías de estos tres órdenes de derechos aparecen en cenizas, al pie de la hoguera en que se incineran los derechos y las libertades de la república liberal y democrática.
Gabinete ampliado y acuerdo presidencial. Si, como sostiene el oficialismo, no hubiera artículos restrictivos del derecho de acceso a la información; ni punitivos de las libertades en telecomunicaciones y radiodifusión; ni proclives al espionaje de la vida privada en las nuevas normas de Investigación e Inteligencia, la mudanza de los órganos autónomos, técnicos, encargados de garantizar esos derechos, a dependencias directas del Ejecutivo hace toda la diferencia. Sean órganos descentralizados o desconcentrados, sus titulares serán nombrados o palomeados en Palacio, incluyendo las comisiones colegiadas, integradas convenientemente por el mismo grupo gobernante. Aquí se inventó lo del ‘gabinete presencial ampliado’. Y todo asunto de interés del régimen se resuelve en ‘acuerdo presidencial’. Obediencia ciega a su causa, exigió López Obrador a todo servidor público.
@JoseCarreno
