Uno de los mayores logros de la transición democrática en México fue afirmar el principio de que la seguridad pública debe estar en manos civiles. Ese consenso, que costó décadas construir, se convirtió en uno de los pilares que sostienen nuestra vida democrática. No es un simple detalle técnico: es una garantía fundamental de que el poder armado no sustituya a las instituciones que deben estar al servicio de los ciudadanos, no por encima de ellos.
Por eso preocupa —y con razón— el contenido del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo y respaldado sin reflexión alguna por Morena y aliados que se discutirán en el próximo periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. En el discurso dicen que lo que se busca es “profundizar la transformación”. En los hechos, lo que están proponiendo es una militarización sin precedentes del país. Acción Nacional lo advirtió desde hace seis años, sin embargo, ante el entorno de violencia e inseguridad incontenible, y con la premisa de que la Guardia Nacional tendría un carácter civil, dimos nuestro voto de confianza.
Lamentablemente, la reforma propuesta elimina el carácter civil de la Guardia Nacional. Lo borra. Desaparece la palabra misma. Y a cambio, establece que su mando podrá estar en manos de un militar en funciones, propuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional. Con ello, no sólo se contradicen a sí mismos —después de años prometiendo que la Guardia sería civil—, sino que colocan a esta institución directamente bajo el control castrense, sin espacio para el escrutinio ciudadano ni los contrapesos democráticos.
El mensaje es claro: no se trata solo de seguridad pública, se trata de permitir que las Fuerzas Armadas penetren todos los ámbitos del poder público.
Y quizá lo más alarmante: la propuesta busca autorizar que las Fuerzas Armadas investiguen a civiles sin un adecuado control judicial, bajo el argumento de que se trata de acciones para “prevenir delitos”. ¿Qué delitos? ¿Quién los definirá? ¿Con base en qué pruebas? Este tipo de ambigüedad legal abre la puerta a la vigilancia política, al control de la disidencia, al uso de la fuerza no para proteger a la ciudadanía, sino para controlarla.
En los hechos, se allana el camino para que el Ejército intervenga en la vida pública y política como nunca antes en la historia moderna de México. Se normaliza su presencia en tareas civiles, como ya sucedió en las reuniones del Consejo del INE en el pasado proceso electoral del Poder Judicial o en casillas en el proceso electoral de Durango, se les otorga poder político y se elimina el marco de garantías judiciales que protege a las personas frente al abuso de autoridad.
Desde Acción Nacional no compartimos esa visión. Hemos trabajado por años para fortalecer una estrategia de seguridad integral, con instituciones civiles bien capacitadas, cuerpos policiales locales profesionales, y sistemas de justicia funcionales que respeten el debido proceso. No creemos que militarizar la vida pública sea el camino. Tampoco creemos que la paz se imponga con miedo, ni que la autoridad se construya desde el silencio de los cuarteles.
Lo que Morena propone no es una modernización del Estado: es un retroceso. Un paso hacia formas de poder autoritario que ya vimos en otros países y que terminan siempre por debilitar las libertades, aplastar la pluralidad y someter la crítica.
Pretenden disfrazar de armonización legislativa lo que en realidad es la consolidación de un modelo autoritario, opaco y regresivo. No vamos a avalar una iniciativa que representa una seria amenaza al modelo constitucional de seguridad pública al entregar el control absoluto de la seguridad pública a la Sedena.
No se trata de un debate entre partidos ni de una diferencia de matices. Se trata de defender principios fundamentales. La democracia, para que funcione, necesita contrapesos. Necesita transparencia, límites claros al uso de la fuerza, un marco de derechos y un poder civil fuerte que rinda cuentas. Cuando esos elementos desaparecen, lo que queda ya no es una República: es un régimen autoritario.
Desde Acción Nacional seguiremos del lado de quienes creen en la democracia como forma de vida. Seguiremos del lado de quienes no se resignan a entregar el poder a una lógica militar. Y sobre todo, seguiremos defendiendo la idea de que la seguridad pública debe construirse con legalidad, cercanía ciudadana, inteligencia y profesionalismo. No con imposiciones ni con miedo.
México no merece convertirse en un país donde el poder de las armas esté por encima del poder de la ley. Y quienes creemos en la libertad, no vamos a quedarnos callados.
Presidente de Acción Nacional