Pocas personas han logrado sintetizar con tanta claridad el verdadero propósito de la reforma judicial de Sheinbaum y López Obrador
Pocas personas han entendido con tanta precisión el verdadero propósito de la reforma judicial como Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, periodista, profesora e investigadora mexicana, quien cuenta con un doctorado en literatura, según se puede leer en su página de Wikipedia y en su cédula profesional. Y es que, aunque no es especialista en temas judiciales, lo cierto es que logró sintetizar, en un tuit de apenas 38 palabras, la esencia de la reforma constitucional más importante de las muchas que promovió el expresidente López Obrador y que se aprobó en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Para entender cómo llegó Gutiérrez Müller a tan sagaz descripción, vale la pena recordar los datos más relevantes de la controversia en la que se ha visto envuelta recientemente.
Comienzo con los hechos. Hace unos días, el diario español ABC publicó una nota en la cual señaló que Gutiérrez Müller se instalaría “próximamente” en Madrid, España. La nota, firmada por los periodistas Joan Guirado y David Yagüe, añadía que el diario había podido confirmar “por fuentes diplomáticas” que ella había solicitado el “permiso de residencia para instalarse en Madrid”. Finalmente, informaba que había elegido “la exclusiva urbanización de La Moraleja” para establecer su residencia.
En condiciones democráticas, una nota así no debería generar ni sorpresa ni condena. Beatriz Gutiérrez Müller es una figura pública. No solo está casada con Andrés Manuel López Obrador —el político más importante de la historia contemporánea de México—. No solo estuvo presente en actos públicos y oficiales por demás relevantes durante su mandato. También, como académica y escritora, participó y ha participado en el debate público, desde esa muy especial posición que le dio estar tan cerca del poder presidencial.
Preguntarse si una figura pública como ella tiene los recursos necesarios para vivir en uno de los barrios más exclusivos y caros de Madrid, rodeada de vecinos con abundantes riquezas, es de indudable interés público. En cualquier democracia que crea mínimamente en el escrutinio, se vale hacer esas preguntas. ¿Cómo podrían vivir como ricos quienes solo han tenido ingresos provenientes del servicio público o de la universidad pública?
Y, en un gobierno como el de López Obrador —que hizo de la “austeridad republicana” uno de sus lemas de vida—, se trata no solo de una pregunta socialmente relevante, sino éticamente ineludible. El obradorismo no puede pedir que no se le apliquen los estándares que López Obrador exigió al resto de los actores políticos.
La académica Gutiérrez Müller pudo haber asumido una posición de genuina demócrata. Pudo haber aclarado, uno por uno, los señalamientos del ABC. Optó, sin embargo, por una ruta radicalmente distinta. Emitió una carta donde habló de casi todo, menos de lo relevante.
Mucho se ha dicho sobre el tono y los fraseos de la carta. Personalmente, me parece irrelevante que Gutiérrez Müller se refiera a López Obrador como “lindo señor” o “loco hermoso”. Si eso piensa y dice en privado es asunto suyo; si decide hacerlo público en una carta que será leída por millones, supongo que sus razones tendrá. Habrá a quien le parezca lo más romántico del mundo; otros dirán que es cursilería pura y dura, elegancia fallida.
El problema, en realidad, es doble. Por un lado, se trata de una carta aclaratoria que casi nada aclara. “No me he ido a vivir allá”, dice Gutiérrez Müller, sin precisar si planeaba hacerlo, si lo hará, si solicitó o no el permiso de residencia, o si en efecto había contemplado vivir en el exclusivo barrio de La Moraleja.
Por otro lado, Gutiérrez Müller decidió recurrir abiertamente a la amenaza. Al contestar un tuit donde Epigmenio Ibarra se preguntaba en qué momento un buen número de periodistas mexicanos comenzarían a disculparse, ella escribió: “…pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”.
Eso, me parece, es lo verdaderamente preocupante: que Gutiérrez Müller celebre que, con el nuevo poder judicial, se podrá hacer “justicia” con periodistas que simplemente replicaron una nota de evidente interés público. En condiciones ordinarias, una demanda así no tendría ninguna posibilidad de prosperar. Tanto la Suprema Corte (SCJN) mexicana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han dejado en claro que, tratándose de figuras públicas, una demanda solo procede si se cumple con un estándar muy elevado: el de la malicia efectiva.
En pocas palabras, este estándar exige que, para responsabilizar a un medio de comunicación o a un periodista, no basta con demostrar que la información publicada sea falsa. También es necesario acreditar que el medio o periodista sabía que era falsa, o que la publicó con desprecio imprudente (reckless disregard) sobre si lo era o no.
Ese estándar difícilmente se cumpliría en este caso. De entrada, no queda claro que lo publicado por el ABC sea falso. De hecho, la indeterminación de la respuesta de Gutiérrez Müller deja abiertas muchísimas preguntas sobre las afirmaciones del diario. Y el propio ABC ha sostenido su posición, afirmando que cuenta con fuentes confiables que confirman su dicho. No hay desprecio por la verdad cuando un medio de comunicación utiliza fuentes para intentar corroborar un hecho relevante para el debate público.
Pero regreso a mi punto: eso es lo que debería suceder en condiciones normales. Ya no estamos en eso. Ya desmantelaron al poder judicial que dictó esos criterios. Ya difícilmente el “nuevo” poder judicial será contrapeso, especialmente cuando involucra a figuras tan poderosas y tan cercanas al oficialismo como Beatriz Gutiérrez Müller.
Por eso hay que tomar muy en serio las amenazas de Gutiérrez Müller. Para eso hicieron la reforma: para tener una nueva herramienta con la cual silenciar —si es necesario— a la prensa crítica. Y no es especulación: ya estamos viendo las consecuencias. Si no lo creen, que le pregunten al periodista Héctor de Mauleón, censurado por escribir una columna sobre una candidata cercana a Morena. Si no lo creen, que le pregunten a DATO PROTEGIDO, quien denunció a una ciudadana que osó cuestionar su elección interna en un partido. Si no lo creen, que miren lo que sucede en el Campeche de Layda Sansores.
Ese es el “nuevo” poder judicial del obradorismo: un poder judicial servil al poder y arbitrario con la ciudadanía. Beatriz Gutiérrez Müller lo entendió perfectamente. Mal haríamos en ignorar sus amenazas.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
