Controvertidas y altamente polarizadas aparecen las propuestas de reformas tanto en seguridad e inteligencia como a la Ley Electoral en México.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública busca crear un sistema coordinado entre la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. Su propósito es mejorar la prevención y judicialización de delitos, especialmente los relacionados con el crimen organizado.
Con tal enfoque, la Ley de la Guardia Nacional consolida su estructura bajo el mando de la Sedena, pero mantiene su función de seguridad pública. Esto es: Se establece una coordinación directa con fiscalías y ministerios públicos. También se homologan grados con las fuerzas armadas.
Así, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública busca mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y formaliza la creación de Mesas de Paz en cada entidad federativa.
Sin embargo, estas reformas son criticadas por organizaciones civiles que las perciben como “leyes de espionaje”, ya que incluyen la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, lo que podría abrir la puerta a una vigilancia excesiva.
La adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y la posibilidad de que sus miembros participen en política activa sin separarse con antelación suficiente, asimismo, se percibe como una amenaza al equilibrio civil-militar.
Al mismo tiempo, algunos analistas consideran que estas reformas otorgan “superpoderes” a la Secretaría de Seguridad, lo que podría derivar en abusos si no hay contrapesos institucionales.
De manera simultánea, aunque no es tan mediáticas como las propuestas de modificación a inteligencia y seguridad, también hay propuestas en materia electoral.
Se discuten modificaciones al artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permiten a los partidos mantener su registro con el 3% de votos en al menos 17 estados, aunque no lo logren a nivel nacional. Esta propuesta fue retirada tras críticas por favorecer a partidos minoritarios.
En algunos congresos estatales, como el de Michoacán, se están analizan hasta 20 iniciativas para reformar los códigos electorales rumbo a las elecciones de 2027.
El oficialismo argumenta que los cambios a las leyes electorales impactan en la reducción de costos y se busca disminuir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos políticos, ya que el sistema actual es excesivamente costoso para el erario.
También se propone suprimir las listas de representación proporcional para que los legisladores sean electos directamente por la ciudadanía. Como parte de la reforma judicial, se plantea que estos cargos sean elegidos por voto ciudadano, con el objetivo de democratizar el Poder Judicial y hacerlo más cercano al pueblo.
El gobierno asegura que las reformas buscan garantizar principios como legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad en los procesos electorales, pero la elección popular de consejeros electorales y jueces podría someter a estos funcionarios a presiones partidistas, lo que debilitaría su independencia según los detractores de estos cambios.
La oposición argumenta menor representación de minorías, dado que la eliminación de plurinominales podría reducir la pluralidad en el Congreso, afectar a partidos pequeños y voces disidentes. Algunos sectores consideran que el proceso es apresurado y poco transparente, lo que podría afectar la legitimidad de los cambios.
Aunque el gobierno afirma que no se busca eliminar la autonomía del INE, críticos temen que las reformas debiliten al árbitro electoral y abran la puerta a un control político del proceso.
Rector del Colegio Jurista
