Esto no fue solo una captura política: fue la demolición del sistema de justicia —y las empresas harían bien en tomar nota—
Los tribunales son como los hospitales: no sabemos cuándo los necesitaremos, pero en algún momento lo haremos. Por eso, aunque la mayoría de la población tardará años en percibir los efectos devastadores de la tormenta que provocó la reforma judicial, hay actores que ya comienzan a resentir sus consecuencias —y que las sufrirán aún más en el futuro—. Ese es, precisamente, el caso de las empresas. Ahora que se ha consumado el fiasco de las elecciones judiciales, conviene detenernos a pensar en lo que viene para el sector privado.
Partamos de una premisa fundamental: esto no fue (solo) una captura política de la judicatura, sino una demolición total del sistema de justicia. Si López Obrador, Sheinbaum y Morena hubieran querido una reforma limitada —una que sirviera exclusivamente para controlar los asuntos incómodos para el régimen—, habrían hecho algo mucho más acotado: por ejemplo, reconfigurar los principales órganos del sistema, como la Suprema Corte (SCJN), el Tribunal de Disciplina (TDJ) y el Tribunal Electoral (TEPJF). De hecho, esa era la salida constitucional que propuso el ministro González Alcántara Carrancá: daba el control político de la cúpula de la jerarquía judicial, pero protegía el resto de los tribunales y, sobre todo, preservaba la carrera judicial.
Eso no ocurrió. El oficialismo desechó esa opción y se aseguró de que ni siquiera la Corte pudiera salvar a la carrera judicial. Hace unas semanas, en una visita a la Facultad de Derecho de la UNAM, Yaniv Roznai —uno de los constitucionalistas más importantes del mundo— nos preguntó a un grupo de juristas: “¿Por qué el gobierno no tomó esa salida?” La respuesta es tan sencilla como devastadora: porque este régimen va por todo. Y porque avanzará en su concentración de poder hasta donde las circunstancias y los actores se lo permitan.
Ese es el punto de partida: el sistema de justicia está destruido. Pensemos, por un momento, en las personas juzgadoras electas hace un par de semanas. Aunque hay algunos buenos perfiles, la inmensa mayoría son una incógnita. Pero hay dos cosas que sí sabemos, al menos de quienes ocuparán cargos federales.
Primero: llegaron al puesto sin haber presentado algo tan elemental como un examen general de conocimientos. No sabemos si saben derecho, ni mucho menos si tienen la capacidad para dirigir un juzgado o tribunal. Serán jueces, pero quizá sin idea de cómo impartir justicia. Esto es como si se permitiera operar a corazón abierto sin haber pisado jamás un quirófano. De ese tamaño es el absurdo —y el riesgo—.
Segundo: todos estarán sujetos a enormes presiones políticas. Porque saben que deben el cargo no al voto libre de la ciudadanía, sino al aparato de Morena que los colocó en los acordeones y les movilizó el sufragio. Porque saben que, en cualquier momento, podrán ser sancionados por un Tribunal de Disciplina que amenaza con convertirse en la Santa Inquisición judicial de la Cuarta Transformación. Y porque, si aspiran a otro cargo, ya saben cuál es el único camino: el beneplácito y el apoyo electoral del partido en el poder. Lo que vimos fue una captura que empezó en las postulaciones, siguió en las campañas y se perpetuará durante todo el ejercicio del cargo.
En un escenario así, no es difícil anticipar cómo reaccionarán las empresas: buscarán evitar a toda costa caer en manos del sistema judicial. La incertidumbre no solo elevará el riesgo —y, por lo tanto, el costo— de hacer negocios en México. También cambiará la manera en que se resuelven los conflictos, tanto entre privados como con el Estado. Veremos dos tendencias.
Por un lado, el uso creciente de mecanismos alternativos: desde la negociación informal hasta el arbitraje, pasando por la mediación y otros métodos. Ninguno es perfecto —y muchos dependen, tarde o temprano, del sistema judicial—, pero resultan mucho más racionales ante la incertidumbre que ahora impera.
Por otro lado, las empresas ajustarán sus estrategias de litigio. Si en el pasado sectores como el energético lograron resistir la arbitrariedad con suspensiones y amparos, hoy se requerirá algo más. Una coordinación más estrecha entre las áreas legales y las de relaciones gubernamentales. Una sinergia entre litigio y cabildeo. Porque el derecho y la política estarán —más que nunca— entrelazados.
Eso transformará también el perfil de las y los abogados que se necesitan: ya no bastará con dominar el derecho; será indispensable entender el poder.
Finalmente, el sector empresarial debe tener algo muy claro: esto apenas comienza. Es cierto, ya hay daños irreparables. La carrera judicial federal —uno de los pocos servicios civiles profesionales que funcionaban en el país— fue destruida en cuestión de meses. Pero aún hay mucho más que perder.
La captura, la concentración de poder y la arbitrariedad seguirán creciendo si no encuentran resistencias. Y si algún día aspiramos a recuperar lo perdido —y a resolver los muchos problemas estructurales que arrastra la justicia mexicana— eso solo será posible si hay demócratas en todos los frentes. También en el empresarial.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
