El choque entre el derecho a manifestarse y el derecho al libre tránsito es uno de los dilemas jurídicos más complejos en México. Ambos están protegidos por la Constitución, pero en la práctica suelen entrar en conflicto cuando las protestas bloquean calles y afectan la movilidad.
Mientras el derecho a manifestarse se deriva de la libertad de expresión (artículo 6) y de la libertad de reunión (artículo 9) de la Constitución, donde se permite que las personas se expresen en espacios públicos, ya sea para protestar, celebrar o generar opinión, el derecho al libre tránsito está consagrado en el artículo 11 constitucional, que garantiza a toda persona tiene la libertad de entrar, salir, viajar y mudar de residencia dentro del territorio nacional.
Ambos derechos son considerados fundamentales. Incluso están reconocidos en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ahora, en ciudades como la CDMX, las manifestaciones suelen implicar cierres de calles y avenidas, lo que afecta directamente la movilidad de terceros. Esto genera un dilema: ¿qué derecho debe prevalecer?
Quienes defienden la manifestación argumentan que es un mecanismo democrático esencial para visibilizar demandas sociales. Por su parte, los que defienden el libre tránsito señalan que se vulnera la libertad física y de movimiento de miles de ciudadanos que no participan en la protesta.
Desde la perspectiva jurídica no existe jerarquía absoluta entre ambos derechos. La Suprema Corte y organismos de derechos humanos señalan que deben conciliarse ambos mediante criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
Así, el Estado tiene la obligación de garantizar ambos derechos simultáneamente, lo que implica: Permitir la protesta pacífica, regularla para minimizar afectaciones a terceros y ofrecer alternativas de movilidad cuando se bloquean vías principales.
Ambos derechos, al mismo tiempo, aparecen con una dimensión ética y política.
Es decir, el problema no es solo jurídico: refleja la incapacidad del Estado para atender demandas sociales. Cuando las personas recurren a bloquear calles, lo hacen porque sienten que no hay otro canal efectivo para ser escuchadas. Entonces el conflicto se convierte en un símbolo de la tensión entre participación ciudadana y orden público.
El derecho a manifestarse y el derecho al libre tránsito no deben entenderse como “enemigos”, sino como libertades que requieren equilibrio y regulación inteligente. La clave está en que el Estado garantice espacios seguros para la protesta sin paralizar la vida cotidiana de la ciudad.
¿Es posible? En Francia se logra un equilibrio entre ambos derechos, más que en Estados Unidos donde la Primera Enmienda privilegia la libertad de expresión sobre el libre tránsito.
Francia posee tradición en el derecho civil, con énfasis en el orden público. La regulación está marcada por autorización previa y restricciones más severas. La protección en este país está dada por la Convenio Europeo de Derechos Humanos. En la práctica las protestas están reguladas y existen sanciones si se bloquea el tránsito.
Vale mencionar que la imagen internacional de Francia es ser cuna de derechos humanos, pero existe control estatal.
En México una escucha activa y atención gubernamental real puede reducir la necesidad de bloquear calles como mecanismo de visibilización. El bloqueo surge porque las comunidades sienten que no hay otro canal eficaz para que sus demandas sean atendidas. Si el Estado abre espacios de diálogo y responde con acciones concretas, la protesta puede transformarse en formas menos disruptivas.
Rector del Colegio Jurista