No me sorprende que casi todas las primeras planas de los diarios de la mañana de ayer en México hayan encabezado así: “Sheinbaum logra aplazar aranceles”. Se refieren en su conjunto al hecho de que la Presidenta anunció una llamada telefónica con Donald Trump el pasado fin de semana, durante la cual acordaron posponer algunos días o semanas la aplicación de aranceles adicionales a México, el famoso 25% con el que había amenazado Trump desde el mes de julio. Desde un cierto punto de vista, los titulares se apegan a la verdad: se pospuso la aplicación de dichos aranceles. Desde otra perspectiva, mienten: ya hay aranceles, ya se aplican múltiples aranceles a México desde hace varios meses, y esos no fueron eliminados ni mucho menos.
Por enésima vez, conviene explicar en los términos más sencillos y simplistas, quizás esquemáticos, posibles, lo que sucede. Hoy en día México paga aranceles sobre cobre, acero, aluminio, muebles de cocina, muebles tapizados, camiones semipesados, todos los productos que entran en Estados Unidos y no cumplen con las reglas de origen del T-MEC, y la parte no estadounidense de la industria automotriz. Esto no es cualquier cosa.
Es difícil saber por ahora cuál ha sido el impacto de estos aranceles sobre las exportaciones mexicanas que suben y bajan de mes en mes, y que pueden responder a distintos estímulos o desincentivos. Es útil también recordar que existen otros bienes sobre los cuales o bien hay un arancel diferente -el jitomate, por ejemplo- o algún tipo de barrera no arancelaria que equivale a una prohibición de exportar: el ganado, debido al gusano barrenador.
Según la propia presidenta Sheinbaum, la razón por la cual no se llegó a un acuerdo para ir reduciendo o eliminando todos estos aranceles que ya están en vigor, ha sido la negociación entre los dos gobiernos sobre las llamadas barreras no arancelarias. Como se recordará, hace varios meses Estados Unidos le presentó a México una lista de 54 puntos de, justamente, barreras no arancelarias al comercio que, en su opinión, México tenía que resolver antes de que se pudiera revisar el tema de los aranceles ya vigentes e incluso antes del inicio formal de la renegociación del T-MEC. De acuerdo con el gobierno de México, tanto en público como privado, sólo había siete puntos pendientes de los 54, pero aparentemente son más espinosos -o quizás más sustantivos- que los otros 47 que, según el gobierno de México, nuevamente, no se han acordado. Es difícil conjeturar cuáles son los siete puntos atorados, pero probablemente tienen que ver con la industria eléctrica, la propiedad intelectual, compras de gobierno, etcétera. No se trata de un porcentaje aritmético. De ser el caso, se podría decir que 7 de 54 equivale a un poquitito menos de una octava parte, es decir, un 12%; en otras palabras, sólo faltaría el 10%. Da la casualidad que ese 10% es probablemente el más importante, el más complejo y el más controvertido.
Entonces, mantener en vigor los aranceles preexistentes; no haber logrado satisfacer las exigencias norteamericanas sobre los 54 puntos; seguir haciendo el trabajo sucio estadounidense en materia migratoria, incluyendo la creciente recepción de cubanos deportados de Estados Unidos y que la dictadura isleña no acepta; y mantener la ofensiva contra el narco de la política de no abrazos, y muchos balazos, no ha traído al día de hoy el resultado esperado. No es para nada imposible que sí se alcance esa meta en las próximas semanas o meses. Pero al día de hoy no es el caso.
Las dificultades que presentan los aranceles ya en vigor se pueden ilustrar con el siguiente ejemplo. Me explica un alto ejecutivo de una empresa automotriz no estadounidense en México: Llega la nodriza o el vagón de ferrocarril cargado de unidades a la frontera con Estados Unidos y aunque se supone que sólo se paga un arancel de 25% sobre el contenido no americano, el agente de CBP le dice a la empresa: “No tengo manera de calcular rápidamente el contenido americano y no americano de este vehículo. Me es imposible. Por lo tanto, pagas 25% sobre el total del valor del vehículo y cuando buenamente pueda te devuelvo la parte correspondiente al contenido procedente de Estados Unidos. Y si no te parece, hazle como quieras”. En otras palabras, las empresas por lo menos no americanas -es decir, todas, salvo Ford, General Motors y Stellantis- integran la totalidad del arancel y esperan un buen día ser reembolsados. Una razón adicional por la cual los aranceles existentes sí afectan a México.
Si este fuera el único nubarrón en el horizonte, quizás podría retornar cierta certidumbre y tranquilidad a la economía mexicana y a las perspectivas de inversión y crecimiento para los años por venir. Pero no es tampoco el caso. Tendremos más información en los próximos días, pero al momento de escribir estas líneas parece haberse producido un incidente de particular gravedad el martes en aguas del Pacífico oriental. Estados Unidos lanzó un nuevo ataque a cuatro naves pequeñas supuestamente cargadas de drogas y piloteadas por supuestos narcotraficantes. En el ataque murieron 14 personas, pero hubo un sobreviviente: un mexicano. Siguiendo las primeras versiones dadas a conocer por Estados Unidos y por la presidenta Sheinbaum, el sobreviviente mexicano fue rescatado por autoridades mexicanas y está en sus manos. Esto llevó al diario El País, por ejemplo, siempre proclive a ver el lado más positivo para los gobiernos de la 4T, a afirmar que el ataque tuvo lugar en aguas ribereñas mexicanas, aunque no territoriales, ya no colombianas o de Centroamérica. The New York Times citó en la tarde del martes a un militar norteamericano afirmando que el único sobreviviente fue rescatado en “aguas cercanas a las costas de México y Guatemala”. Es bien sabido que existen aguas guatemaltecas y mexicanas, pero no ambas. La cancillería mexicana y la Marina convocaron al embajador de Estados Unidos el martes en la tarde.
De tratarse de un incidente frente a costas mexicanas, no sería sorprendente. No se entendería que la marina mexicana participara en un rescate, aunque fuera de un ciudadano mexicano, cerca de las costas de Colombia, de Panamá, Costa Rica, El Salvador o Guatemala. ¿Qué sentido tendría? Desde que empezaron los ataques contra lanchas frente a las costas caribeñas venezolanas, múltiples analistas en Estados Unidos y en otros países señalaron que esos operativos carecían de sentido antinarcóticos. La cocaína que sale de Colombia vía Venezuela hacia el mar se dirige principalmente a África y a Europa, no a Estados Unidos. Casi la totalidad de la cocaína que llega de América del Sur a Estados Unidos lo hace por vía marítima en el Pacífico. Lo lógico era entonces que los golpes contra supuestos botes cargados de estupefacientes tuvieran lugar en las aguas del Pacífico. Pero el sentido común sugiere que dichos ataques puedan producirse a lo largo de las costas de todos los países limítrofes con el océano Pacífico hasta Estados Unidos. Sobre todo si buena parte de las lanchas depositan su mercancía en México para ser transportada por tierra a Estados Unidos.
Una cosa es que el gobierno de México manifieste su desacuerdo con estos operativos norteamericanos en el Caribe o en el Pacífico colombiano. Otra cosa muy distinta es que ya tengan lugar a lo largo de las costas mexicanas, aunque fuera de las aguas territoriales mexicanas (12 millas) o de la zona económica exclusiva mexicana (200 millas). Reventar lanchas conducidas por mexicanos frente a la ribera del Pacífico mexicano es harina de otro costal. De confirmarse todo esto, o de producirse otros incidentes parecidos que sí se conformen a esta descripción, el reto para las autoridades mexicanas será mucho mayor. A ver si los aranceles desaparecen tan rápidamente como se espera.
Excanciller de México